LA JUDICIALIZACIÓN DEL 'PROCÉS'
El TSJC rechaza que Rajoy declare como testigo en el juicio del 9-N
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rechazado este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaren como testigos en el juicio por la consulta del 9-N. El abogado del expresidente de la Generalitat Artur Mas solicitó en su escrito de defensa el testimonio del jefe del Ejecutivo central, igual que hicieron los letrados de la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y de la 'exconsellera' de Ensenyament Irene Rigau. Los tres exaltos cargos del Gobienro catalán están acusados de desobediencia al Tribunal Constitucional al haber impulsado el proceso participtivo soberanista. La fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para el exmandatario catalán y nueve para Ortega y Rigau.
En una resolución que aborda la admisión o inadmisión de las pruebas propuestas por las partes para el juicio que empezará el lunes 6 de febrero, los magistrados del TSJC que juzgarán el caso consideran que la prueba testifical solicitada por la defensa es "impertinente", al entender que las declaraciones públicas de Rajoy sobre la consulta alternativa "son absolutamente ajenas" al objetivo del proceso judicial. Las defensas pidieron que declarara para interrogarle sobre "el contenido y alcance de sus declaraciones públicas con ocasión del proceso participativo". Según lo letrados, tanto Rajoy como el ministro Rafael Catalá minimizaron la importancia del 9-N.
Los magistrados del alto tribunal no solo descartan estas testificales, sino que también desestiman incorporar al juicio como prueba documental las intervenciones de Rajoy y Catalá ante los medios de comunicación, entre ellas la declaración en la que el presidente del Gobierno afirmó: "El 9-N no es un referéndum, ni una consulta, ni tiene efecto jurídico".
CON GARANTÍAS
La sala acepta, por el contrario, que en el juicio testifique el 'exconseller' de Presidència y diputado en el Congreso Francesc Homs (PDECat), aunque precisa que deberá declarar asistido por un letrado para no provocar "mengua alguna de las garantías" a que tiene derecho por ser investigado por el Tribunal Supremo por su papel en la consulta independentista.
El tribunal también ha vetado la testifical del juez del Tribunal Supremo de Croacia Marin Mrcela, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción, que proponían las defensas, porque a su parecer no existe "constancia alguna" de su relación con el objeto del juicio.
DE GISPERT Y TRIAS
Entre los testigos que el tribunal ha aceptado que declaren figuran la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, el que fuera alcalde de Barcelona durante el 9-N, Xavier Trias, el expresidente del Consell Assesor per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, así como el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch. Y entre las pruebas documentales se ha admitido el vídeo de la comparecencia institucional de Mas sobre la consulta, así como los escritos que el Tribunal Constitucional remitió al Govern y la información propuesta por la defensa relativa al dominio de la web que impulsó el Ejecutivo catalán para organizar la votación.
Otros documentos aceptados son los manuales para el uso de los ordenadores y la organización de los voluntarios que colaboraron en la votación, así como las actas de los plenos municipales que se autoinculparon por la consulta y los expedientes que el Departament de Governació firmó con el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) para que los reclusos fabricaran las urnas utilizadas en la consulta independentista.
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