¿Dónde queda el Pacto de Estado sobre violencia machista?

El lunes nos despertamos con la noticia de otro feminicidio en Catalunya. Una mujer asesinada a manos de su pareja y ante sus hijos. Es una de las primeras consecuencias –extremadamente dramática– del recorte en la adjudicación de recursos económicos al Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado el 28 de septiembre del pasado año. 

Fueron más de diez meses de arduo trabajo político y de las entidades para llegar a unos compromisos de mínimos en un Pacto de Estado en el que el Gobierno –y más concretamente la ministra Dolors Monserrat– prometía 200 millones de euros anuales durante cinco años. Aun no siendo suficiente, garantizaba poder responder a una parte de los compromisos establecidos. Sin embargo, recientemente hemos constatado –en el proyecto de Presupuestos generales– que la partida designada a abordar una de las más importantes lacras sociales que vivimos será solo de 80 millones para el 2018.

Debemos poner luz y taquígrafos y hablar de lo que significa el compromiso político. Este debe dejar de ser un concepto vacío de contenido que se usa solo como retórica para acallar la denuncia social. El compromiso y la voluntad política deben traducirse en dotación económica. Esto es hacer política. ¿Para qué? Para educar en la igualdad y prevenir la violencia machista en los colegios, para proteger y atender a todas las personas víctimas de la violencia, para dotar y proporcionar órdenes de protección siempre que sean necesarias, para sensibilizar y formar de forma integral y coherente a la judicatura, para sensibilizar a los medios de comunicación de cómo hablar del machismo y la violencia, etcétera. En definitiva, para erradicar la desigualdad de género en la que se sustenta la violencia machista y la violencia en sí misma.

Responsabilidad judicial

Ante la dramática constatación, una vez más, de esta necesidad debemos ir más allá y empezar pedir responsabilidades a los estados por la desidia y la falta de actuación. Responsabilidad judicial, más allá de la política. Porque al final, esta desidia mata.

Los gobiernos –y en este caso el Gobierno del PP– deberían dejar de mirar hacia otro lado en el abordaje de las violencias machistas. Es evidente que los cambios sociales son lentos y se producen gradualmente, pero desde el 2004, año en el que entró en vigor la Ley Integral contra  la Violencia de Género, ha habido tiempo suficiente para promover e impulsar cambios drásticos que contribuyeran a mejorar la situación.

Cuando a menudo se plantea en los debates y tertulias por qué la violencia machista no presenta mejores datos con el avance de los años conviene poner en el foco del problema esta falta de dotación económica endémica. Nunca se pueden traducir en medidas concretas todas las propuestas plasmadas en la ley o, en este caso, en el Pacto de Estado por esta falta de presupuesto. Por consiguiente, ¿deberíamos empezar a plantearnos si los estados son cómplices de los asesinatos machistas por no contribuir suficientemente a evitarlos?