Catalunya, verde... oscuro

Tras años de parón, la estrategia del Govern con las energías renovables se inclina por ralentizar la expansión

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Placas fotovoltaicas en la cubierta del Hospital de Mollet.

Placas fotovoltaicas en la cubierta del Hospital de Mollet. / FSM

Empieza a quedar claro hacia dónde va la política de la Generalitat con las energías renovables. Antes de constituirse el Govern saltaron las alarmas al acordar ERC con la CUP una moratoria a la expansión de estas energías. Curioso, cuando Catalunya cuenta con la misma potencia eólica instalada desde hace una década y con un lento avance en la solar.

Es verdad que va mejor en materia de autoconsumo. Pero con eso no basta. Lo ha advertido esta semana el Observatori de les Energies Renovables de Catalunya, que agrupa a la mayor parte del sector, que recuerda que el coste de la lenta transición energética en Catalunya se sitúa entre los 51.000 y los 57.000 millones de euros. Con instalaciones en los tejados difícilmente se puede alcanzar el objetivo de descarbonización. Por ahora, el 80% de la demanda se cubre con energía nuclear, con combustibles fósiles o electricidad importada de otras zonas.

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El anuncio de la 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà, de modificar el decreto de 2019 sobre energías renovables añade preocupación en el sector. Es cierto que el resultado de esa norma ha sido escaso como consecuencia de un órgano administrativo transversal, la Ponència de les Energies Renovables de Catalunya, que determina con carácter previo al trámite administrativo si un proyecto es o no viable: Solo ha dado viabilidad al 36% de los proyectos eólicos y al 5% de los solares. Ni uno ha conseguido autorización y solo cuatro fotovoltaicos con 29 MW han pasado a información pública, el 0,29% del objetivo previsto.

Pero el cambio que propone Jordà, que quizás debería haberse llevado a cabo años atrás, supone de hecho una moratoria, ya que congela cualquier iniciativa. Limitará la instalación en campos de cultivo, impondrá un "reparto más equitativo" por comarcas y todo proyecto deberá tener apoyo de los ayuntamientos y del 85% de los propietarios de los terrenos. Después de años de parálisis e imposibilidad de cubrir objetivos habría que combinar ordenamiento y necesidad y se propone un camino hacia una Catalunya verde, pero, por ahora, con tono oscuro.