Viaje a la zona cero de la batalla del aborto en EEUU

Estados Unidos se prepara para una regresión. Tras una larga cruzada conservadora, las mujeres están a punto de perder la protección constitucional del derecho al aborto por primera vez en cinco décadas. EL PERIÓDICO viaja hasta la clínica del Misisipí donde se ha librado la gran lucha por preservar los derechos sexuales y reproductivos en el país. "No pararán hasta convertir EEUU en una teocracia", dice una activista.

📸

El nombre oficial es Jackson Women’s Health Organization, pero por el color chicle de sus paredes se conoce como The Pink House, la Casa Rosa. No desentona con el vibrante azul del edificio al otro lado de la calle North State, ni con algunas de las otras edificaciones aledañas en el centro de Fondren, el barrio más ‘hipster’ de la urbanísticamente desangelada capital de Misisipí.
En este pequeño oasis para el peatón de cuatro calles se suceden restaurantes, cafés, tiendas, una bolera y un cine. Buena parte de la zona tiene un aire tan retro que uno de esos establecimientos sirvió, sin alteraciones, como una de las localizaciones de ‘Criadas y señoras’, una película que abordaba la oscura herencia y vigencia del racismo en el Misisipí de los años 60.
Ahora la Casa Rosa está a punto de convertirse en elemento fundamental para otro viaje al pasado, pero no de ficción.

En Misisipí se reinstaurará una ley de 1952 que pena el aborto con hasta 10 años de cárcel

Esta es una clínica independiente donde se practican interrupciones del embarazo, la única que desde 2004 sigue abierta en Misisipí tras años de legislación restrictiva. Después de que el estado aprobara en 2018 una de esas leyes -que prohibía el aborto después de las 15 semanas de gestación y solo incluía excepciones por emergencia médica o anormalidad severa del feto pero no en casos de abuso infantil o violación-, la propietaria desde 2010, Diane Derzis, planteó con ayuda del Center for Reproductive Rights una demanda que logró paralizar la entrada en vigor de la norma.

El caso llegó como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization a un Tribunal Supremo de sólida mayoría conservadora por obra de Donald Trump. Y según un borrador de la sentencia filtrado el 2 de mayo, al menos cinco de los seis jueces de esa mayoría se disponen a derogar la protección constitucional que el derecho al aborto ha tenido en EEUU desde que el Alto Tribunal dictó en 1973 la sentencia Roe v. Wade.

La nueva sentencia, que según el borrador devolverá a los estados la regulación, se espera para cualquier momento de este mes, a principios de julio como muy tarde. A partir de entonces, EEUU serán dos países. En 13 estados gobernados por republicanos hay “leyes gatillo”, que inmediatamente ilegalizarán prácticamente todos los casos de aborto (y en Misisipí se reinstaurará, como una ley de 1952, penas de hasta 10 años de cárcel). Según el Instituto Guttmacher y el Centro para los Derechos Reproductivos, en otros siete la ilegalización se espera de forma inminente y en 10 más el futuro del acceso al aborto legal es incierto.

📸

Más de 37,6 millones de mujeres estadounidenses en edad reproductiva se verán afectadas por esas restricciones frente a las 26,5 millones que viven en los 20 estados gobernados por demócratas que protegen e incluso planean expandir el acceso. Las más afectadas serán las mujeres de minorías raciales y de bajos ingresos.

La Casa Rosa vive sumida en una frenética cuenta atrás. El ritmo de trabajo aumentó desde que el caso llegó al Supremo el año pasado y aún más si cabe desde septiembre, cuando Texas logró con respaldo del Supremo poner en vigor una de las llamadas “leyes de latido”, que prohíbe los abortos después de solo seis semanas de gestación y ha impulsado un sistema perverso que permite a cualquier ciudadano demandar a cualquiera que colabore o preste ayuda para un aborto.

“Lidiamos con una carga masiva de pacientes de Texas y todo el sureste que se suma a la que ya teníamos normalmente”, explican desde la clínica. Se ha pasado de atender tres días por semana a cinco o incluso a veces seis. Se han contratado a dos médicos más, que como los otros tres que trabajan aquí -y a diferencia de la directora, Shanon Brewer, que vive en Jackson- viajan una vez al mes desde fuera del estado.

"Hacemos de escudo para las pacientes, queremos ofrecerles apoyo y defenderlas de ser acosadas e insultadas”, afirma la voluntaria Derenda Hancock

Con unas 300 pacientes a la semana, el tráfico no cesa. Las mujeres, por la ley de Misisipí, tienen que acudir dos días diferentes a la clínica. El primero reciben asesoría, en la que la ley estatal también obliga a los médicos a dar información científicamente no demostrada vinculando el aborto al cáncer de mama. Se les hace un sonograma, en el que también por ley se les debe preguntar si quieren ver la imagen. Y deben esperar al menos 24 horas para volver a someterse a la cirugía o tomar el Misoprostol y llevarse la Mifepristone, la medicación abortiva en dos fases que en Misisipí está legalmente prohibido recetar con telemedicina.

