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LOS JUICIOS DEL 'PROCÉS'

La fiscalía pide 25 años para Junqueras como promotor de la rebelión

Pide 17 años para los Jordis y Forcadell y 16 para el núcleo duro de 'exconsellers'

Los acusados solo por malversación se enfrentan a 7 años de cárcel

Ángeles Vázquez

Las penas que pide el Ministerio Público para los exconsejeros en la causa que juzgará en los próximos meses el Tribunal Supremo oscilan entre los 7 y 16 años de cárcel. / JULIO CARBÓ (EUROPA PRESS TV)

La Fiscalía solicita la pena máxima, 25 años de cárcel, para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al considerarle el principal responsable de la rebelión que, a su juicio, se produjo en Catalunya para declarar su independencia, junto con el huido Carles Puigdemont, finalidad "que estuvieron a punto de lograr con actos delictivos que ejecutaron poniendo en grave peligro el orden constitucional", según el escrito de calificación presentado este viernes en el Tribunal Supremo. La Abogacía del Estado, en cambio, considera que los hechos fueron sedición, al no apreciar violencia.

En el caso de Junqueras, el ministerio público ha optado por la franja más alta prevista para los promotores o jefes de una rebelión y la más baja de la que castiga al que lo hace distrayendo dinero público. Las penas solicitadas para el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultura Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, pese a no estar acusados de malversación, es la segunda en importancia: 17 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Según el escrito, los líderes de los movimientos populares "empezaron a jugar un papel tan relevante en el plan rebelde que casi desplazaron con su dominio de las movilizaciones multitudinarias a los Mossos". Ahí destaca lo ocurrido el 20 de septiembre en la Conselleria de Economía, día que "se representaron y aceptaron la deriva violenta que pudiera producirse en las movilizaciones" siguientes y al "oponerse a las Fuerzas del Estado desplegados para impedir el referéndum".

Para los que eran miembros del Govern de Puigdemont acusados de rebelión y malversación la pena es de 16 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Se les considera mandos subalternos, pero también se tiene en cuenta la distracción de fondos públicos. Son Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. El resto de 'exconsellers' son acusados de malversación y desobediencia por autoridad. La pena que se solicita para Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila es siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por el primer delito, así como multa de 10 meses con cuota diaria de 100 euros por el segundo que también incluye inhabilitación de un año y ocho meses para cargos públicos para cada uno de ellos.

Documento

Conclusiones provisionales del Tribunal Supremo

Conclusiones provisionales del Tribunal Supremo

Esta pena de multa e inhabilitación es la que se solicita para la exdiputada de la CUP Mireia Boya y los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament que se sentarán en el banquillo: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, salvo para Joan Josep Nuet, para el que se pide multa de ocho meses e inhabilitación de un año y ocho meses. El dinero presuntamente malversado durante el 'procés' asciende a 3,03 millones de euros, según el fiscal.

Acción combinada de tres pilares

La fiscalía considera que los acusados desarrollaron una estrategia planificada para conseguir la independencia de Catalunya, "mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social".

El plan secesionista, cuya puesta en práctica sitúa en 2015, "contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada por las grandes movilizaciones ciudadanas institugasa y promovidas por ellos y por otra el uso de los Mossos como cuerpo policial armado", afirma la fiscalía.

Para el ministerio público, los 17.000 agentes de los Mossos acataría exclusivamente sus instrucciones como así sucedió y, "llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional".

El escrito se remonta a 2012, durante el mandato de Artur Mas, cuando firmó con Junqueras el acuerdo para la transición nacional y a 2013 con la declaración soberanista, anulada por el Constitucional, para pasar a la creación del consejo asesor y el libro blanco, que proclamaba la legitimidad del proceso de autodeterminación de Catalunya, a través de la negociación con el gobierno o la movilización social. Su repaso pasa por el 9-N de 2014, la puesta en práctica del plan para preparar las estructuras del Estado y el documento Enfocats, intervenido al "brazo derecho de Junqueras", Josep Maria Jové, contenía una "guía exhaustiva del proceso a desarrollar" hasta llegar al 27 de octubre de hace un año con la declaración de independencia.

Aunque fue tras las elecciones de septiembre de 2015, cuando "se estableció como herramienta imprescindible el uso de la movilización social, que sería canalizada" por la ANC y Ómnium "ante la posible reacción del Estado, si la Generalitat fuera intervenida política y jurídicamente". Para el ministerio público la movilización social "adquiere una dimensión extraordinariamente relevante en el proceso, puesto que se convertía en último término en el instrumento coactivo más decisivo y eficar para doblegar la voluntad del Estado".

Insurrección patente

La fiscalía explica que durante ese año y 2016, "los promotores e impulsores del proceso llegaron al convencimiento de que el Estado jamás negociaría bilaterlamente un referéndum de autodeterminación, por lo que decidieron convocarl de forma unilateral" para ello empezaron a reunirse Junqueras, Turull, Rull, Romeva con los procesados huidos y "en alguna ocasión Sànchez, Cuixart, Mundó, Corominas y Forcadell".

Según el escrito, con las conclusiones de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente, que ocultaba "bajo el mando de términos aparentemente menos conflictivos", como unilateralidad y desconexión, "se estaba cristalizando de forma abierta y ostensible una insurrección patente, manifiesta y exteriorizada contra el orden jurídico establecido, perfectamente organizado desde el poder" de la Generalitat, "para eludir la aplicación de las leyes vigentes".

Violencia

Tras la remodelación del Govern de Puigdemont, con los ahora acusados, el control de los procesos electorales pasó a depender de Junqueras y su número dos, Jové. Y una vez convocado el referéndum ilegal, Junqueras, Turull, Romeva, Forn, Rull, Bassa, Forcadell, Sànchez y Cuixart, "plenamente conscientes de la patente ilegalidad de la iniciativa y de la altísima probabilidad de que se produjeran indicidentes violentesos, como los del 20 de septiembre, hicieron reiterados y continuos llamamientos públicos a la movilización de la ciudadanía para ir a votar y proteger los centros de votación para que las fuerzas de orden público cumplieran con su misión de cerrarlos".

Siguieron adelante, aunque los Mossos les advirtieron de que "debido a la gran cantidad de colectivos movilizaros y a lso indicios violentos que se habían producido anteriormente, era altamente probable que se produjera una escalada de violencia, de modo que la seguridad solo se podía garantizar mediante la suspensión de la votación del 1-O", señala el fiscal. Añade que con el llamamiento de todos ellos a participar en el referéndum "no solo secundaban la actuación de acoso, intimidación y violencia sino que daban apoyo explícito y expreso a la estrategia de impedir la acción del Estado (...), siendo conscientes de que ello comportaba en un alto grado de probabilidad el empleo de actitudes de violencia y enfrentamiento".

En cuanto a la declaración de independencia, el escrito niega que fuera "meramente simbólica", puesto que las autoridades "tenían preparado todo un paquete de normas que desarrollaban el nuevo marco jurídico de la república" y "un plan para que los Mossos asumiesen la seguridad de todas las infraestructuras y el control efectivo de todo el territorio" catalán. Y destaca la intervención del Rey tras la votación ilegal y las huelgas generales que se habían producido.