La protesta política se instala en Lima y alcanza nuevo impulso en el sur peruano

Lima ha sido escenario por segundo día consecutivo de intensos enfrentamientos entre manifestantes que reclaman la dimisión de la presidenta provisional, Dina Boluarte, y fuerzas de seguridad. Boluarte dijo estar más firme que nunca al frente del Ejecutivo, pero el conflicto político, que estalló en el sur y se extendió hacia la capital, no ha hecho más que acelerar su desgaste. La crisis promete agudizarse. MIles de personas, en su mayoría campesinos y campesinas, han hecho sentir su voz en el centro urbano más importante del país. Hasta el momento han fallecido 60 ciudadanos, según medios locales. Lo que se exige también es el cierre del Congreso, altamente desprestigiado, y la realización de elecciones este año.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima mostraron que manifestantes intentaban ingresar por calles paralelas hacia la céntrica avenida Abancay, donde se encuentran las sedes del Congreso y la Fiscalía peruana. El grueso de las personas movilizadas fue detenido por un numeroso cordón policial a la altura del Parque Universitario. En la cercana avenida Nicolás de Piérola, la policía motorizada comenzó a perseguir a hombres y mujeres de a pie. Grupos de agentes también bloquearon las calles cercanas al Mercado Central y el Barrio Chino de Lima. Hasta la zona llegaron tanquetas y vehículos blindados multipropósito de la Policía Nacional, así como vehículos y camiones de la Marina de Guerra, aunque sin que estos intervengan directamente en los enfrentamientos.

El general Víctor Zanabria, jefe de la Región Policial de Lima, declaró al Canal N que en Lima "hay unas 2.500 personas haciendo actos violentos que la Policía controla haciendo uso de medios químicos". Boluarte, en tanto, se reunió este viernes con el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, en Palacio de Gobierno. La cita tuvo lugar luego de que la mandataria provisional advirtió que serían juzgados quienes "generen actos de violencia y destrozos a la propiedad privada y del Estado".

🔴 #LasMañanas | Jennie Dador (@JennieDador): "Después de estas 50 muertes, el gobierno de turno tiene que asegurarse impunidad. [...] La Sra. Dina Boluarte, el ministro de Defensa, del Interior van a enfrentar procesos penales, muchos de ellos van a terminar en la cárcel". pic.twitter.com/34G9gwuhzO

— Nativa (@somosnativa) 20 de enero de 2023

Preocupación de los organismos humanitarios

Christian Salazar Volkmann, alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, calificó de "inaceptable" la existencia de más de 50 fallecidos y pidió que sean investigados esos decesos. Pero, a su vez, expresó su inquietud por la "estigmatización" de la protesta por parte de las autoridades, que suele calificar "terroristas" a los peruanos que se han movilizado. “Hemos hablado sobre la necesidad del Estado para que garantice el derecho a la manifestación, aun en situaciones tan complejas como el país lo vive ahora".

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) aseguró al respecto que "se ha construido" en ese país "una estructura institucional que busca procesar a líderes sociales como si fueran terroristas". Esa política se remonta a los años del autócrata Alberto Fujimori y no se ha modificado con el cambio de siglo. Sindicalistas, dirigentes regionales o representantes de las comunidades han corrido el riesgo de ser tachados de "terrucos", un modo de asociarlos al grupo terrorista Sendero Luminoso. Según Pérez, "la regulación de la figura de terrorismo no es compatible en Perú con los estándares internacionales. El terrorismo exige que se lleven a cabo actos violentos contra la vida; en cambio, la figura penal en Perú es excesivamente amplia y permite considerar actividades terroristas la participación en marchas o la realización de conversatorios públicos".

Mayor tensión en el sur

La destitución del presidente Pedro Castillo, a comienzos de diciembre de 2022, encendió la mecha del estallido, especialmente en el sur del país. Detrás de la disputa política se esconde, según analistas, un problema mayor: la historia de las grandes asimetrías entre una Lima más opulenta y beneficiaria de los años de crecimiento económico sostenido, y un interior donde es mas marcada la desigualdad social. Una encuesta de Oxfam Perú de meses atrás es elocuente al respecto: el 72% de peruanos considera que la desigualdad entre ricos y pobres es muy grave, mientras que un 61% estima que la brecha es mayor entre las ciudades y las zonas rurales.

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En este contexto recrudecieron los incidentes en las regiones más comprometidas con el reclamo. El corte de carreteras tiene tal impacto que, se informó, unos 120.000 camiones y 10.000l buses se encuentran varados en distintas rutas del interior.

Un grupo de manifestantes atacó este viernes la comisaría del municipio peruano de Zepita, en el sureño departamento de Puno (fronterizo con Bolivia). Las comisarías puneñas de Desaguadero e Ilave también fueron blanco de la ira de manifestantes. Las tres localidades se encuentran en línea y conectadas con el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Desaguadero, un puesto aduanero quemado horas antes.