Nuevo reglamento
Las cinco fisuras legales que podrían salvar a las VTC de la quema en Barcelona
El decreto ley aprobado por el Govern guillotina el negocio de empresas como Cabify o Uber, pero la propia norma y los antecedentes normativos, provisionales y volubles, dejan ventanas abiertas para tratar de mantener su competencia al taxi
Carlos Márquez Daniel
Periodista
Periodista especializado en Barcelona. En 'El Periódico' desde principios de siglo. Los últimos 15 años, dedicados a la información local: movilidad, urbanismo, infraestructuras, política municipal, barrios, área metropolitana y medio ambiente. Colaborador habitual en los programas de televisión 'Planta Baixa' (TV3) y 'Bàsics' (Betevé).
Carlos Márquez Daniel
El Parlament de Catalunya aprobó el martes, por amplísima mayoría, el decreto ley 9/2022 de "medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos con conductor". Lo de la premura tiene que ver con el hecho de que las VTC que realizan servicios urbanos se quedan sin marco legal a partir del 30 de septiembre, algo que el Govern, al igual que el resto de Comunidades Autónomas, saben desde hace cuatro años. Se haya hecho con mayor o menor eficiencia, el caso es que la Generalitat ha puesto nuevos límites a la actividad de empresas como Cabify, Uber o Bolt. El reglamento, de hecho, da una estocada a estos negocios al imponer unos requisitos draconianos que suponen poco más que su desaparición. A primera vista, una clara victoria del taxi. Si se observa más de cerca, una patada hacia delante a un envenenado balón en llamas. Y con mucho partido por jugar: al menos cinco fisuras legales podrían permitirles seguir operando.
La imagen de un centenar de diputados, incluido el 'president' Pere Aragonès, aplaudiendo a Tito Álvarez, la cara visible del taxi metropolitano, al término del pleno del miércoles deja claro quién blande por ahora la corona de laurel. El decreto sitúa las nuevas coordenadas para aquellas VTC que quieran realizar servicios urbanos. Es decir, casi todas, porque los viajes desde Barcelona a cualquiera de los municipios de su área metropolitana (son 36 en total) se consideran carrera urbana.
Los aspirantes deben acreditar, entre otros requerimientos, que han ejercido la licencia en el último año (100 viajes como mínimo), lo que deja fuera todas las licencias durmientes que estaban esperando una legislación más laxa. Y además deben ser propietarios de un vehículo con una longitud mínima de 4,90 metros, requisito impuesto por el PSC a cambio de su voto favorable al decreto y que deja fuera a más del 95% de los coches negros con matrícula azul.
Los requisitos
La cosa está muy mala para Cabify y compañía. Pero el propio reglamento catalán, que en su preámbulo ya deja claro que hay mucha pana legal por cortar, aporta la primera luz de esperanza para las VTC. Los permisos los otorgará el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y en la disposición transitoria del documento se establece que las entidades locales "podrán establecer las condiciones indispensables para asegurar la continuidad de la prestación del servicio".
Desde el momento en que se solicita la autorización, del 1 al 30 de septiembre, la Administración puede otorgar una moratoria de un año para poder adquirir o realizar el cambio de vehículo. Es decir, que si la AMB lo cree oportuno, todo podría seguir igual hasta octubre de 2023. Qué duda cabe que compañías como Cabify, a través de sus empresas pantalla, como Prestige&Limousine, solicitarán esa prórroga para poder seguir operando.
Las dificultades para renovar la flota de coches podría abrir una ventana de un año de moratoria metropolitana
Sucede, sin embargo, que el ente del AMB que decidirá las condiciones es el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET). Consultado por este diario, un portavoz asegura que están trabajando para aplicar el decreto de las VTC, y que el procedimiento administrativo se publicará en la web de este organismo una vez esté terminado. Es probable que a Uber y a Cabify no les siente del todo bien que sea el gestor público del taxi quien decida las medidas de gracia sobre su negociado, pero el propio estatuto del IMET, aprobado en 1993, estipula que este es el organismo encargado de la gestión del "servicio metropolitano de transporte de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor".
En cualquier caso, de producirse una moratoria, esto salvaría los primeros 12 meses, pero el decreto tiene una validez de dos años, más otros dos prorrogables si el Govern (y no cuenten demasiado con ello...) todavía no ha aprobado la nueva ley autonómica que regule el transporte de pasajeros en vehículos de menos de nueve plazas, donde se incluirían tanto el taxi como las VTC. Y quién sabe, quizás también los bicitaxis que Barcelona quiere expulsar de sus calles.
Si la idea es tumbar todo el reglamento, se podría buscar la vía del recurso de inconstitucionalidad, procedimiento no apto para todos los públicos. Solo lo pueden presentar el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, un ejecutivo autonómico, 50 diputados o 50 senadores. No es descabellado que algún partido (PP tiene 88 escaños y Vox, 52) se anime, pero es una vía aciaga y lenta, que quizás no tendría resolución antes de que finalice la vigencia del decreto ley catalán.
Otros frentes
Cabify o Uber podrían también recurrir a la justicia ordinaria, y un juez podría decidir elevar el asunto al Tribunal Constitucional. Pero si lo anterior requiere su tiempo, con esto se les pasaría el arroz sobremanera. Es una opción, pero costosa y poco eficaz. En la práctica, sería ruido y poco más, como mucho una victoria moral que podría abrir un nuevo melón legal, el de la reclamación de daños y perjuicios por los años sin poder operar en Barcelona y su área metropolitana.
La cuarta opción tiene que ver con la pandemia. El 'decreto Ábalos', que daba esa moratoria de cuatro años a los servicios urbanos para compensar el daño económico por las inversiones realizadas con anterioridad al real decreto ley 13/2018, abría la puerta a más prórrogas: "Se estima que ese plazo debería ser suficiente para compensar tales perjuicios, si bien se admite que, en determinados casos debidamente justificados (¿la larga inactividad causada por el covid?), pueda ampliarse". Las patronales de las VTC ya han elevado esta demanda a los actuales responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De momento, sin respuesta.
La quinta alternativa está también en el decreto aprobado en septiembre de 2018. En la disposición transitoria única establece un plazo extraordinario de dos años más de actividad para los casos en los que se necesite más tiempo para recuperar la inversión inicial. Más de 15.000 licencias han solicitado esta prórroga, que también debe deliberar el ministerio.
De las cinco puertas, la del AMB y un año para renovar la flota parece la más factible. Pero dentro de dos años, seguramente cuatro, el problema volverá como el plástico que un día lanzaste al mar. En cualquier caso, tal y como avanza la tecnología, con los constantes cambios en gobiernos, con legislaciones tan volubles y con dos sectores que se llevan a matar, todo es posible.
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