El juicio a Laura Borràs por corrupción será del 10 de febrero al 1 de marzo

El juicio a la presidenta de Junts, Laura Borràs, por presuntamente favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) será del 10 de febrero al 1 de marzo. En una diligencia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) señala el juicio durante ocho jornadas de mañana y tarde en estas fechas. En esta causa, la fiscalía pide 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación para Borràs, además de una multa de 144.000 euros, por fraccionar 18 contratos para encargar a dedo proyectos a ese conocido, Isaías Herrero, sin necesidad de licitarlos.

El juicio a Borràs arrancará en el alto tribunal catalán el 10 de febrero, con las cuestiones previas, y que proseguirá el 20 de febrero con el interrogatorio de los acusados, en sesiones de mañana y tarde que se prolongarán hasta el 1 de marzo.

De forma paralela, la sala civil y penal del TSJC ha aceptado en un auto la pericial propuesta por la defensa de Borràs con el experto informático Emilio Hellín, a quien la fiscalía había pedido apartar por haber sido condenado por un asesinato ultraderechista en la transición, aunque la ha acotado al análisis de los discos duros incautados a Isaías Herrero en su domicilio y los archivos copiados por los Mossos. El tribunal, además, requiere a la fiscalía y a la defensa de la expresidenta del Parlament que precise la razón para que declaren 12 mossos, ya que, a su entender, "no se justifica la necesidad de tan elevado número de agentes".

La fiscalía pide 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 146.000 euros para Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil por fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para poder adjudicárselos a su amigo Isaías H. sin concurso público.

Abuso de funciones

La acusación pública sostiene que Borràs "abusó de sus funciones" como directora de dicha institución, mientras que la líder de Junts defiende su inocencia y exige a los partidos -especialmente a los independentistas- que no la condenen antes de sentarse en el banquillo de los acusados, eso es, que no la suspendan de sus funciones como prevé el reglamento del Parlament: "No he pedido nunca que se me absuelva. Lo que pido es que nadie me condene antes de ser juzgada, que no haya cómplices de mi condena política [...] No he cometido ningún delito", espetó cuando se conoció las imputaciones vertidas por la fiscalía y la petición de penas.

La fiscalía también reclama los mismos años de cárcel e inhabilitación y una multa de 72.000 euros para Herrero y tres años de prisión, inhabilitación por 10 años y multa de 30.000 euros para otro implicado, Andreu Pujol Martín. A Borràs y Herrero se les reclama la máxima pena por el delito de falsedad, una infracción penal castigada con una condena de entre tres y seis años de privación de libertad.

En el escrito de acusación, las fiscalas Assumpta Pujol y Teresa Duerto relatan que la junta de gobierno de la ILC acordó el 20 de marzo de 2013, cuando Borràs ya ostentaba la dirección, encargar la elaboración de un portal web y su mantenimiento a Herrero, con quien había mantenido relaciones profesionales previas en la universidad y en un grupo de investigación. "Actuando de mutuo acuerdo y con unidad de propósito", los dos pactaron que la retribución por estos servicios informáticos se haría a través de la contratación administrativa, "fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores" (de importe no superior a los 18.000 euros, sin IVA), incide la acusación.