¿Es conveniente la amnistía?

La posible concesión de una amnistía a los independentistas encausados o condenados es hoy el gran debate. Por una parte, hay los contrarios que van desde políticos con gran proyección y distinta ideología, como Núñez Feijóo y Felipe González, a todos los que temen que sería dar la razón a los que quisieron romper la Constitución, lo que podría alentar el retorno al drama de 2017. Por la otra, los que creen que la amnistía no plantea problemas constitucionales y que es necesaria para cerrar el conflicto catalán. El exponente máximo es Yolanda Díaz, que al encontrarse en Bruselas con Puigdemont como si fueran viejos amigos y en compañía de Jaume Asens -defensor de la amnistía y con gran relación con Waterloo- vino a decir que la amnistía no solo era conveniente, sino un hecho. No en vano es la vicepresidenta y la socia necesaria de Pedro Sánchez. Y aquí puede estar el propio Gobierno que, aunque se desmarca, no desautoriza a Yolanda Díaz y sabe que la amnistía es condición para la investidura.

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Todas las posiciones tienen sus razones, pero la cuestión principal no es tanto jurídica como política, como ha dicho Juan Antonio Xiol, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, en una muy discreta declaración. Cierto que la Constitución no acogió la enmienda del profesor Tierno Galván que quería incluirla, pero tampoco la prohibió. Y a diferencia del sí prohibido indulto general, la amnistía no sería una decisión del Ejecutivo, sino de las Cortes Generales que encarnan la soberanía nacional. Por eso dictan las leyes, por encima del poder ejecutivo y del judicial, siempre que respeten la Constitución. Más consideración merecen las dudas sobre la igualdad, aunque un conflicto político es siempre muy especial, y sobre la tutela de los que han interpuesto acciones judiciales, como ha subrayado el profesor Xavier Arbós en este diario.

Decidida por una mayoría sólida y estable tendría mucho más justificación que la que ahora se plantea que seria un simple trueque: amnistía para Puigdemont y el independentismo a cambio de una nueva investidura de Pedro Sánchez

El problema es político. La amnistía puede servir para cerrar un grave conflicto -no necesariamente un cambio de régimen-, pero debería ser respaldada por una gran mayoría parlamentaria y los beneficiados deberían comprometerse con la seguridad jurídica del Estado de derecho. Y no hay ni unanimidad ni gran mayoría porque el PP está en contra y Feijóo tendría detrás 172 diputados sobre los 350 del Parlamento. No importan los motivos, están en contra. ¿Es posible entonces que sea aprobada por una mayoría justa, de un máximo de 178 escaños? Sería mucho más discutible. 

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Cierto que el PP ni tiene poder de veto, ni debe tenerlo. Pero la experiencia existe. Cuando una mayoría similar -contra la derecha- impuso la reforma del Estatut, las consecuencias no fueron positivas y la convivencia en España y en Catalunya se deterioró. Y la amnistía resultaría aún más polémica porque no sería decidida por una mayoría sólida sino trueque de un pacto para la investidura. Lo dice Feijóo y es así: la izquierda amnistiaría al independentismo y así podría seguir gobernando. 'Realpolitik' pura y dura.

Esta amnistía tiene, pues, muchos puntos en contra. Pero cierto que Catalunya es muy distinta a la de 2017. Por la aplicación del 155 -que el independentismo aceptó de facto al concurrir (y ganar) las elecciones convocadas por Rajoy-, el nulo apoyo europeo e internacional, y el indulto posterior de Pedro Sánchez que cambió el clima social. Por eso se puede sostener que -hoy por hoy- no se pueden repetir los hechos de 2017 y que sería positivo pasar página. 

Pero una amnistía de parte -y con parte de la opinión pública en contra- no puede sustentarse en conjeturas. Debería quedar claro que los amnistiados no son los ganadores, sino que se trata de pasar página y de iniciar una nueva etapa en la que los partidos beneficiados aceptan el estado de Derecho. No se trata tanto de que se reconozca la inviabilidad de la vía unilateral -que ya está claro tras lo sucedido-, sino de solemnizar que si todas las ideas son legítimas -el independentismo no solo se presenta a las elecciones y gobierna en Catalunya-, lo único ilegítimo es atentar contra la seguridad jurídica. 

Sin este pacto, la amnistía no sería comprendida. Una cosa es pasar página y otra, muy distinta, retroceder a un pasado que no ha contribuido en nada a la libertad y el progreso de Catalunya.

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