Sector estratégico

El Govern pone límites a la implantación de energías renovables

Los promotores deberán contar con el aval de los propietarios del 85% de la superficie e informar a los ayuntamientos

El Ejecutivo catalán pondrá topes al uso de campos de cultivo y establecerá un reparto territorial de instalaciones eólicas y solares

Teresa Jordà, en una imagen de archivo. 

Teresa Jordà, en una imagen de archivo.  / ACN

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Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor jefe de Economía

Especialista en Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School

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El Govern restringirá la implantación de energías renovables en Catalunya mediante la modificación del decreto que en 2019 perseguía facilitar su implantación, según ha anunciado la 'consellera' de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Terresa Jordà, en una comparecencia en el Parlament para explicar los objetivos de su departamento. La Conselleria, que prevé limitar el desarrollo de este tipo de instalaciones en campos de cultivo, un reparto "más equitativo" en el territorio y primar las comunidades energéticas locales, iniciará una ronda de contactos con el mundo local, las entidades ambientalistas y del sector agrícola, asi como con las patronales del sector de las energías renovables para alcanzar un acuerdo "lo más consensuado posible". Uno de los aspectos fundamentales de la norma que Jordà quiere tener aprobada en otoño --"antes de Todos los Santos", ha dicho en concreto-- es que "tanto el acuerdo con los propietarios como el conocimiento de los ayuntamientos será un requisito indispensable para todos los proyectos aún pendientes de salir a información pública".

ERC pactó con la CUP una moratoria en este tipo e energías, en las que Catalunya se ha quedado a la cola tras en torno a una década sin aumentar la capacidad de generación con estas fuentes. Este acuerdo provocó las críticas de las patronales del sector y de entidades como el Cercle d'Economia. Aunque la regulación que se prevé no menciona expresamente una moratoria se puede decir que lo es de manera tácita ya que solo podrán desarrollarse los proyectos que estén en información pública. En la actualidad, de 522 proyectos eólicos y fotovoltaicos presentados solo cuatro, el 0,2%, están en información pública tras pasar por la ponencia, un instrumento administrativo transversal, que con carácter previo a la tramitación evalúa cada proyecto y que apenas ha dado paso al desarrollo de instalaciones desde que se puso en marcha en 2019.

El 30% de la energía

La reforma anunciada permitirá suprimir esa consulta previa, que a juicio de Jordà, ha generado un 'boom especulativo', "porque la idoneidad ya no dependerá del punto de vista de los departamentos sino de una norma clara, con rango de ley". La regulación, que según la 'consellera', se llevará a cabo mediante un decreto ley, impondrá como condición que solo puedan llevarse a cabo aquellos proyectos que cuenten con "el acuerdo mayoritario de la propiedad de los terrenos, que se podría situar en el entorno del 85% de la superficie" y que previamente hayan informado a los ayuntamientos implicados. A su vez , el Govern declarará de "interés territorial estratégico" todas las comunidades energéticas locales, que cuentan con plantas participadas por ayuntamientos y vecinos. Estos proyectos "tendrán prioridad" en la tramitación administrativa. El objetivo del Departamento es que las comunidades energéticas y el autoconsumo lleguen a producir el 30% de la energía que consume en Catalunya, "que es más que suficiente para abastecer a todos los hogares del país", según la Conselleria.

Regadío y secano

También se pondrán límites al desarrollo de proyectos en los campos más favorables para la agricultura. Así, se establecerá un límite de ocupación máxima, que será del 5% de la superficie en el caso del regadío y del 10% en el de secano. No habrá limitaciones en los campos menos proclives al cultivo o los abandonados. Según los datos de la Conselleria, en los últimos 20 años, Catalunya ha acumulado unas 100.000 hectáreas abandonadas. Habrá a su vez un límite comarcal para plantas de energías renovables que, a juicio de Jordà, contribuirá " a un reparto equitativo de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, de acuerdo con un criterio de solidaridad interterritorial".

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Las modificaciones persiguen "asegurar la participación del territorio", para evitar la proliferación de plantas sin el acuerdo de los propietarios y con el desconocimiento de los ayuntamientos. Otro de los objetivos es distribuir las instalaciones "para evitar la concentración de equipamientos en las mismas zonas" e "impedir que la transición energética comporte la sustitución masiva de campos de cultivo por plantas fotovoltaicas y generadores eólicos".

El Govern, que recuerda el cierre de las tres centrales nucleares que aportan el 54% de la energía consumida en la actualidad en Catalunya está previsto entre 2030 y 2035. Para cubrir ese punto "la producción de eólica debe multiplicarse por tres y la fotovoltaica, por 17,5". Es decir, para llegar a un 100% de producción renovable en 2050, tal como está previsto, "hacen falta 48.000 megavatios (MW), 36.000 de los cuales fotovoltaicos". Para ello se requieren 70.000 hectáreas de placas solares y, según la Conselleria, para alcanzar ese objetivo en 2050 "solo se requeriría el uso del 8% de los campos de cultivo".