Para recibir a esas mujeres en el aparcamiento, aguardan con sus chalecos arcoirisados estampados con las palabras “escolta clínica” las voluntarias (y algún voluntario) de Pink Defenders, un grupo fundado en 2013 por Derenda Hancock y Kim Gibson. "Hacemos de escudo para las pacientes, queremos ofrecerles apoyo y defenderlas de ser acosadas e insultadas", afirma Hancock.

Ese escudo humano que no hace falta al recibir ninguna otra atención médica aquí es necesario. Porque cada día llegan manifestantes antiaborto ("antis", en palabras de Hancock) a este recinto donde las vallas exteriores están cubiertas por gruesas lonas de plástico negro, señales de “no traspasar” y múltiples cámaras de seguridad, y donde suena música por altavoces para tratar de ahogar los mensajes indeseados.

Este jueves las cosas están calmadas. Al menos no hay “pornografía de fetos”, como la activista califica las sanguinarias fotografías que se suelen desplegar en grandes carteles e incluso en camiones en las protestas antiabortistas. Pero esas imágenes sí aparecen en uno de los dos papeles que ofrece a los coches David Lane, un veterano del Ejército que se define como “reverendo independiente”.

La directora de la clínica, Shanon Brewer. Foto: Reuters

La directora de la clínica, Shanon Brewer. Foto: Reuters

Una mujer accede a la clínica tapándose el rostro. Foto: Reuters

Una mujer accede a la clínica tapándose el rostro. Reuters

Biblia en mano, los acosadores gritan, insultan y anuncian castigos divinos a quienes se acercan a la clínica

A su lado un hombre pasea arriba y abajo rosario en mano. Sentado en una silla frente a la entrada del aparcamiento con un cartel que dice “rezamos por vosotras” está Doug Hiser, quien dice “querer dar esperanza” a las mujeres.

Y, más vociferantes que nadie, están Boris Campos y Adam (el único de los manifestantes que no quiere hablar), quienes biblia en mano gritan, increpan, insultan y riegan con mensajes de supuestos castigos divinos infernales a todo el que llegue a la clínica, ya sean profesionales médicos, pacientes o quienes les conducen hasta allí.

Barbara Beavers. Foto: Idoya Noain

Barbara Beavers. Foto: Idoya Noain

Casi todos los manifestantes llevan cámaras y se niegan a explicar cómo saben cuándo la clínica está abierta

Doug Hiser, el jueves ante la clínica. Foto: Idoya Noain

Doug Hiser, el jueves ante la clínica. Foto: Idoya Noain

Al mediodía un grupo de mujeres dan el relevo a los hombres. Entre ellas, Barbara Beavers y Pam Miller, quien cada vez que una mujer hace el recorrido desde el párking hasta la entrada de la clínica le sigue en paralelo por el exterior, hablando a través de las lonas: insta a no abortar y ofrece servicios como sonogramas gratuitos en un centro cercano.

Casi todos los manifestantes llevan una cámara en el cuerpo. Ni Lane ni Beavers quieren contar cómo obtienen la información de cuándo hay actividad en la clínica (“tenemos nuestros medios”, dice el reverendo). El jueves todos son cristianos. Todos blancos.

Ambas características son señales claras de la raíz “patriarcal" y "supremacista blanca” que identifica en el movimiento antiabortista la doctora Kimberly Kelly, una socióloga de la Universidad Estatal de Misisipí que ha entrevistado a 55 pacientes de la Casa Rosa y a 29 activistas y ha observado 50 horas de protestas para escribir ‘Bible Belt abortion’, un libro de próxima publicación sobre la intersección de raza y religión en Misisipí.

La mayoría de las pacientes en la clínica son mujeres negras, jóvenes, ya son madres, tienen empleos de bajos salarios o dificultades para encontrar trabajo y poder cuidar de su familia”, explica la socióloga desde Starkville. “Ya saben lo que hace falta para mantener una familia y han decidido que no es el momento. Muchas han tenido complicaciones en embarazos anteriores y no quieren arriesgar su vida. Pero a los manifestantes no les importa”, explica. “No tratan a las mujeres como personas. Son objetos que no pueden controlar directamente, así que usan la ley para intentar prohibir el aborto y para acosarlas e intimidarlas”.

No hay ningún tipo de control sobre las personas que protestan ante las clínicas

📸

Kelly asegura que “no hay control sobre quienes protestan”. Recuerda que “hay varias leyes en la ciudad que regulan la proximidad o el ruido... Pero rompen las reglas todo el rato. Y aunque a veces alguien llama a la policía y aparecen, no arrestan a nadie ni ponen multas".

Que esta clínica y Misisipí se hayan convertido en el epicentro del movimiento sísmico sobre el aborto que ya se siente en EEUU es revelador de la cruzada conservadora contra el derecho que se ha estado librando en el país. Y lo es por cuestiones raciales, de género y económicas.

