Ocho años de cárcel
La pregunta es qué hacer ante una justicia justiciera, que tan a menudo parece tomar partido cuando se sitúa a la derecha de la derecha
El magistrado Manuel Marchena intuye que se va a llevar un rapapolvo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo intuye también el presidente del Tribunal Constitucional. Aunque siguen en sus trece. Y lo intuyeron en Moncloa. También por eso parecen empezar a desmarcarse de las tesis más duras de la derecha político-judicial. Ahí está el Tribunal de Cuentas, rizando el rizo. Dando rienda suelta a los instintos del bajo vientre.
La discrepancia entre las dos almas del mundo independentista se han acentuado. Como se ha ensanchado la brecha entre la derecha y la izquierda constitucionalista. Los extremos se alimentan. Y no cabe duda que la estrategia vengativa de ese tribunal justiciero que preside Margarita Mariscal de Gante, otrora ministra de Aznar, va en la línea de la derecha más extrema. Como las tesis defendidas en diversos medios de comunicación por el fiscal Javier Zaragoza, cuando exigía una suerte de revisión de la condena por sedición a Junqueras por rebelión, haciendo suyas las tesis de Vox, que no encontraron eco en la sala del Supremo que condenó a Oriol Junqueras y compañía.
La contribución del Tribunal de Cuentas a la distensión se asemeja más al que echa sal a la herida. Y las escaramuzas judiciales que siguen en curso más de lo mismo. Sobre Raül Romeva, por ejemplo, pesa ahora la amenaza de una nueva condena de prisión tras ser indultado. Y llegan ahora juicios contra personas que participaron en las multitudinarias protestas por ese juicio que Marchena liquidó con 100 años de prisión. Esta vez le ha tocado a Pol Serena, un joven de 21 años al que piden 8 años de prisión. ¡Ocho! Vamos, por un navajazo homicida pedirían menos.
Que en todo este asunto hay una desproporción manifiesta es indiscutible a todas luces. La pregunta es qué hacer ante una justicia justiciera, que tan a menudo parece tomar partido cuando se sitúa a la derecha de la derecha, que vive atrincherada –ignorando su propia caducidad- en los máximos órganos jurisdiccionales y que parece actuar como si, echando gasolina al fuego, se atajaran los problemas.
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