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El pacto de Estado contra la violencia machista se tambalea

El PSOE acusa al Gobierno de "usurpar" 120 millones a las autonomías y los ayuntamientos

Las asociaciones de mujeres barajan movilizarse si el Ejecutivo no rectifica e incrementa los fondos

Patricia Martín

Dolors Monserrat , Ministra de Sanidad. 

Dolors Monserrat , Ministra de Sanidad.  / DAVID CASTRO

El pacto de Estado contra la violencia machista, que se aprobó en el Congreso en septiembre del año pasado, con la abstención de Podemos, y que ratificaron las autonomías en diciembre, se deshace como un azucarillo a las primeras de cambio. Y eso que los asesinatos de mujeres no cesan y este lunes un hombre acabó en Blanes con la vida de su esposa, lo que incrementa a ocho el número de víctimas mortales en el 2018. El motivo del desencuentro es la financiación necesaria para poner en marcha las más de 200 medidas consensuadas y que los expertos y las asociaciones de mujeres esperan como agua de mayo. El acuerdo establece que las propuestas "solo podrán ser llevadas a cabo si vienen acompañadas de un sustento económico suficiente", que se fijó en 1.000 millones de euros adicionales a repartir en cinco años. Este año corresponde invertir los primeros 200 millones, de los cuales 80 se han consignado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero los otros 120, a gestionar por las administraciones territoriales, están en el aire.

El Gobierno sostiene que comunidades autónomas y ayuntamientos los deben extraer de la financiación autonómica, que este año aumentará en más de 4.000 millones. Por el contrario el PSOE, algunas autonomías, la federación de municipios y provincias (FEMP) y las principales asociaciones feministas consideran que debería haber partidas específicas en las cuentas estatales, y al no estar, acusan a Mariano Rajoy de "incumplir" el acuerdo.

La literalidad del texto rubricado se pone del lado de la oposición. El documento aprobado establece que la financiación de la lucha antimachista debería tener un "carácter condicionado", una "asignación financiera específica" y "finalista", con el objetivo de evaluar "adecuadamente el impacto de la inversión". Según relata la portavoz parlamentaria del PSOE, Ángeles Álvarez, el PP se resistió durante una tarde a incluir estos términos en el pacto, pero finalmente aceptó cuando se dio cuenta de que, si no, la negociación saltaba por los aires. Por ello, los socialistas, que reclaman una "reunión urgente" con la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, acusan al Ejecutivo de "engañar", con su intención de "usurpar" 120 millones. "Solo buscaban una foto", denuncia la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo.

Andalucía o la FEMP

Algunas de las autonomías gobernadas por el PSOE como Andalucía y Baleares se han sumado a la denuncia, mientras que la FEMP, institución presidida por un socialista pero normalmente apartidista, ha pedido por carta a Monserrat que reconduzca la situación antes de que los Presupuestos, si es que el Gobierno logra el difícil apoyo del PNV, ven la luz.

Del lado contrario, el Ejecutivo sostiene que partidos y instituciones ya sabían que el incremento presupuestario territorial sería vía financiación autonómica y que la ley impide que estos fondos sean finalistas. Fuentes gubernamentales señalan que el problema es que comunidades y consistorios no quieren invertir su parte y pretenden que esta proceda del Estado. Aun así, la ministra de Sanidad se ha mostrado "confiada" en que las administraciones cumplirán, como firmantes del pacto. Para comprobarlo, se pondrá en marcha una comisión de seguimiento del acuerdo. Ciudadanos, de hecho, considera que este órgano -que ha solicitado dos veces que se ponga en marcha- dilucidará efectivamente que el gasto en acciones contra el maltrato se efectúa.

El modelo y las transferencias

La versión gubernamental hace aguas si se tiene en cuenta que los 4.000 millones más de financiación autonómica -y los 235 de los ayuntamientos- provienen del cálculo matemático que resulta de aplicar el modelo, y en ningún sitio se indica -ni el Gobierno así lo ha dicho- que este montante se haya incrementado en virtud el pacto. Además, según los socialistas, existe la posibilidad de incluir transferencias a autonomías en los Presupuestos Generales, de modo que no sería un instrumento extraordinario. De hecho, la formación de Pedro Sánchez, que rechaza las cuentas, presentará enmiendas parciales que incluirán los 120 millones.

Un problema añadido a que el Gobierno "escatime" este dinero, según denuncia la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, es que se renuncia a "coordinar" y "controlar" efectivamente la inversión, al dejar esta al albur de lo que decidan otras administraciones.

Desde la Federación de Mujeres ProgresistasYolanda Basteiro, advierte de que si el Gobierno "no rectifica", estudiarán poner en marcha movilizaciones, teniendo en cuenta que, como se evidenció el 8-M, la igualdad es un tema candente en la sociedad española.

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