Más decretos que leyes: balance de la acción del Parlament en 2022

La vía rápida del decreto ley del Govern ha ganado terreno a las leyes en el Parlament, siempre sujetas a un calendario más extenso por el debate y la negociación de los grupos. Así lo demuestra el balance de 2022, que constata que la tendencia que se aceleró durante la gestión urgente de la pandemia se ha consolidado en la Cámara catalana. En un año, se han aprobado 11 leyes y 15 decretos, unas cifras que ascienden a 13 leyes y 49 decretos -18 de ellos en el interregno entre mandatos- si se tiene en cuenta toda la legislatura que empezó a partir de las elecciones del 14 de febrero de 2021. En la legislatura con Quim Torra de presidente, que duró poco más de dos años y que fue la primera en que la vía rápida se impuso sobre la ordinaria, el cómputo final fue de 32 leyes y 67 decretos.

Legislar más a golpe de decreto que por la vía del proyecto o de la proposición de ley supone restar peso a la acción del Parlament y es una pulsión que se ha instalado también en la dinámica del Gobierno y del Congreso. En el primero de los casos, el papel del Parlament se limita a validar el texto promovido por el Govern en el tiempo máximo de un mes. En los dos últimos plenos, por ejemplo, se han rubricado al límite de plazo el decreto para ampliar en 376 millones el presupuesto de Salut y el de reducción de la temporalidad de los funcionarios de la Generalitat. Se trata de una fórmula reservada a casos de "necesidad extraordinaria y urgente", aunque es subjetivo determinar qué lo es y qué no más allá del claro ejemplo que supone las restricciones o medidas drásticas que se impusieron durante la pandemia.

La minoría del Govern

En cambio, el proceso clásico de aprobación de una ley que debería ser la tónica general de las cámaras parlamentarias incluye un debate más extenso, procesos de enmiendas y negociación entre los grupos, una tramitación que puede alargarse durante meses y que es más costoso cuando los gobiernos están en minoría. Esa realidad es la que está padeciendo en estos momentos el Govern de Pere Aragonès, que desde la salida de Junts de la Generalitat cuenta con tan solo el apoyo de 33 diputados y que ha visto, por ejemplo, como quedaba tumbada la ley del plan de estadística gracias. Los posconvergentes la dejaron caer con su abstención a pesar de que fue elaborada por el 'exconseller' Jaume Giró y que supuso la primera derrota de ERC en el Parlament gobernando en solitario.

Las tres últimas leyes que han sido aprobadas en la Cámara han sido la de mejora de los barrios, impulsada por los 'comuns'; la de la ciencia, cuyo proyecto se ultimó bajo la batuta de la ya exconsellera Gemma Geis al frente de Universitats y que ha sido la primera que prospera con el Govern monocolor, y la de modificación del fondo de transición nuclear, promovida por el PSC y que aún arrastra polémica porque prosperó gracias a una alianza entre socialistas y Junts, mientras que ERC, la CUP, Vox y el PP votaron en contra y los 'comuns' se abstuvieron.

Pero, sin duda, la ley estrella este año en el Parlament ha sido la de protección del catalán como lengua vehicular en la escuela como respuesta a la sentencia que imponía el 25% de castellano, una norma precedida por el vaivén de Junts, que tuvo hasta pres posiciones distintas hasta que finalmente votó a favor juntamente con ERC, el PSC y En Comú Podem y que ahora está en manos del Tribunal Constitucional porque fue recurrida por PP y Ciutadans. Esta estuvo acompañada también por un decreto para asumir la responsabilidad de los proyectos lingüísticos de los centros del que se acabó descolgando el PSC.

Los presupuestos, pendientes

Destacan también, durante este año, el decreto para regular los vehículos con conductor (VTC), el de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, el que ha permitido que centros educativos pasen a la red pública o el de la consulta de los Juegos Olímpicos de Invierno, que el Govern aprobó el 15 de marzo y que fue validado por el Parlament en tan solo una semana. La paradoja fue que, finalmente, no hubo candidatura para 2030 y, por lo tanto, este propósito ha acabado quedando aparcado.

Lo que no ha logrado todavía el Govern es aprobar la ley que supone la piedra angular de cualquier proyecto político: la de los presupuestos, la única, juntamente con la ley de medidas fiscales y financieras que logró aprobar durante el primer año de la legislatura teniendo en cuenta que la investidura de Aragonès fue en mayo. El año 2023 arrancará, precisamente, con esta asignatura pendiente que el 'president' quería encarrilar antes de comerse las uvas y que, ante las dificultades para completar los apoyos necesarios más allá de los 'comuns', espera que esté solventada del todo en el mes de febrero. Por ahora, las negociaciones con el PSC y Junts continúan.

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