La píldora abortiva, en manos del Supremo de EEUU: las claves de la batalla judicial

El medicamento

La mifepristona fue autorizada en el año 2000 por la agencia del medicamento estadounidense (FDA por sus siglas en inglés). Es un fármaco de uso extendido en todo el mundo que bloquea la producción de progesterona, la hormona que permite que se desarrolle el embarazo. Normalmente, se usa combinado con misoprostol, otro medicamento que provoca la expulsión de los contenidos del útero (y que puede usarse solo, aunque con menos efectividad y más efectos adversos).

Desde su aprobación, su uso ha ido aumentando y desde hace tres años los medicamentos son empleados ya para más de la mitad de las interrupciones del embarazo en EEUU, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

Desde 2016, la FDA ha hecho cambios para facilitar el acceso a la mifepristona. Ha ampliado su uso desde las siete hasta las 10 semanas de gestación, permite que pueda enviarse por correo o que puedan recetarlo enfermeras y comadronas o a través de telemedicina. También rebajó de tres a una las citas para obtener una receta. Y en 2019, autorizó un genérico, que es el que ahora se usa en dos tercios de los abortos con medicamentos en EEUU.

La batalla legal

Poco después de la derogación de la <strong>sentencia Roe v. Wade</strong> el verano pasado que acabó con la protección constitucional del aborto, el grupo antiaborto Alianza por una Medicina Hipocrática abrió una oficina en Amarillo (Texas) para iniciar una demanda contra la FDA con otras organizaciones y médicos.

Ese grupo sabía que el caso acabaría en manos del juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk, un magistrado conservador nombrado por Donald Trump. Y el 7 de abril Kacsmaryk, de forma preliminar hasta que llegara el juicio, paralizó la distribución de mifepristona en todo el país. Su dictamen estaba salpicado de lenguaje antiabortista y usó expresiones como "abortistas" para hablar de los proveedores médicos, "aborto químico" o "niño no nacido". Además, aseguró que la FDA había "violado su deber legal" y había "renunciado a preocupaciones de seguridad" al aprobar el medicamento. Menos del 1% de las pacientes que utilizan medicamentos para sus abortos necesitan hospitalización.

La apelación

Kacsmaryk dio siete días de plazo para hacer apelaciones y el Gobierno lo hizo el día 10, cuando recurrió su decisión ante el tribunal de apelaciones correspondiente, en Nueva Orleans. El 12 de abril, un tribunal decidió -por una votación 2-1 en la que dos magistrados nombrados por Trump se impusieron a una nombrada por George Bush- que la mifepristona podía seguir distribuyéndose en EEUU, argumentando que ha pasado demasiado tiempo para recurrir la autorización de la FDA.

El tribunal de apelaciones, no obstante, decidió también que sí se podían dejar sin efecto las medidas aprobadas por la FDA desde 2016 que han facilitado el acceso al medicamento.

El Tribunal Supremo

El Departamento de Justicia de la Administración de Joe Biden hizo una apelación de emergencia ante el Supremo, donde el pasado viernes el juez Samuel Alito (que firmó en verano la sentencia Dobbs v Jackson que acabó con Roe) ordenó paralizar de forma administrativa las restricciones impuestas por el tribunal de apelaciones.

Alito dio de plazo hasta el mediodía del 18 de abril a los impulsores de la demanda original para presentar sus alegaciones. Aunque inicialmente el Supremo debía adoptar una decisión antes de la medianoche del miércoles, Alito ha firmado horas antes de que se agotara ese plazo una orden en la que lo prolonga hasta las 23.59 horas del viernes. Mientras tanto, la orden del Tribunal de Apelaciones no está en efecto y la mifepristona sigue disponible sin limitaciones.

También los laboratorios Danco, cuyo único fármaco es la versión comercial en EEUU de la mifepristona que era la única opción antes de la aprobación del genérico, presentaron un recurso de emergencia ante el alto tribunal, y acusaron al tribunal de apelaciones de Nueva Orleans de haber "creado caos regulatorio en todo el país".

Reacciones

Tanto la Casa Blanca como grupos y activistas a favor del aborto pero también organizaciones médicas y de la industria farmacéutica han denunciado y condenado las decisiones de los tribunales inferiores. Biden subrayó que Kacksmaryk “ha sustituido con su juicio el de la FDA, la agencia de expertos que aprueba los medicamentos” y señaló que si su dictamen prevalece "no habrá virtualmente ningún medicamento aprobado por la FDA que vaya a estar seguro de este tipo de ataques ideológicos y políticos".

También la Asociación Médica Americana ha asegurado que jueces y legisladores no deberían sustituir con su propia opinión la experiencia, conocimiento y autoridad de la FDA" y se ha denunciado que "el tribunal de apelaciones elevó pseudociencia especulativa sobre datos y pruebas, haciendo retroceder de forma arbitraria el acceso a un medicamento seguro y efectivo y dejando a millones de mujeres sin una medicación crítica para la salud reproductiva".

Qué puede pasar

La decisión del Supremo será trascendental. Si diera la razón al tribunal de apelaciones, estaría dando luz verde a limitaciones como el uso de los medicamentos abortivos solo en las siete primeras semanas de gestación, el veto a la distribución por correo de mifespristona o la imposición de tres visitas médicas antes de obtener la prescripción, forzando a muchas mujeres a recorrer grandes distancias para ver a un médico certificado y a realizar varias visitas en varios días. Además, podría hacer que algunos médicos se resistan a recetar un medicamento envuelto en batallas legales, aunque es dudoso que el Departamento de Justicia fuera a perseguir casos, cuando en sus recursos judiciales ha defendido la mifepristona como segura y efectiva.

Varios estados gobernados por los demócratas han empezado ya a incrementar sus reservas de mifepristona (Washington y Massachuttes) y de misoprostol (California y Nueva York). Hay además una decisión adoptada el día 13 de abril por un juez del estado de Washington en una demanda presentada por los fiscales de 17 estados demócratas y Washington DC que obliga a asegurar en esos estados el acceso a la mifepristona.

El dilema de los conservadores del Supremo

Este caso pone en un brete a la mayoría conservadora del Tribunal Supremo. Cuando derogaron Roe, esos jueces aseguraron que el Supremo no debe regular el aborto, sino que esa regulación corresponde a los estados. Y, en su opinión, en aquella sentencia Brett Kavanaugh, uno de los magistrados conservadores, escribió: "Los nueve miembros de esta corte ya no decidirán la legalidad básica del aborto antes de la viabilidad (del feto) para 330 millones de americanos. Ese asunto será resuelto por el pueblo y sus representantes en el proceso democrático en los estados o el Congreso", una idea que ahora pone a prueba el camino legal emprendido por los grupos antiabortistas contra la medicación.

Hace dos años, además, cuando la Administración Trump apeló la decisión de un juez que había eliminado por la pandemia el requisito de ver a un médico para obtener una receta, la mayoría conservadora del Supremo tumbó esa decisión judicial. En aquella ocasión los jueces ultraconservadores Samuel Alito y Clarence Thomas criticaron al magistrado por "atribuirse a sí mismo la capacidad de imponerse a la FDA en una cuestión de seguridad de medicamentos". También John Roberts, presidente conservador del Supremo, opinó en esa ocasión que "los tribunales deben deferencia significativa a entidades políticamente responsables con el historial, competencia y experiencia para valorar la salud pública".