Los asesores fiscales de la empresa que reformó la sede del PP ignoran el origen del dinero regularizado por sus socios

El juicio en el que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional debe determinar si el PP pagó con dinero de su caja b la reforma de su sede central, en la madrileña calle de Génova, entró este martes en una nueva fase con la declaración de los testigos propuestos por la defensa de estudio de arquitectura que se ocupó. Dos asesores fiscales de Unifica dijeron ignorar el origen del dinero que los socios de la empresa, los acusados Gonzalo Urquijo y Belén García, hicieron aflorar con la amnistía fiscal de 2012, conocida con el nombre del ministro de Hacienda entonces, Cristóbal Montoro.

En las actuaciones figura que tanto Urquijo como García, para quienes el fiscal Antonio Romeral solicita tres años y 10 meses de prisión, disponían de dinero en cuentas en entidades financieras "ubicadas en Suiza, Canadá y Luxemburgo”. Ambos se acogieron al proceso de regularización fiscal de patrimonio en el extranjero y cada uno de ellos pagó “una cuota de 109.445 euros” para regularizar esos fondos.

Distintos criterios fiscales

El primero en declarar fue Pedro Hammer, que a preguntas del abogado de Urquijo, Luis Jordana de Pozas, explicó que la diferencia tributaria entre lo que se reclama a la empresa y lo que pagó fue de unos 4.000 euros en 2007, pero pagó de más 900.000 euros dos años después. Según el testigo, la diferencia estriba en el momento en que se hace la factura definitiva, si en función del desarrollo de la obra o en una vez entrega, con su certificación de finalización. La abogada del Estado Rosa María Seoane si este certificación se puede hacer meses o medio año después de entregada la obra, lo que el testigo dijo desconocer.

Tanto él como el también asesor fiscal José María García-Ogara, que declaró a continuación, sostuvieron que no preguntaron sobre el origen del dinero que los socios de Unifica hicieron aflorar entonces, aunque ambos admitieron haber hecho las declaraciones de Urquijo y García en varios ejercicios fiscales, aunque ellos se encargaban preferentemente de las de la sociedad.

Pedir ayudas

Entre los testigos que declararon este martes también estuvo el presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, Adolfo Sánchez, que negó haber hecho donativos al PP para que adoptaran medidas de ayuda al colectivo, pese a lo declarado por el extesorero del partido Luis Bárcenas, en cuyas anotaciones manuscritas figuran ingresos por 98.000 euros por parte de "Adolfo S."

Sánchez dijo haber acudido a "diferentes partidos nacionales y autonómicos a pedir ayudas" para la fundación, pero nunca para beneficiar a las empresas de construcción para la que trabajaba. Aseguró haber recibido distintas subvenciones públicas de distintas instituciones, como las diputaciones, precisó.

La sesión de este martes comenzó con el anuncio por parte del presidente del tribunal, José Antonio Mora, de que la acusación que ejerce el abogado Gonzalo Boye en nombre del Observatori Desc se produciría de forma telemática, al haber estado el letrado en contacto con un positivo en covid-19.