La presidenta de Perú califica de "guerra" las protestas en su contra

"No entendemos porque nuevamente atizan sus banderas de guerra". Dina Boluarte, presidenta interina de Perú, se prepara este miércoles para una nueva prueba de supervivencia. Con un respaldo de apenas un 14,4% de los peruanos, de acuerdo con la última encuesta de la consultora CPI, enfrenta la "tercera toma de Lima", un movimiento que, desde el postergado sur, vuelve a la capital para reclamar lo que a estas alturas parece imposible: elecciones anticipadas y el cierre del desprestigiado Congreso.

Dina Boluarte quiere seguir como presidenta de Perú hasta 2026

Boluarte es observada como un síntoma más de la profunda crisis de representación política que atraviesa Perú, con expresidentes encarcelados o llevados al suicidio antes de ser detenidos, como sucedió con Alan García. Ella toma la nueva movilización como un desafío personal. La procesión que llega de Cusco, Piura, Arequipa y Apurímac "es una amenaza a la democracia, al estado de derecho, a la institucionalidad. Y nosotros, como gobierno democrático, no lo vamos a permitir ni aceptar".

Las muertes por las protestas en Perú alcanzan las 66

Boluarte reemplazó al destituido Pedro Castillo en diciembre pasado. Aunque pertenecían al mismo partido, Perú Libre, en apariencias de izquierdas, la mandataria provisional no dudó en aliarse con los sectores más conservadores para manejar el Ejecutivo hasta 2026. En las vísperas de la "tercera toma", respaldó enfáticamente a las fuerzas seguridad, sobre las que recae la sospecha de delitos de lesa humanidad en las manifestaciones de comienzos de año. Los uniformados, recordó, "solo cumplen su trabajo", y es velar por la tranquilidad de la capital. "No se puede permitir que se agreda a la PNP (Policía Nacional)".

Para la presidenta, la "tercera toma" no tiene razón de ser, como tampoco la tuvieron los intentos precedentes. "Les digo a los hermanos que marchan que no se dejen sorprender, engañar, porque los que tienen la agenda política, ese es su interés, de querer generar caos, de querer vender una imagen inapropiada del país hacia afuera, de querer impedir que las inversiones vengan al país".

El fútbol primero

Perú rechaza un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acusa al Gobierno de perpetrar una "masacre"

La normalidad de Lima ha sido previamente alterada por un fuerte dispositivo de control. La policía busca sospechosos en los barrios populares y el centro. El operativo trae su cuota implícita de racismo: a mayores rasgos indígenas, más potencialmente sospechosos de querer participar de la protesta.

"El derecho a la movilización, el derecho a la protesta, tiene la más importancia en un Estado constitucional de derecho. Estos derechos son consustanciales a la democracia, pero como todo derecho, no es un derecho absoluto", advirtió el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, quien llegó al dislate de responsabilizar a los participantes de la manifestación de poner en peligro dos partidos de fútbol altamente esperados por los limeños. "Todos queremos ver con tranquilidad el normal desarrollo del clásico Alianza Lima con Universitario".

Hartazgo y final abierto

"El discurso oficial descalificador frente a las protestas no hace sino azuzar más el sentimiento opositor", consideró Martín Tanaka, columnista del diario limeño El Comercio. A su criterio, es "imposible" predecir las derivaciones de la "tercera toma" dada “la inestabilidad y volatilidad de la situación política". Los peruanos, añadió, saben sin embargo algunas cosas de antemano. "Existen muchas razones para que mucha gente simpatice con las protestas y esté dispuesta a sumarse a ellas. El 80% de los ciudadanos desaprueba la conducción del Gobierno y el 91%, el desempeño del Congreso". A esto hay que sumar que, tras la crisis de diciembre pasado y enero de este año, el Ejecutivo "ha mostrado bastante displicencia en cuanto a investigar y sancionar a los responsables por las 49 muertes ocurridas en el contexto de las movilizaciones". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó meses atrás que “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” y calificarse como masacres.

El organismo interamericano informó que seguirá de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Lima. Asimismo, recordó "las recomendaciones de su último informe", altamente crítico con las autoridades peruanas, y llamó al Estado a "observar los estándares interamericanos sobre protesta y derechos humanos y abrir canales de diálogo".

Agitando fantasmas

El Gobierno provisional decidió no obstante recorrer el camino de la intimidación. Tanto Boluarte como su equipo ministerial y los militares, el principal sostén de la presidenta, según distintos analistas, han insistido en asociar a las protestas con el grupo terrorista Sendero Luminoso, desarticulado casi por completo hace tres décadas y con algunos remanentes en zonas rurales. El calificativo de "terruco" prolifera en boca de funcionarios.

Perú: la rebelión de los "pobres diablos"

Más allá de la agitación de esos fantasmas, el Perú de las postpandemia explica varias de las razones del malestar colectivo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha revelado que una de cada tres peruanos se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria. Se trata de 16,6 millones de personas.  El 90% de los habitantes de la populosa periferia limeña no saben si comerán al otro día.

Investigan a Boluarte

En este contexto, el fiscal Miguel Ángel Puicón Yaipén pidió que se realice una pericia de El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, un libro escrito por Boluarte y que, de acuerdo con una denuncia, ha sido plagiado en un 55% de su contenido. "Nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público", se defendió la mandataria.