30 oct 2020

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juicio del 'procés'

La fiscala atribuye a los acusados convertir la Administración catalana "en su cortijo particular"

Considera su actuación propia de una "organización criminal" que actúa desde la máxima responsabilidad catalana

Afirma que el compromiso de pago adquirido por la proyección de anuncios del 1-O lo asumen todos los contribuyentes

Ángeles Vázquez

La Fiscalía acusa a los lideres independentistas de intentar liquidar la Constitución. En la foto, el fiscal Javier Zaragoza. / SEÑAL SUPREMO / EFE (VÍDEO: EFE)

La fiscala de Sala del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal fue a la que correspondió defener la acusación por el delito de malversación de caudales públicos. En su informe atribuyó a los 12 acusados funcionar como "las organizaciones criminales", lo que "les resultó muy fácil al ocupar las máximas responsabilidades" en Catalunya. Más adelante les acusó de hacer de la Administración catalana "su particular cortijo". 

Ha sorprendido la referencia realizada por el ministerio público a un delito del que solo acusa la acusación que ejerce Vox. La fiscalía entiende que queda incluido dentro del de rebelión que atribuye a nueve de los acusados, al igual que el de malversación, por el que pide siete años de cárcel para los 'exconsellers' Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borrás

En este sentido, añadió que "todos los miembros del Govern son responsables únicos y máximos de esas distracciones patrimoniales y desvíos de fondos públicos" y esa actuación agrava el delito principal que se atribuye a nueve de ellos. "El desvio ilegítimo de fondos públicos multiplica cualitativa y cuantitativamente la entidad del proceso rebelde", explicó en un informe muy técnico.

La exfiscala general del Estado atribuyó una actuación similar a la de las organizaciones criminales a los acusados cuando se refirió a los empresarios contratados para realizar anuncios, que "solo ciegos" no verían que eran para el referéndum, porque en uno de ellos hasta se veía cómo se desgajaba Catalunya de España.

"El silencio y las respuestas elusivas son elocuentes sobre el temor de vivir y negociar fuera del cálido amparo de los contratos marcos que la administración renueva anualmente", se refirió la fiscala. Sobre esa idea volvió recurrentemente sin llegar a mencionar la organización criminal al referirse al "tal Toni" que se ocupó de la cartelería, pese a que varios testigos aseguraron ignorar si era en realidad Toni Molons y si actuaba en nombre de la Generalitat.

Madrigal fue repasando todas las partidas en las que la fiscalía basa la mala utilización del dinero público. Entre ellos los fondos públicos destinados a "comprar apoyos y opiniones favorables al referéndum", a través de los que denominaron "observadores internacionales". "Por supuesto que no fue una misión internacional de observación, que debe plantearse a organismos acreditados por un Estado soberano", sentenció la fiscala.

Asumir por todos

Previamente se había referido al compromiso de pago adquirido con la Corporación Catalana de Medios Audivisuales (CCMA) por la emisión de anuncios a favor del referéndum. "Aunque la CCMA por ser un organismo público prestara sus servicios gratis, cosa que no hizo, eso no quiere decir que no tenga un coste, los servicios públicos tienen un coste para las haciendas públicas catalanas y española, que hemos asumido en última instancia todos los contribuyentes", insistió Madrigal. 

Y a Unipost a la que se encargó el material electoral a través de una contratación "ilegal", según la fiscala, por la que se libraron varias facturas, las últimas proforma. 

Según la fiscala, el uso de los colegios públicos es traducible a términos económicos y calificó de "disparate" la pericial desplegada por las defensas para tratar de neutralizar este importe en el cómputo total de la malversación que se les atribuye. "Los que sostienen que los bienes públicos no cuestan son los que con más frecuencia están más dispuestos a abusar de ellos", sentenció.

Sostiene que los 12 acusados son responsables de la malversación, porque todos ellos suscribieron el acuerdo de septiembre, "imprescindible" para repartirse el gasto para el 1-O. "Creo que sostener un mero acuerdo político y no una orden de gasto es un insulto al tribunal", aseguró la fiscal, que tachó en unos 3 millones el dinero que considera malversado.