El fiscal cree a Trapero para pedir la condena de los líderes del 'procés'

A punto de terminar el juicio del 'procés', las posiciones siguen el mismo lugar que cuando empezaron las sesiones en febrero. La fiscalía ve rebelión y solicita la mayor pena, 25 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, mientras que la abogacía del Estado ve sedición y pide para él 12 años. Lo que sí hace el ministerio público es "completar y enriquecer" su relato de la "situación insurreccional" que entiende se vivió en Catalunya en el otoño de 2017 con algunos testimonios prestados en el juicio, como el del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero o el comisario Ferran López, al que otorga total credibilidad cuando dijo que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont llegó a anunciar la independencia si el 1-O había violenciaCarles Puigdemont. 

Las defensas elevaron también a definitiva su petición de libre absolución, mencionando circunstancias eximentes como la prevista en el artículo 20.7 del Código Penal prevista para "el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo".

El fin de la prueba documental, con los vídeos de la defensa, en los que se vieron las actuaciones más polémicas de la policía el 1-O (investigados en juzgados catalanes), ha supuesto acabar con la incertidumbre sobre qué posición adoptarían el ministerio público y el Gobierno. Y no ha habido sorpresas, pero sí un sobresalto que ha resultado ser "un error mecanográfico", ya que el primer escrito presentado por la fiscalía no es que no incluyera rebaja alguna, sino que elevaba de 17 a 18 años la pena solicitada para el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. 

Violencia

En realidad tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan las mismas penas para cada acusado que en noviembre. Pero la redacción "más completa y rica en detalles" fiscal incluye que fue la ANC la que provocó un cambio en la hoja de ruta y que el referéndum se adelantara a septiembre de 2017 y lo declarado en el juicio por los mandos que integraban la Prefectura de Mossos, Trapero y los comisarios López, Juan Carlos Molinero, Emili Quevedo y Manel Castellví, de las reuniones con el Govern de septiembre de 2017. Según el comisario al frente del cuerpo con la aplicación del 155, "el procesado rebelde manifestó a los presentes que si el 1 de Octubre había violencia declararía la independencia".

La cúpula policial había sido explícita al advertir a Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn que "era altamente probable que se produjeran situaciones violentas al enfrentarse" los dos millones de personas convocadas "con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato judicial que prohibía el referéndum, de modo que la seguridad solo se podía garantizar mediante la suspensión de la votación". Pese a creer a la cúpula, el fiscal también dice que el dispositivo del cuerpo el 1-O fue "ineficaz".

Mitad de la condena

El ministerio público ha incluido una salvedad nada baladí, pero habitual en una petición de penas de esta entidad. Se trata del párrafo del artículo 36.2 del Código Penal que establece que "cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta". 

En este caso la pena más baja de las pedidas por la fiscalía y la Abogacía del Estado es de 7 años de cárcel por malversación y desobediencia para los 'exconsellers' Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila. Este último es el único que ha convencido a la acusación popular que ejerce Vox, porque la única modicación que ha hecho a su propuesta de prisión, que llega a los 74 años de cárcel para Junqueras, es retirar al exresponsable de Empresa la acusación por malversación y organización criminal y reducirla a desobediencia. 

En la malversación el fiscal también ha mejorado el relato con los testimonios escuchados: calcula que "la suma total facturada por Unipost y por ende, el gasto público comprometido, asciende a 979.661 euros" solo en el material electoral del referéndum ilegal.

Para los que eran miembros del Govern del huido Carles Puigdemont a los que se acusa de rebelión y malversación, Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, la fiscalía pide 16 años de cárcel. Para ellos los servicios jurídicos del Estado piden 11 años y medio, porque consideran que junto a Junqueras jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1-O. Para Forcadell pide 10 años únicamente por sedición y ocho, para Sànchez y Cuixart.