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LOS JUICIOS DEL 'PROCÉS'

La Abogacía del Estado pide para Junqueras la mitad que la fiscalía

Solicita 12 años para Junqueras y 11 años y medio para el resto de los exmiembros del Govern

Pide la misma pena que el fical para los 'exconsellers' acusados de malversación, que cifra en 1,9 millones de euros

Ángeles Vázquez

La ministra Dolores Delgado, escuchando a la oposición, durante un pleno en el Congreso de los Diputados.

La ministra Dolores Delgado, escuchando a la oposición, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. / JOSE LUIS ROCA

La Abogacía del Estado considera que lo ocurrido en Catalunya hasta declarar la independencia unilateralmente fue consitutivo de los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave, por los que pide penas que oscilan entre los 12 años de prisión y la multa para los 18 procesados. La mayor pena es para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, lo que contrasta con los 25 años de cárcel que pide para él la fiscalía. Le siguen cinco 'exconsellers' para los que los Servicios Jurídicos del Estado piden 11 años y medio. [Sigue las últimas noticias sobre Catalunya en directo.]

La pena superior corresponde a los antiguos miembros del Govern, que jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1-O. A seis de ellos -Junqueras, el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, el de Presidencia Jordi Turull, Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Josep Rull (Territorio) y Dolors Bassa (Trabajo)- se les acusa de sedición y malversación. Para estos cinco pide una condena de 11 años y medio por su estatus de "autoridad" y haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición" como miembros dle Govern.

Según el abogado del Estado, la malversación fue el medio necesario para cometer la sedición, consistente en alzarse "pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes" o el cumplimiento de "resoluciones administrativas o judiciales". 

"Es una obviedad decir que el proceso descrito (…) es imposible que se realizara sin la realización del correspondiente gasto público. Gastos tales como los relativos a publicidad institucional, organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales, aplicaciones informáticas, locales para el recuento, etcétera", relata el escrito.

En el caso de los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados -Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santiago Vila (Empresa)- la Abogacía del Estado aprecia los delitos de malversación y desobediencia grave por autoridad pública. El primero, por adoptar "los acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos". El segundo, por desoír sistemáticamente los acuerdos del Tribunal Constitucional. Por ambas infracciones pide para ellos siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa.

Son los principales damnificados del escrito del escrito de la Abogacía del Estado, al pedir para ellos la misma pena que la fiscalía. Aunque admite que aún no consta el dinero gastado en distintas partidas, como la relativa a páginas web, el escrito cifra la cantidad presuntamente malversada en 1.971.601,42 euros, resultante de las siguientes partidas: 110.263,51, 269.196,04, 93.179,56, 184.624,85, 979.661,96 y 334.675,50 euros.

Líderes sociales

A los líderes de Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el escrito los señala como autores de un delito de sedición que también habrían "inducido, sostenido y dirigido", aunque sin contar con la condición de "autoridad", por lo que pide para ellos ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta. 

Su papel, según el escrito, habría sido el de liderar la movilización social "como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales” que exige el delito de sedición. Gracias a su acción se produjeron “actos contra decisiones judiciales legítimas y contra la actuación de autoridades o funcionarios públicos que pretendían dar cumplimiento a esas resoluciones judiciales”. 

Por último, el tercer polo de esta actuación presuntamente delictiva, estuvo formado por los antiguos cargos del Parlament. Para su expresidenta Carme Forcadell se solicitan 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta como presunta autora de un delito de sedición. Forcadell, al igual que los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat acusados, tenía condición de "autoridad" al ejecutarse los hechos. 

El exvicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, se enfrentarán a peticiones de multa de 10 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de un año y ocho meses por presunta desobediencia grave. 

El mismo delito se achaca al exsecretario tercero de ese órgano, Joan Josep Nuet, y a la expresidenta del grupo de la CUP Mireia Boya. Sin embargo, en estos dos últimos casos, las condenas reclamadas se reducen a multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Todos ellos, según los Servicios Públicos del Estado "debían haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional y, a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos personales que les formuló el Constitucional para que se abstuvieran de tramitar iniciativas de esa índole, votaron sistemáticamente a favor de su admisión, abriendo la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, estatutarias y legales así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la legalidad". Entres sus iniciativasfiguran la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.