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Juicio al 'procés'

El fiscal Javier Zaragoza lee su informe final en el juicio del ’procés’

Un golpe de Estado como una casa

Joaquim Coll

Desde las filas secesionistas se niega la mayor porque sería reconocer el carácter antidemocrático de la vía unilateral

Sorprende el disgusto que ha causado a muchos la descripción del fiscal Javier Zaragoza del 'procés' como un golpe de Estado. Lo dijo invocando a un clásico del derecho como el austriaco Hans Kelsen, que tuvo que huir de los nazis. También en Catalunya se utilizaron vías ilegales para derogar la Constitución e intentar alcanzar la independencia. Esa es la verdad aunque incomode y escandalice. Desde las filas secesionistas se niega la mayor porque sería reconocer el carácter antidemocrático de la vía unilateral. Lo que se entiende menos es que una parte de la opinión catalana no separatista compre acríticamente el relato del farol, de que todo fue simbólico y solo hubo desobediencia. Pues bien, si lo del golpe de Estado no gusta, imaginen en su lugar a unos ladrones que se disfrazan de payasos para asaltar un banco con pistolas de juguete que parecen reales. Exigen con determinación el botín aunque lo hacen apelando al buen rollo, despertando incluso la simpatía del público. Si logran el robo serán elevados a la categoría de genios, pero si la Policía actúa a tiempo y salen corriendo alegarán que todo era una broma. ¿Tampoco merecerían ser juzgados?

Aunque incruenta, hubo rebelión

El 'procés' no fue ninguna payasada sino un golpe de Estado como una casa, porque se intentó sustituir el orden constitucional por la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana votada en el Parlament el 7 de septiembre de 2017. Sobre ese punto no cabe ninguna duda. Ha sido el golpe más largo de la historia, que no se limitó a lo declarativo sino que hizo abiertos intentos de preparar la desconexión en cuestiones de hacienda pública y tributaria, como ha investigado el juzgado número 13. Ese propósito nunca fue un secreto. Ahora bien, en su traducción penal el asunto se complica mucho, porque la rebelión exige un alzamiento violento. La última palabra sobre la suficiencia e idoneidad de la violencia la tienen los jueces, pero que hubo hechos violentos es innegable, como agresiones físicas a policías, actos de hostigamiento frente a los acuartelamientos de la Guardia Civil y en los hoteles donde las fuerzas de seguridad se alojaban, coacciones, amenazas, insultos, destrozo de vehículos, etcétera. Contra lo que a veces se afirma, no hace falta que el alzamiento sea armado ni cruento para que haya rebelión. Tampoco fueron unos simples desórdenes públicos, sino que la movilización impulsada por las entidades soberanistas tenía como fin llevar a cabo el referéndum para legitimar la independencia anunciada. Los acusados, la mayoría de los cuales eran autoridades públicas, habían garantizado ese vínculo con leyes, decretos y reiteradas declaraciones para animar a la ciudadanía a votar. En realidad, la responsabilidad última de todos los episodios de violencia, incluida la ejercida por los cuerpos de seguridad para cumplir con la orden judicial de impedir el 1-O, podría ser atribuida a los acusados, que fueron advertidos de los riesgos de mantener la convocatoria por los Mossos.

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También la abogada del Estado reconoció en sus conclusiones finales que hubo violencia aunque no formase parte “estructural” del plan secesionista. Es una pirueta argumental para pedir solo sedición y responde a la voluntad del Gobierno de Sánchez de echar agua al vino. No sonó muy convincente en boca de la letrada Rosa María Seoane, pero como estamos ante algo inédito, un golpe civil desde las instituciones autonómicas, serán los jueces del Supremo los que fijen qué tipo de violencia es necesaria para la rebelión posmoderna. Pero negar que hubo un clima intimidatorio se parece mucho a cuando los niños pequeños se tapan los ojos con la mano para no ver la realidad que tienen delante. Lo mismo ocurre con la malversación, que también se cuestiona con tecnicismos pese a las evidencias. La fantasía de que no se gastó un céntimo público se fue por el desagüe el día que las cuatro abogadas del Estado explicaron el principio del devengo.

Fracaso político

Finalmente, el último asidero para negar la rebelión es que los acusados ni declararon de verdad la independencia ni intentaron retener el poder el 27 de octubre. No hubo oposición de ningún tipo, se enfatiza. Se trata de un argumento sorprendente porque el hecho mismo de que el Senado tuviera que aprobar el 155 para restablecer el orden constitucional, sin olvidar el grave discurso de Felipe VI, ya es en sí mismo una prueba de que las autoridades de la Generalitat se negaban a deponer su actitud. El fracaso político no les exime de su responsabilidad penal, que el tribunal tendrá que argumentar en base a la participación de cada acusado en los hechos probados.