Misisipí tiene la mayor tasa de mortalidad infantil de EEUU, el doble entre los niños negros que entre los blancos. Según datos oficiales, esta dobla la media nacional y cerca del 40% de esas muertes se producen una vez que han transcurrido al menos seis semanas desde el parto. La legislatura estatal, no obstante, rechazó hace unos meses por segundo año consecutivo extender a 12 meses la cobertura posparto en Medicaid, el sistema público de ayuda para las personas de ingresos más bajos, que actualmente solo cubre 60 días.

La ley de Misisipí, donde se hay altos índices de embarazos no deseados y adolescentes, dice que la educación debe promover la abstinencia

Misisipí, donde al menos el 12% de los habitantes vive sin seguro médico, es también el estado más pobre de EEUU (alrededor del 20% de su población). Casi la mitad de las casas donde una mujer es cabeza de familia viven en la pobreza. En un lugar donde el salario mínimo lleva desde 2009 estancado en 7.25 dólares, las mujeres representan más del 70% de la masa laboral de los salarios más bajos. La ley estatal dice que la educación debe enfatizar la abstinencia y está prohibido abordar el aborto y enseñar cómo usar condones u otros anticonceptivos.

Aquí se registran algunos de los índices más altos del país de embarazos no deseados y adolescentes. Y en un estado donde el 44% de la población es de color, las mujeres que no son blancas concentran 80% de los abortos.

Tanto el gobernador Tate Reeves como el líder del Congreso estatal, Phillip Gunn, o la fiscal general, Lynn Fitch, todos republicanos, han defendido estas leyes, incluyendo la que ha llegado al Supremo. La fiscal ha declarado que el derecho a interrumpir el embarazo no es necesario porque “las mujeres tienen oportunidades que no existían hace 50 años y pueden realizar sus sueños y también tener niños hermosos”.

📸

"Estos grupos no pararán hasta que haya una teocracia absoluta en todo EEUU”, afirma Derenda Hanckock

Son palabras que irritan a Cassandra Welchlin, directora ejecutiva de MSBlack Women Roundtable, organización de Jackson que trabaja en la intersección de raza, género y justicia económica. “Nos quieren quitar nuestra capacidad de decidir cómo queremos vivir y gestionar nuestros propios cuerpos. Y no se trata solo del aborto: también del derecho a ganar un salario que permita vivir, tener sueldos igualitarios o acceso al cuidado infantil que se pueda pagar....”, denuncia.

“La hipocresía es que dicen que quieren proteger a los no nacidos pero cuando llega el bebé no hacen leyes o políticas para proteger la vida. Y el aborto va a seguir pasando en este país, aunque sabemos que habrá una criminalización”.

También Kelly, la socióloga, recuerda que Misisipí estará rodeado por estados donde será ilegal abortar. “Las mujeres de ingresos más bajos no podrán conseguir ese dinero para viajar a tiempo a donde necesiten. Son las que se verán forzadas a llevar a término embarazos que no quieren y a tener niños que no pueden mantener ni cuidar. Veremos la pobreza incrementarse entre mujeres y menores”, augura.

Manifestante en favor del derecho a decidir, en Washington. Foto: Reuters

Manifestante en favor del derecho a decidir, en Washington. Foto: Reuters

Tras la sentencia del Supremo, la Casa Rosa planea abrir en Nuevo México

Jane Roe (izquierda), la mujer que ganó el derecho al aborto en los 70.

Jane Roe (izquierda), la mujer que ganó el derecho al aborto en los 70.

“La hipocresía es que dicen que quieren proteger a los no nacidos pero cuando llega el bebé no hacen políticas para proteger la vida"

Sobre el movimiento antiaborto, la "escudo" Hancock afirma que es “gente pro-nacimiento, no provida”. “No les importan los niños una vez que nacen, o las madres solteras que tienen que criar a esos bebés”. De hecho, la activista denuncia que republicanos y conservadores “han hecho de Misisipí una teocracia. Todo es sobre dios. Si no tienes el mismo aspecto que ellos y no crees en lo mismo que ellos eres menos persona. Todo aquí es la biblia”. “Dicen que no hay más ley que la ley de Dios -añade-. Esta gente no está solo contra el aborto. Están contra los derechos de voto, los anticonceptivos, los derechos LGTBQ. Es una larga lista interminable y no pararán hasta que haya una teocracia absoluta en todo EEUU”.
Ella, de momento, planea seguir dedicada al activismo a través de un nuevo grupo que fundó hace un par de años, We engage. Pero ya no será en la clínica a la que ha dedicado casi una década de activismo. Y este jueves, a las puertas del centro médico, recuerda por qué Derzis, la dueña, que vio cómo en otra clínica suya en Alabama explotaba una bomba que acabó matando a un guardia de seguridad e hirió a una enfermera, decidió pintarla con su icónico rosa. “Decidió que ya bastaba de esconderse. Y eligió ese color para decir estamos aquí y no nos vamos a ningún sitio”. Ahora tendrán que volver a las sombras. O irse. Derzis planea abrir la Casa Rosa en Nuevo México.

Un reportaje de EL PERIÓDICO

Textos: Idoya Noain
Imágenes: Idoya Noain y agencias
Coordinación: Núria Marrón y Rafa Julve