El Parlament aprueba la ley del catalán bajo la sombra del Constitucional

Una amplia mayoría del hemiciclo -102 de 135 diputados- logró renovar este miércoles el pacto lingüístico que rige en las aulas de Catalunya. Apremiado por la sentencia del TSJC, el Parlament aprobó este miércoles la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria pactada entre PSC, ERC, Junts y 'comuns' entre duros ataques de Vox, Cs y PPC, que exhibieron su disposición a librar la batalla judicial en el Tribunal Constitucional para tumbar la norma pese a recibir plácet del Consell de Garanties Estatutàries.

El acuerdo forjado a cuatro bandas establece el catalán como lengua vehicular y garantiza el castellano como lengua curricular y educativa, sin fijar porcentajes y acomodándose a la realidad sociolingüística de cada centro que deberá presentar sus proyectos lingüísticos al Departament d'Educació para que los valide. Todo esto, para dar cumplimiento a la sentencia que obliga a que el 25% de las clases sean en castellano.

La disolución de bloques, propulsada por una alianza entre independentistas, socialistas y 'comunes', provocó contundentes reproches de Vox, Cs y PPC al PSC por pactar con el soberanismo el blindaje de una inmersión lingüística "forzosa".

"Franco le hizo un flaco favor al castellano en Catalunya imponiéndolo y machacando el catalán, y ahora ustedes se lo hacen al catalán, imponiéndolo radicalmente y tratando de erradicar al castellano", espetó el líder de Cs, Carlos Carrizosa. El dirigente del PPC, Alejandro Fernández, hurgó en esta alianza a cuatro y sostuvo que los socialistas buscan arrinconar el castellano, algo que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, se encargó de desmentir advirtiendo que la defensa del catalán no tiene que ser impulsada ni percibida como un "ataque" al castellano.

La maquinaria judicial ya está activada porque Cs presentó la primera denuncia ante la fiscalía contra el 'conseller' Josep Gonzàlez Cambray, y altos cargos del Departament d'Educació. "No nos gusta presentar querellas, pero nos vemos en la obligación de hacerlo", remachó el portavoz de la extrema derecha, Joan Garriga, desatando risas y burlas en las bancadas, a lo que respondió con avisos de penas de prisión.

La diputada del PSC, Esther Niubó, se defendió de los ataques alegando que "no hay nada inconstitucional" y lamentando que Vox, Cs y PPC estén anclados en la "confrontación permanente" generando "crispación" desde la "trinchera". Independentistas y 'comuns' se centraron en criticar el "filibusterismo" de los tres partidos de la derecha. El negociador posconvergente, Francesc Ten, pese a estar de acuerdo con el contenido de la ley, se abstuvo como muestra de "solidaridad" con el activista Salvador Ribot, en huelga de hambre desde hace 13 días "en defensa del catalán en las escuelas".

La CUP mantuvo su oposición total a la ley y cargó contra Junts y ERC por "introducir el bilingüismo en la escuela". La réplica vino directa del 'president' Pere Aragonès, quien blandió "la responsabilidad de legislar". "No dimitimos de nuestra responsabilidad. Hoy se legisla para que las leyes las apruebe este Parlament y no otra instancia", deslizó, aludiendo a los tribunales.