El fiscal tacha lo ocurrido en Catalunya de "golpe de Estado"

El fiscal de Sala del Supremo Javier Zaragoza ha tenido el honor de ser el primero en defender las conclusiones finales del ministerio público y no se ha andado con chiquitas, porque ha llegado a tachar lo ocurrido en Catalunya en el otoño de 2017 de "golpe de Estado". La expresión hasta ahora solo había sido utilizada por la acusación que ejerce Vox, pero no por el ministerio público, que se limitaba a calificarlo de ataque a la Constitución y contra el orden constitucional.

Zaragoza se ha encargado de hacer un informe general: Ha negado que haya presos políticos y que el juicio "criminalice la disidencia política" y no ha dudado en tildar de "cinismo" la práctica de acusar de no dialogar a quien cumple y defiende la Constitución, y de "experto en sofismas" al líder de ERC, Oriol Junqueras, por el alegato con el que comenzó el juicio en el que entre otras ideas planteó que "votar no es delito, pero impedirlo por la fuerza, sí".

"El objeto de este juicio nada tiene que ver con la criminalización de disidencia política, no se persiguen ideas políticas, ni la represión de proyectos políticos. Y los acusados y sus terminales son conscientes de ello. La razón es haber intentado liquidar la Constitución, instrumento básico de nuestra democracia; haber atacado el orden constitucional con procedimientos ilegales y utilizando la violencia cuando le ha sido necesario al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que adolece de apoyo normativo nacional ni internacional", detalló.

Hasta llegar a referirse a la violencia como "pacífica", para negar los argumentos de las defensas. Después sus compañeros, Fidel Cadena y Jaime Moreno fueron más explícitos. Este último dijo que "ha habido la violencia. No fue necesaria más, pero tampoco fue necesaria menos", y cifró en 1.093 los heridos y citó los coches "devastados" y "vandalizados" de Economia y las pedradas de Sant Carles de la Rapita con las que se recibió el convoy policial. También las declaraciones, en términos bélicos, de los acusados animando a acudir a votar y a enfrentarse a los agentes que iban a impedirlo.

Todos responsables

Cuando le llegó el turno a el informe se volvió pedagógico: "La rebelión siempre ha estado castigada en el Código Penal", dijo para añadir que "la violencia física no es indispensable, puesto que se puede cometer de un modo incruento, ya que lo que no lo es, puede convertirse en violencia física en cualquier momento". Hasta afirmó que con los argumentos de las defensas "se podría discutirse la tipicidad del alzamiento del 23-F".

Y de ello son responsables todos los acusados: Carme Forcadell, al permitir votar las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional; el Govern, al convocar el referéndum y creando las estructuras del Estado, y las entidades soberanistas movilizando a la sociedad para oponerse a la actuación policial contra el 1-O. En otro momento incluyó también a "quien controlaba a los mossos". "Todos ellos -dice el fiscal- se han servido como instrumento de las murallas humanas" y de la actuación del cuerpo policial.

Previamente el exfiscal de la Audiencia Nacional no había desaprovechado incluso la posibilidad de recordar la última sentencia de Estrasburgo que rechazó la demanda de 76 diputados contra la suspensión del pleno del Parlament en el que se iba a declarar la independencia. Tampoco de las leyes aprobadas por esa Cámara con ese fin, de la que dijo tampoco reconoce el derecho de autodeterminación para los territorios catalanes que lo quisieran. "No hay ni una sola resolución de la ONU que ampare la autodeterminación de un territorio en un estado democrático con este autogobierno", dijo.

Violación de derechos de quien la defiende

Tampoco existe un derecho a decidir, ni "un derecho moral a la secesión sino que lo que hay es un derecho cívico a defender la Constitución, la más incluisiva desde el XIX", para a continuación decir que "quizás haya que decir que la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Catalunya es la que están sufriendo estoicamente y pacientemente aquellos que defienden la Constitución".

Y mientras Zaragoza iba hablando hilaba una cosa con otra para incluso referirse al informe del grupo de trabajo de la ONU que tacha de arbitraria la prisión de nueve de los 12 acusados. Así parafrasear a Junqueras al recordar que dijo que "votar no es un delito, pero impedirlo por la fuerza sí", cuando lo que se persigue es incumplir reiteradamente las resoluciones judiciales, incluidas las que persuguen un referéndum ilegal, que ha sido delito en todos los Códigos Penales". 

Justo antes de referirse a cada uno de los acusados, todavía Zaragoza validó la declaración unilateral de independencia. "¿Desde cuándo depende de su publicación en el boletín oficial?", dijo para afirmar que "siempre han consistido en lecturas de manifiesto como se hizo en el Parlament".

