A un paso del banquillo

Así fue la investigación de los Mossos que Laura Borràs tacha de "prospectiva"

El seguimiento a un presunto traficante armó la causa judicial contra la presidenta del Parlament

La presidenta del Parlament, Laura Borràs.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs. / Aniol Resclosa

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Guillem Sánchez
Guillem Sánchez

Redactor

Especialista en Sucesos, tribunales, asuntos policiales y de cuerpos de emergencias

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

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La investigación contra la actual presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, comenzó siendo un caso de tráfico de droga y falsificación de moneda que los Mossos d’Esquadra instruyeron contra Isaías Herrero, el amigo que se habría beneficiado de los contratos públicos que la política presuntamente le entregó a dedo.

La amistad de Borràs y Herrero es antigua. Herrero había ganado certámenes de literatura digital cuyo jurado presidía Borràs, que lo introdujo en su círculo de trabajo académico, dándole horas lectivas en un máster de la Universitat de Barcelona (UB) que dirigía o entregándole contratos supuestamente a dedo mientras fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Pero a finales de 2017, Herrero entró en el punto de mira de los Mossos d’Esquadra.

Droga sintética y billetes falsos

Según las fuentes policiales y judiciales consultadas por EL PERIÓDICO, los acontecimientos sucedieron de la siguiente manera: Herrero, capaz de moverse en la 'dark web' –la zona de internet a la que no acceden navegadores como Google–, compraba drogas sintéticas y billetes de euro falsos, que después vendía por su cuenta. Para hacerlo, disponía de un apartado de correos en la población de Castellbell i el Vilar (Vallès Occidental). Pero uno de los envíos de billetes falsos terminó en el buzón equivocado. Su receptor, una mujer, abrió el paquete y descubrió los billetes. Tras superar la estupefacción inicial, avisó a los Mossos, que dedujeron que el receptor era Herrero y comenzaron a investigarlo por un delito de falsificación de moneda.

La llamada

Las diligencias judiciales contra Herrero se incoaron en un juzgado de Manresa. Y los Mossos obtuvieron permiso para pinchar el teléfono de Herrero. Así escucharon una llamada de Herrero en la que se expresaba en los siguientes términos: "con la Borràs, con la jefa, yo facturo unos 'trapis' por allí". Y otra, entre Herrero y Borràs, en la que la política lo apremiaba a entregar documentación a la ILC.

Los investigadores informaron al juzgado de Manresa. Este juzgado se quedó con la investigación de Herrero y envió esta segunda causa, por contratos irregulares con la ILC, al juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, dado que la sede de la institución está en la capital catalana. La jueza del número 9, para investigar en qué consistían los supuestos 'trapis' de Herrero y Borràs, ordenó la entrada de los investigadores de los Mossos a la sede de la Institució De Les Lletres Catalanes (ILC), a las oficinas de la Universitat de Barcelona (UB), al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) y también a casa de Herrero. El día que se activó la operación, Borràs ya había dejado de ser directora de la ILC. Desde junio de 2018 estaba en el Govern de Quim Torra como era 'consellera' de Cultura.

Un juzgado de Barcelona apartó a la policía catalana justo cuando sus investigadores habían hallado los correos electrónicos que supuestamente incriminan a la presidenta del Parlament

La operación

SER Catalunya informó de la entrada de los Mossos en el CTTI y también de que se trataría de una investigación vinculada a Borràs. Y Borràs preguntó a Miquel Buch, entonces 'conseller' d’Interior, en una reunión de Govern, si la estaban investigando a ella. Borràs apareció en diversos medios de comunicación para explicar que Buch le había dicho que no estaba siendo investigada. Poco después, sin embargo, tuvo que aparecer de nuevo para rectificar. El conflicto no era menor: al tratarse de una investigación judicializada y secreta, si Buch había revelado detalles de esta, podía haber cometido un delito. La jueza, tras el enredo, entregó el caso a la Guardia Civil.

Como hasta este punto no constan informes de los Mossos en los que Borràs aparezca como investigada, su defensa, ejercida por Gonzalo Boye, sostiene que la policía catalana concluyó que Borràs no había cometido ningún delito y que la causa contra su cliente la armó la justicia española "prospectivamente". Las investigaciones prospectivas están prohibidas porque significan investigar a un sospechoso sin indicios. Pero los Mossos no habían concluido nada acerca de Borràs porque todavía no habían comenzado a investigarla formalmente. Y no pudieron hacerlo: la jueza de Barcelona los apartó de la causa justo cuando estaban a punto de descubrir su presunta implicación en la trama de Herrero.

Los correos

Las entradas que hicieron los Mossos no encontraron nada en la UB, en la ILC, ni en el CTTI porque Borràs usaba su correo electrónico personal de Gmail para comunicarse con Herrero. Pero los investigadores catalanes sí hallaron los correos de Borràs al explorar el ordenador de Herrero. En esos correos, supuestamente, se comenzó a acreditar que Borràs y Herrero actuaban de "común acuerdo para defraudar a dicha institución (ILC) mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y mediante la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes. (…) La finalidad última de esas operaciones fue beneficiar los intereses de Herrero, causando con ello un claro perjuicio al erario público".

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Mientras se armaba formalmente la causa judicial contra Borràs –que la Guardia Civil completó revisando 18 expedientes de la ILC firmados por Borràs entre 2013 y 2018, siguiendo el dinero de los pagos de la ILC a Herrero o tomando declaración a diversos testigos–, la política dejó de ser 'consellera' para convertirse en diputada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2019. Y dada su nueva condición de aforada, fue el Tribunal Supremo el órgano que pudo investigarla formalmente. El juez del máximo órgano judicial quiso que los Mossos regresaran a la investigación.

La causa judicial contra Borràs ha acabado finalmente su periplo judicial en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) porque Borràs dejó de ser diputada en el Congreso para convertirse en presidenta del Parlament en junio de 2021. Los investigadores de los Mossos, que comenzaron a investigar a Borràs siguiendo a Herrero, también han sido los responsables de llevar a cabo las últimas pesquisas.