El futuro de las VTC en Barcelona queda en manos del gestor público del taxi

El decreto que regula el alquiler de vehículos con conductor, aprobado en el Parlament el pasado miércoles, delega en los entes municipales y metropolitanos la decisión última en materia de moratorias. Sobre el papel, la inmensa mayoría de VTC se quedarán sin licencia a partir del 1 de octubre al no disponer de un vehículo de una longitud mínima de 4,90 metros, uno de los requisitos de la nueva normativa. En el caso de la capital catalana, el Área Metropolitana de Barcelona podría dar una prórroga de hasta un año para que las flotas se actualicen. Está por ver. Pero de entrada puede llamar la atención que el organismo de la AMB que se encargará de reglamentar los negocios de compañías como Cabify, Uber o Bolt sea el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET).

Así lo confirma a este diario un portavoz de este organismo, que avanza que están trabajando "para aplicar lo que dice el decreto ley". "Cuando tengamos el procedimiento administrativo, lo publicaremos en la web del IMET", avanza. La presidenta de este organismo es Laia Bonet, concejala de Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona. Su partido, el PSC, es precisamente quien ha permitido la tramitación del decreto ley en el Parlament con su voto favorable, y suyo es el requisito de la longitud mínima del vehículo que la Autoritat Catalana de la Competència ha calificado de "restricción injustificada". Aunque el ente lleve incorporada la palabra 'taxi', en sus estatutos se establece que el IMET se encarga de la "gestión del servicio metropolitano de transporte de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor", lo que incluiría a las VTC.

El Govern devuelve las VTC a su negocio clásico de servicios privados exclusivos

Las personas (físicas o jurídicas) que deseen solicitar una licencia para realizar servicios urbanos de VTC deberán elevar su petición al IMET entre el 1 y el 30 de septiembre. El 1 de octubre termina la prórroga de cuatro años otorgada por el Gobierno (el denominado 'decreto Ábalos') y sin un permiso municipal o metropolitano ya no se podrán realizar estos viajes. En el caso del AMB se considera urbano cualquier trayecto realizado entre las 36 localidades que conforman el ente, de ahí la importancia del decreto, puesto que la inmensa mayoría de las licencias, cerca del 95%, operan en el entorno de la capital catalana.

En Catalunya hay unas 4.000 licencias de VTC, pero mil no están activas y, por lo tanto, ya no podrán ejercer la actividad económica. Quedan unas 3.000 con vehículo asignado, pero solo la mitad han trabajado de manera continuada en el último año (un mínimo de 100 servicios). La cosa ya se queda en 1.500 credenciales. Según cálculos del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, cerca de la mitad de estas últimas cumplen a día de hoy con la longitud mínima requerida. Es decir, unas 750, cifra que el sector de las VTC desmiente. En el caso de Cabify, empresa que no revela cuántos coches tiene en la ciudad, el 99% de los coches no cumplen con los 4,90 metros. El IMT decidirá si le da un tiempo de gracia. O si no se lo da.

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