Acusación uno a uno

El fiscal comenzó a pormenorizar la responsabilidad de cada uno de los acusados empezando por Oriol Junqueras, el máximo responsable de la Generalitat a disposición de la justicia española, tras la huida de Carles Puigdemont. Le situó en el "sanedrín" del 'procés' y calificó de "motor principal de la rebelión", en la que "la movilización popular es una de las armas imprescindibles para empujar el 'procés'". Y entre los indicios que citó en su contra no faltaron sus manos derechas en Economia Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, en cuyos domicilios se encontraron los documentos claves de estructuras del estado y la hoja de ruta del proceso independentista.

Después le llegó el turno a Joaquim Forn, por el protagonismo que tuvo en apenas tres meses en la Conselleria de Interior, con sus declaraciones sobre el referéndum y la actuación de los Mossos. Zaragoza en este punto lo que destacó fueron las actas levantadas por los agentes, en las que los binomios defienden que no podían cerrar los colegios por haber personas vulnerables en las puertas. 

En cuanto a los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el fiscal llega a afirmar que el 20 de septiembre de 2017 en las puertas de las Conselleria de Economia que "hubo un estado de excepción de facto" y ellos "fueron los amos y señores del orden público" en Barcelona. En su opinión, "excepcional" fue todo "lanzar a dos millones de personas" contra las fuerzas de seguridad que quisieron impedir el referéndum ilegal.

"No podemos aceptar que quienes se sitúan fuera de la legalidad democrática tilden de antidemocrático a quienes defienden esa legalidad", como si lo antidemocrático fuera defenderla. Y concluyó diciendo que tienen todo el derecho a defender sus ideas independentistas, pero "no nos las impongan", concluyó. 

Violencia necesaria

El relevo lo tomó Jaime Moreno, que insistió en algunos puntos de su antecesor: "La idea no es si votar o no votar es delito, sino que la democracia no es posible si no es posible se respeta la ley"; o "no se enjuicia a quienes fueron a votar, sino si unos dirigentes del Govern, mediante un golpe a la legalidad constitucional, se sirvieron de la violencia para impedir la actuación de quienes se les oponían".

Como ostentaban los centros de poder no tuvieron que tomarlos, añadió para completar la idea que "solo tenían que cortar la amarra" que conectaba la "comunidad autónoma con el resto de España". El "uso de la fuerza que resulta legítimo, legal y necesario, porque era la forma de dar cumplimiento a la orden judicial". "No creo que tras lo oído en el juicio pueda negarse que hubo violencia en las cosas", por los coches destrozados, y contra las personas por las pedradas con las que el convoy policial fue recibido en Sant Carles de la Rapita, por ejemplo, y hasta "intimidación porque la presencia en cada centro de un número de personas llamadas por los acusados en presencia numérica mayor" para defender el referéndum ilegal. 

Moreno destacó las tres reuniones mantenidas entre el 26 y el 28 de septiembre en las que la cúpula de los mossos y el entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, pidieron la desconvocatoria del referéndum por el riesgo de violencia que entrañaba. Por si faltaba algo recordó el testimonio del responsable de la brigada móvil de los Mossos que describió como Sànchez le trató de expulsar, porque no era lo acordado.

"Para que no se aborte el referéndum, bien por mí o por las fuerzas de seguridad, me enfrentaré", dice Moreno, que quiso adelantarse a Fidel Cadena y explicó que para acusar por rebelión "no bastaba con convocar y saber que eso generará enfrentamientos, sino que también había que incitar a enfrentarse, exaltar a defender los colegios". Por eso, alguno de los que eran miembros del Govern, como Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borrás, no están acusados por el delito más grave.

Y luego se fue deteniendo en cada acusado, como Josep Rull, del que destacó que como 'conseller' se jactó de que no se había dejado atracar al barco en el que iban los policías, lo que no caso con la explicación técnica que dio en el juicio y sí con la "tetosterónica" por la que se les llamó "piolines". La expresidenta del Parlament Carme Forcadell mostró ostensiblmente su contrariedad con la afirmación del representante del ministerio público que la atribuyó animar desde un coche a "la masa" que se concentró en Exteriores.  

"Ha sido probado que hubo violencia y fue la suficiente para cumplir los objetivos y sin ella no habría sido posible transitar por los caminos necesarios y los acusados lo sabían y llamaron a la gente", concluyó Moreno.

A continuación intervino la exfiscala general del Estado <strong>Consuelo Madrigal</strong>, que se centró en el delito de malversación, que cifró en unos tres millones de euros. En su informe atribuyó a los 12 acusados funcionar como "las organizaciones criminales", lo que "les resultó muy fácil al ocupar las máximas responsabilidades" en Catalunya. Más adelante les acusó de hacer de la Administración catalana "su particular cortijo". 

Cadena cerró al intervención fical llamando "cláusula de seguridad" la referencia al 36.2 del Código Penal para evitar que quede en manos de la Administración la aplicación del tercer grado a los acusados, de tal forma que en el caso de que sean condenados como solicita, tengan que cumplir al menos la mitad de la pena impuesta.