Perfil
¿Quién es Emilio Hellín, el asesino de ultraderecha contratado como perito por Laura Borràs?
Condenado por el asesinato de Yolanda González, trabajó para Interior y varias policías antes de ser contratado por la presidenta de Junts y por Cristina Cifuentes
Jose Rico
Coordinador de las secciones de Política, Internacional y Economía
Castellón, 1984. Periodista de El Periódico desde 2007
Emilio Hellín Moro es ahora Luis Enrique Hellín. Se cambió el nombre tras salir de prisión en 1996 para que su pasado criminal no supusiese un obstáculo a la hora de encontrar trabajo. Y parece que le funcionó, porque prestó sus servicios, primero, a la Policía y la Guardia Civil, y ahora, como perito, a dirigentes políticos. Entre estos últimos se encuentra la expresidenta del Parlament Laura Borràs, a punto de ser procesada por corrupción, pero antes también asesoró, por ejemplo, a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.
¿Cuál era ese pasado criminal que todos pasaron por alto cuando le contrataron? Hellín, un ingeniero electrónico nacido en Badajoz en 1947, era miembro del partido político de ultraderecha Fuerza Nueva cuando, en 1982, fue condenado a 43 años de cárcel, junto con otros cinco individuos pertenecientes al grupo 41 del Batallón Vasco Español (BVE) por el secuestro y la autoría material del asesinato, el 1 de febrero de 1980, de Yolanda González Martín, de 19 años y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), a la que sus asesinos vincularon a ETA por ser vasca y de izquierdas.
Hellín la raptó en su casa de Madrid y le descerrajó dos tiros en la cabeza en un descampado. "Un paseo a Yolanda González por una España grande, libre y única" fue la manera del BVE de reivindicar su acción. Asesinato, secuestro, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas, munición y explosivos, falsificación de DNI y uso público de nombre supuesto fue la cascada de delitos por los que entró en prisión tras cometer uno de los crímenes más brutales de la transición española.
Fugado a Paraguay
En 1987 aprovechó un permiso carcelario de seis días para poner tierra por medio y desaparecer. La escapada le duró dos años, hasta que la revista 'Interviú' descubrió su paradero: Paraguay. Allí recibió protección del régimen militar de Alfredo Stroessner, para el que trabajó en la adecuación de su sistema policial a las nuevas tecnologías de entonces. La Interpol le arrestó y fue entregado a España en 1990.
Su vida, como su nombre, cambió el 25 de enero de 1996. Ya como Luis Enrique Hellín, tomó la paradójica decisión de dedicar su labor a la investigación criminal y judicial. En 2013, 'El País' desveló que era uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, participaba en investigaciones judicializadas sobre terrorismo y delincuencia, impartía cursos de formación a agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, daba conferencias a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en organismos oficiales y cobraba por sus servicios del Ministerio del Interior.
Rastreo digital de pruebas
Y también había asistido como perito a la Audiencia Nacional. Como ingeniero electrónico, su especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos digitales que han intervenido en actos terroristas, crímenes, homicidios, secuestros, delitos económicos, financieros o informáticos. Servicios que prestó a la defensa de Cifuentes, para la que hizo el análisis de la agenda electrónica que presentó en el juicio del 'caso Máster', del que finalmente fue absuelta.
En su currículum figuran otros casos mediáticos como la 'operación Malaya' o el asesinato perpetrado por José Bretón contra sus hijos. Pero los acusados de corrupción son quienes más le buscan. Un cliente del excomisario José Manuel Villarejo le contrató como perito de su defensa. En 2018 no pudo trabajar en el 'caso Imelsa', una de las investigaciones de presunta corrupción en el PP valenciano, porque el juez lo expulsó del procedimiento por intentar introducir en su ordenador una grabación de la Guardia Civil.
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