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Presupuestos expansivos

El proyecto de cuentas aprobado por el Gobierno eleva el gasto social en un escenario muy optimista que se apoya en la recuperación y los fondos europeos

La titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la presentación en la Moncloa de las grandes cifras del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, aprobados este 7 de octubre de 2021 por el Consejo de Ministros.

La titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la presentación en la Moncloa de las grandes cifras del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, aprobados este 7 de octubre de 2021 por el Consejo de Ministros. / EUROPA PRESS / ÓSCAR CAÑAS

Los Presupuestos de 2022 serán, si la tramitación parlamentaria lo permite, unas cuentas con más gasto social, más inversiones y más recaudación fiscal. Todo ello apoyado en dos grandes palancas: la consolidación de la recuperación económica y una nueva inyección de fondos europeos. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, aprobado este jueves por el Consejo de Ministros, es fiel a la línea general que ha seguido el Gobierno desde la irrupción de la pandemia: reforzar el gasto público en los ámbitos y colectivos que han quedado más rezagados en esta crisis. No cabía esperar otra cosa. PSOE y Unidas Podemos han acordado unas cuentas expansivas que apaciguan, momentáneamente al menos, las tensiones entre ambos partidos y dan una imagen de estabilidad a la coalición de Gobierno, contra quienes querían ver que esta sería una legislatura corta.

El proyecto de las cuentas prevé un gasto total consolidado de Estado, Seguridad Social y organismos autónomos por un total de 458.970 millones de euros, con subidas en casi todos los apartados. 'A priori', es algo positivo que se aumente el gasto social (con subidas de las pensiones, del salario de los funcionarios y del ingreso mínimo vital), que las partidas dedicadas a los jóvenes se incrementen un 84,8% (incluidos un bono cultural de 400 euros y la ayuda al pago del alquiler) o que se destine el 46% más a las políticas de vivienda. Todas estas medidas repercutirán directamente en un mayor bienestar social, así como la prórroga de las recientes rebajas de impuestos vinculadas a la factura eléctrica. Más complicado será afrontar este formidable aumento del gasto social en un escenario que no fuese tan esperanzador como el que dibuja el Gobierno. Las previsiones oficiales para 2022 se mantienen en un crecimiento del 7%, a pesar de que en el segundo trimestre de este año el PIB creció casi dos puntos menos de lo previsto, el 1,1%, como confirmó el INE hace apenas dos semanas. Este resultado decepcionante, sin embargo, no ha alterado los cálculos del Ejecutivo, que sigue fiándolo casi todo a la recuperación económica y al buen avance de la vacunación. Tampoco contempla el posible efecto de la inflación, que si continúa al ritmo actual podría frenar el consumo y, con ello, retrasar la esperada salida de la crisis. Con estas señales en el camino, las cuentas podrían ser demasiado optimistas y poner en cuestión la anunciada y necesaria reducción del déficit del Estado, del 6,3% del PIB previsto para 2021 al 3,9% en 2022.

En materia fiscal, el Gobierno prevé un crecimiento de la recaudación tributaria del 8,1%. La medida estrella es el tipo efectivo mínimo del 15% (sobre la base imponible) del impuesto de sociedades, que afectará a un millar de empresas, con la que el Ejecutivo espera ingresar 400 millones de euros. En espera de la reforma fiscal, esta era una de las acciones pendientes del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. La huella de los fondos europeos (27.633 millones) se notará, principalmente, en la inversión, que alcanzará un total de 40.000 millones de euros. En este capítulo se incluyen las medidas para modernizar del modelo productivo. Sin embargo, no hay que perder de vista que estas ayudas están condicionadas al cumplimiento de varias reformas estructurales, incluida la laboral y la del sistema de pensiones. Para sacar adelante el proyecto de Presupuestos, el Gobierno deberá negociar con el resto de partidos, prioritariamente el PNV y ERC, socios de investidura. Estos ya han anunciado que sus votos no serán gratis.