El Gobierno descarta que el auto del Supremo reabra la crisis territorial: "Catalunya no quiere retroceder"

El Gobierno asiste incómodo al debate que ha abierto el Tribunal Supremo en su revisión de las condenas a los líderes del ‘procés’. Los magistrados, que confirman la inhabilitación hasta 2031 de Oriol Junqueras para ostentar un cargo público, señalan en su resolución que la derogación de la sedición impulsada por el Ejecutivo y ERC crea un espacio de “impunidad”. Al mismo tiempo, no consideran aplicable a lo ocurrido en el referéndum de 2017 la nueva malversación atenuada, aprobada también a finales del año pasado, en contra de lo que pretendían socialistas y republicanos. 

El fallo no ha sentado bien en la Moncloa. Fuentes socialistas afean al alto tribunal sus reproches, que consideran que exceden los contenidos de una resolución judicial. Pero el Gobierno descarta que vaya a reabrir la crisis territorial, tras varios años, desde que Pedro Sánchez fue investido por primera vez presidente en 2018, marcados por la recuperación del diálogo entre las administraciones. “Hemos conseguido normalizar la política institucional, los afectos entre catalanes y de los catalanes con el conjunto de los españoles. No queremos mirar atrás. Catalunya tampoco quiere retroceder”, señaló este martes, un día después del auto, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Para la portavoz de ERC, Marta Vilalta, el fallo del alto tribunal supone un “golpe a la democracia” por parte de una justicia “retrógrada” que ha convertido la reforma penal en “papel mojado”. Rodríguez evitó hacer este tipo de valoraciones tras el Consejo de Ministros, limitándose a trasladar el “respeto” del Gobierno a las resoluciones judiciales, pero también se esforzó en defender la estrategia de desjudicialización de la crisis territorial catalana, así como en rebajar el impacto político que puede llegar a tener la decisión del Supremo. Sobre todo, ante el escenario que se avecina en los tribunales, con cerca de una veintena de dirigentes del ‘procés’ (los llamados segundos niveles) que serán juzgados próximamente y a los que, en principio, no se les aplicará la malversación atenuada aprobada a finales del año que viene, algo que aumenta sus posibilidades de acabar ingresando en prisión. Ese era el escenario que quería evitar el Gobierno en este año electoral.

La "convivencia"

“Afortunadamente, gracias a la herramienta del diálogo, hemos logrado que lo que antes era un problema político y judicial hoy está en la senda de la convivencia. La Catalunya de hoy no tiene nada que ver con la Catalunya de 2017. No creo que se pueda volver a ese escenario: la sociedad catalana ha evolucionado, no quiere retroceder a 2017. Y entiendo que las fuerzas políticas catalanas tampoco quieren retroceder”, insistió la también ministra de Política Territorial, en referencia al partido de Junqueras.

Porque en la Moncloa argumentan que ERC, aliado indispensable del Gobierno para impulsar leyes en el Congreso, no puede dirigir ahora las críticas al Gobierno por lo ocurrido en el Supremo. Al fin y al cabo, insisten los colaboradores del presidente, la reforma penal estuvo pactada de principio a fin con los republicanos.