ERC y PSC fían a una negociación de 21 días el pacto para ejecutar las obras de la B-40

El pasado 1 de febrero, el 'president' Pere Aragonès y el líder de la oposición Salvador Illa chocaban las manos en el Palau de la Generalitat en un gesto incómodo para ambas partes: había acuerdo por fin para los presupuestos de 2023. El difícil pacto incluía una serie de controvertidos proyectos de infraestructuras que costó describir en el texto, que terminó poblado de eufemismos. Tres semanas después, no solo no hay concreción alguna sobre ellos, más allá de las declaraciones de miembros del Govern y del PSC y de la presión de los Comuns para que no se ejecuten, sino que distan las interpretaciones sobre lo acordado. Y el calendario aprieta.

Desde el Ministerio de Transportes aseguran que están trabajando tanto en el convenio de la B-40 entre Sabadell y Terrassa como en Rodalies y el aeropuerto de El Prat. Ya han mantenido contactos con los responsables de la Conselleria de Territori, pero aún falta precisión. En las próximas semanas se intercambiarán las propuestas por escrito del convenio del tramo del Cuarto Cinturón entre Sabadell y Terrassa, ya que es el que corre más prisa.

De hecho, se da la circunstancia de que la B-40 forma parte de la lista de encomiendas de gestión acordadas entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez. Esto significa que los republicanos aceptaron tácitamente el proyecto en su día, aunque ahora renieguen con mayor o menor énfasis en función de si forman parte del Govern o si tienen responsabilidades municipales. Las movilizaciones de los opositores contra la autovía este mismo fin de semana tensarán las costuras en las filas republicanas.

El 31 de marzo, fecha límite

El redactado del pacto habla de, en el primer trimestre del año, acordar entre Transportes y el Govern el convenio, en el que está incluida la financiación, aunque las conversaciones son tan preliminares que nadie cifra la cantidad prevista para la Ronda Nord entre Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès que incluía el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. Aunque el 'conseller' de Territori, Juli Fernàndez, no da por definido el trazado ni las características de la carretera, el PSC entiende que se deberá construir una vía de alta capacidad con un total de cuatro carriles -dos en cada sentido de marcha- y que en estos momentos hay que escoger cuál de los tres trazados que hay sobre la mesa se impulsa.

Todo apunta que la divergencia en la lectura del acuerdo arrastrará a las discusiones hasta que no se hayan validado las cuentas el 10 de marzo, lo que estrecha aún más los plazos. El calendario del pacto Govern-PSC fijaba el primer trimestre para la B-40 y este se agota el 31 de marzo, con lo que tendrán 21 escasos días para concretarlo.

Los republicanos llevan un par de semanas, desde que se llegó al pacto con el PSC para los presupuestos, haciendo un balance de daños. Fuentes de Presidència muestran clara predilección por esperar a que los presupuestos estén vigor para mover ficha con los macroproyectos. La razón no es otra que evitar que el Estado incluya la obra de la B-40 en uno de esos proyectos delegados (una encomienda) que ERC pactó con el Gobierno para este 2023.

El riesgo con los Comuns

Y es que eso supondría un traspaso de efectivo que se incorporaría a las cuentas de la Generalitat y, por tanto, si se firma el convenio de la B-40 antes de la aprobación de las cuentas catalanas, esta partida para el Cuarto Cinturón aparecería en el proyecto de presupuestos del Govern. Ello podría derivar en un enfado y retirada del apoyo de los Comuns que, desde el inicio de la negociación del Executiu con el PSC ha defendido que, mientras no haya partidas presupuestarias para la autovía, el Hard Rock o la ampliación del aeropuerto, no había inconveniente alguno en que Aragonès firmara los acuerdos que quisiera.

Según fuentes del Govern, las conversaciones entre los técnicos de Territori y del ministerio de Transportes son "tan fluidas como siempre". Sí que es cierto, que en el ministerio, sin embargo, ha habido, muy recientemente, un cambio de interlocutor político, y habrá que ver cómo afecta esto a los canales de relación habituales.

Con el aeropuerto, en plena vorágine de presentación de propuestas desde la sociedad civil, hay algo más de margen. Foment del Treball sigue con su grupo de trabajo, a la que van llegando alternativas para la ampliación, pero de momento tampoco se ha aclarado quién formará parte de la comisión técnica (en la que habrá también políticos, aseguró un día el ‘conseller’ de Territori) entre los gobiernos. El presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, hombre bien conectado, reveló que la comisión se convocaría en septiembre, aunque acto seguido matizó que era una opinión personal. Después del verano, las elecciones municipales ya habrán aclarado más de un escenario.

Alargar la tercera pista de El Prat

De hecho, conscientes de que puede ser una carpeta candente en las municipales, tampoco el PSC tiene excesiva prisa para reunir la comisión técnica y sostiene que debe sacarse del debate político para centrarse más en la viabilidad de las propuestas. "Hay tiempo para llegar a un acuerdo", sostienen. En todo caso, los socialistas argumentan que la "modernización" y la "transformación para ganar capacidad" en el Prat pasa por alargar la tercera pista para que puedan operar los vuelos de largo radio, mientras que desde el Govern no avalan esta opción. Añaden, además, que es necesaria también la terminal satélite.

Respecto a Rodalies, se prevé mantener un encuentro monográfico, explican fuentes de Transportes, aunque el cambio al frente de Renfe de la última semana no ayuda. La llegada de Raül Blanco en sustitución de Isaías Táboas podría retrasar todavía más el encuentro. En todo caso, el nudo gordiano es acordar el coste económico que supone la gestión del servicio, así como el llamado contrato-programa para acordar con Renfe -o con otra operadora- la amortización de la renovación de convoyes y talleres.

Según el Govern, el acuerdo con el PSC sobre los macroproyectos deja cabos sueltos, como por ejemplo qué administración debe mover ahora ficha. Para la Generalitat "se entiende que debe ser algo de mutuo acuerdo entre las dos partes", mientras que los socialistas sitúan el peso del cumplimiento en el 'president': "No tenemos ninguna duda de que cumplirá". Y en las disonancias entre unos y otros intenta pescar Junts, que ha presentado enmiendas a los presupuestos reclamando la ejecución de los macroproyectos con el objetivo de poner a prueba y, a poder ser, ampliar grietas, en lo que ha bautizado como el "tripartido autonómico" que forman ERC, PSC y Comuns.

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