El Parlament aprueba hoy sus presupuestos sin haber atado el pacto por las dietas

Dos meses más tarde de lo inicialmente agendado, el Parlament aprobará este miércoles su presupuesto para 2023, que asciende a 66,9 millones, un 2,13% más que en el actual ejercicio. La demora de esta votación está estrechamente vinculada a la falta de mayoría que aún tiene el Govern para que prosperen las cuentas de la Generalitat a pesar del acuerdo ya cerrado con los 'comuns', pero se acaba el año y los grupos han decidido comerse las uvas al menos con esta carpeta cerrada. Lo hacen, eso sí, arrastrando el mismo conflicto con las dietas que perciben los diputados, que un año más continuarán sin estar completamente regularizadas.

De poco ha servido el propósito que se hicieron los grupos el curso pasado de alcanzar un acuerdo para que tributen por las indemnizaciones que cobran por desplazamientos. Se trata de una cantidad que oscila entre 16.975,56 y 23.895,12 euros anuales en función del lugar de residencia del diputado y que se cobran aunque no se hagan viajes porque actúan como complemento salarial, una situación que fue especialmente polémica durante la pandemia, cuando se establecieron medidas para que los electos pudieran intervenir en plenos y comisiones a distancia.

El único avance en el presupuesto del próximo año, impuesto por la Mesa del Parlament ante el bloqueo de un cambio de modelo, es que por lo menos en 2023 tributará el equivalente a una mensualidad -entre 1.400 y 2.000 euros anuales- con el propósito de que progresivamente todas las dietas acaben incluidas dentro del salario y, por lo tanto, sujetas a la retención correspondiente. De hecho, el quid de la cuestión sigue siendo quién debe asumir la tributación del IRPF y si los parlamentarios deben perder o no poder adquisitivo.

Y es que en el momento que las dietas se incorporan en el sueldo mensual quedan sujetas a tributación y, por lo tanto, a una retención que, a la práctica, recorta el salario. Solo la CUP y los 'comuns' han defendido que se debe asumir una regularización completa aunque esto suponga cobrar menos. La mensualidad base de un diputado es de 2.921,8 euros a los que se suman complementos por asumir responsabilidades dentro del grupo parlamentario o en las comisiones.

La propuesta inicial para que la tributación de las dietas no se tradujera en una reducción salarial de los parlamentarios fue que el Parlament cubriera el coste de ese IRPF, lo que suponía, según fuentes de la Cámara catalana, 1,1 millones de euros para sus arcas, un planteamiento que ha sido confrontado por los anticapitalistas y En Comú Podem. Desde entonces, las múltiples negociaciones no han dado frutos para ponerse de acuerdo en un punto medio para establecer en qué proporción los electos deben asumir el coste de esa tributación. Aún menos desde que ERC se ha quedado en minoría en el Govern y se ha recrudecido la capacidad para sellar pactos.

400.000 euros más para facturas

Más allá de este nudo que los grupos son incapaces de deshacer y que tampoco apremia con el argumento de que en el Congreso y en el Senado las dietas de los parlamentarios tampoco tributan, las cuentas del Parlament recogen el aumento del 2% del salario para los funcionarios y trabajadores de la institución. También reflejan el impacto del incremento de las facturas de luz, gas y agua de la institución, para las que se han incluido 400.000 euros más de gastos corrientes. Otra de las novedades es que habrá una partida de 25.000 euros para remunerar las prácticas en la Cámara catalana de los estudiantes universitarios.

Con las cuentas del Parlament ya aprobadas -se da por descontado que prosperarán por amplia mayoría- todo quedará ya a expensas de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Las negociaciones del Govern con el PSC y Junts continúan con la vista puesta ya en que será en enero cuando se acaben sometiendo a votación del pleno.

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