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El Gobierno ultima cambios en la ley integral contra la violencia machista

Sanidad considerá víctimas a mujeres que no son agredidas por sus parejas o exparejas

Se incluirá a las madres cuyos hijos sean asesinados y se limitará el régimen de visitas a los maltratadores

Patricia Martín

Manifestación en Barcelona contra la violencia machista convocada por la Xarxa de Dones Feministes.

Manifestación en Barcelona contra la violencia machista convocada por la Xarxa de Dones Feministes. / ADRIANA DOMÍNGUEZ

El Gobierno llevará en breve al Consejo de Ministros la reforma de la ley integral contra la violencia machista, que un grupo de trabajo radicado en el Ministerio de Sanidad ultima para adecuarla al pacto de Estado aprobado en el Congreso en septiembre, con la abstención de Podemos. Está prevista la modificación de una veintena de artículos, así como la introducción de cambios en el espíritu de la norma para ampliar el concepto de violencia machista a los tipos de agresiones a las mujeres recogidos en el Convenio de Estambul, ratificado por España e incluidos en el acuerdo. La norma española vio la luz en el 2004 con el espíritu de proteger a las mujeres de sus parejas o exparejas, pero ahora se incluirá como víctimas del machismo también a las sometidas a la esclavitud de la trata; la explotación, el acoso y la agresión sexual, así como aquellas que sufran mutilación genital y matrimonio y esterilizaciones forzosas.

La ampliación del concepto generó debates encendidos durante la negociación del pacto, dado que no había consenso en cómo ampliar la ley integral sin mermar recursos, que son limitados, a las mujeres que ya están amparadas; teniendo en cuenta además que la violencia no cesa y cada vez hay más denuncias y, pese a ello, en el 2018 hubo más víctimas mortales (49 frente a 44 en el 2016).

Finalmente se consensuó que las otras violencias incluidas en el Convenio de Estambul serán recogidas en las estadísticas oficiales, para, en primer lugar, tener conocimiento de las cifras reales, y se harán campañas preventivas. Así, casos como el Diana Quer, de confirmarse que fue un intento de agresión sexual, se reflejarán en los recuentos. El resto de medidas a implementar, por contra, se recogerán en leyes específicas, como las destinadas a mejorar la protección de las víctimas de violaciones y de la trata, respectivamente, que aún están en fase de elaboración muy embrionaria.

En cumplimiento del pacto, el Gobierno publicará en las próximas semanas, eso sí, un estudio sobre la percepción en torno a la violencia sexual, lo que se unirá a la primera campaña estatal destinada a su prevención.

Los menores

Muchas de las medidas incluidas en el acuerdo van destinadas, por otro lado, a aumentar la protección de los menores, que ya son considerados víctimas como sus madres del maltrato. Así, "se suspenderá de manera imperativa el régimen de visitas" a los padres maltratadores, no solo como medida cautelar sino también como parte de su pena. Como complemento, se incluirá en las estadísticas y los recursos a recibir a las madres cuyos hijos sean asesinados por sus parejas para hacerles daño.

En un segundo paquete legislativo se cambiarán las leyes de enjuiciamiento criminal o el Código Penal, para cumplir con otras medidas del pacto estatal, no consideradas tan urgentes. Según el Gobierno, pese a la falta de presupuestos, dado que las cuentas del 2018 no están aprobadas y es difícil de prever si Mariano Rajoy conseguirá los socios necesarios, la mitad de las 214 propuestas están en fase de ejecución o estudio, y el resto se pondrán en marcha en los cinco años incluidos como fecha tope. Eso si la exclusión de los presupuestos del 2018 de los 120 millones que deben invertir autonomías y ayuntamientos no rompe definitivamente el acuerdo.

Además, se modificará la ley de régimen local para devolver a los consistorios las competencias en la lucha contra el maltrato, que el Gobierno les arrebató en 2013 con la aprobación de la norma para racionalizar sus gastos.