El PSC mantiene el pulso con ERC para hacer caer el plan piloto de la renta básica

Cuando falta tan solo una semana para que el Parlament apruebe de forma definitiva los presupuestos del 2023, ERC tiene todavía carpetas irresueltas, cuando no candentes. Contrarreloj, está intentando desactivar votaciones de enmiendas presentadas por la oposición que puedan suponer una derrota, como la del plan piloto de la renta básica universal, que el PSC quiere suprimir, o la de los macroproyectos presentada por Junts y que podría prosperar si los socialistas la apoyan. El partido de Salvador Illa, que recuerda al Govern que, a pesar del pacto por las cuentas, tiene 33 diputados, está dispuesto a mantener estos dos pulsos hasta el día 10, fecha en la que se producirá la votación.

El toma y daca se concentra en la ley de medidas fiscales y financieras, ya que el PSC asegura haber sido "leal" respetando que, en el caso de los presupuestos, hay un pacto con el Govern. Pero en el caso de la llamada ley de acompañamiento es distinto. "La presentaron sin pactar antes con nosotros", ha afirmado la portavoz de los socialistas en el Parlament, Alícia Romero. Aún así, han pactado 64 enmiendas, pero no ha sido posible con otras 11 que los republicanos quieren desactivar.

Este viernes las enmiendas se votarán en comisión y empezará a vislumbrarse cuáles podrían perder los republicanos la semana que viene, aunque, recuerdan desde el PSC, aún hay tiempo hasta entonces para alcanzar acuerdos antes de la votación definitiva en el pleno. Es el caso de los 40 millones que el Executiu quiere destinar a poner en marcha el plan piloto de la renta básica universal, una de las medidas incluida en el pacto de investidura de Pere Aragonès que los republicanos sellaron con la CUP y que también avalan los Comuns. La propuesta es que 5.000 catalanes reciban 800 euros al mes durante dos años como prueba.

El PSC argumenta que los presupuestos no incluyen ninguna partida, pero que en cambio la ley de medidas sí que incluye la creación de esta asignación. "El Govern nos ha confirmado que no habrá ninguna partida para este año", ha insistido Romero, que se reunió este miércoles con ERC y con los Comuns para abordar este asunto. Si es así, insiste, "no tiene sentido" que no se retire de la ley de medidas y ha recordado que mantener esa asignación supondría alterar "el espíritu" del acuerdo sellado. Un manifiesto firmado por un centenar de personalidades y cargos políticos de la izquierda reclama al PSC que no frene el plan piloto.

Sin embargo, los argumentos de los socialistas para oponerse es que hay otras prioridades en estos momentos y que esos 40 millones se pueden dedicar a aumentar las tarifas sociales y apoyar a sectores de población más vulnerables. Además, subrayan que Catalunya no tiene capacidad para sostener esta renta para que llegue a todo el mundo porque supondría entre 55.000 y 90.000 millones de euros cuando el presupuesto de la Generalitat es de 41.000 millones. Romero no ha querido ser taxativa a la hora de asegurar si mantendrán o no hasta el final esta enmienda que ERC le exige que retire, aunque el PSC sabe que con tan solo una abstención de Junts -que también ha sido crítica con el plan piloto- esta propuesta ya decaería de la ley.

Y si no ha querido cerrar la puerta a nada es porque hay un toma y daca con otras cuestiones. Una de las palancas que utilizan los socialistas es la enmienda sobre los macroproyectos que presenta Junts. Los posconvergentes buscan poner a prueba la alianza de ERC y PSC sobre el aeropuerto del Prat, la B-40 y el Hard Rock con un texto sin eufemismos que, además, acelera algunos plazos. Los socialistas están "pensando qué hacer", aunque consideran que ya ha quedado claro que son ellos los que han logrado "desbloquear" estos proyectos y que, en todo caso, lo que busca Junts es marcar perfil.

PSC y Junts, aliados en la tarifa del agua

La votación que sí que el PSC considera que podría perder ERC si no hay acuerdo es la que afecta a la tarifación del agua en el área metropolitana. La ley de medidas establece que sea la Agència Catalana de l'Aigua quien determine el precio en las ciudades de esta zona, mientras que los socialistas, como Junts, consideran que eso invadiría competencias municipales de los ayuntamientos, motivo por el que han presentado una enmienda para hacer caer esta propuesta.

La votación que sí que dan por perdida en el grupo de Illa es la que hace referencia al hecho que la Generalitat pueda presentarse como acusación particular en casos de revelación de secretos con programas como Pegasus tanto si afecta a materias vinculadas al desarrollo de su función pública como a la vida privada. El PSC considera que solo tendría que poder ejercer esa función en el primero de los supuestos.