Los Mossos d'Esquadra desalojan las naves ocupadas de la calle Salamina de L'Hospitalet

Ya no queda nadie viviendo en las naves de la calle Salamina del barrio de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat que estaban ocupadas desde 2018. Este viernes por la mañana, media decena de dispositivos de los Mossos d'Esquadra han procedido al desalojo de la cuarentena de personas que habitaban el lugar.

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Si bien el desahucio estaba programado para las 9 de la mañana, la policía catalana ha llegado a las naves cuando despuntaba el día, y ha cerrado los dos extremos de la vía para impedir que los colectivos que defienden a los ocupantes pudiesen impedir la acción policial. A esa hora, apenas un puñado de personas permanecía atenta en el puente de la calle Jansana, que cruza perpendicularmente la calle Salamina, y que ha servido como una suerte de atalaya para saciar la curiosidad de los vecinos.

Muchos de ellos, ante el despligue policial y la presencia de una cámara de televisión preguntaban qué estaba pasando. La mayoría, al saber del desalojo, lo celebraba: "Ya era hora", "al fin". Otros, dudaban de que se acabase de producir, con el recuerdo del desalojo frustrado del pasado mes de julio. Los menos, subían el tono de sus palabras: "Que los echen ya, y los que los defienden que se los lleven a su casa". Algunos de los comentarios rayaban en el racismo.

En un bar cercano, camarero y clientes coincidían en congratularse por el desalojo, y comentaban los perjuicios que aseguran sufrir los vecinos. Una pareja de agentes de Mossos que había acudido a tomar un café escuchaban con atención las experiencias que se comentaban.

Una vez ha llegado la comitiva judicial, y fracasados los intentos por suspender de nuevo el desalojo, los primeros en acceder a marcharse han sido los ocupantes de la nave del número 19, en su mayoría de origen rumano. Entre ellos, se encuentran algunas de las personas que ya malvivieron en otra nave, sita en la cercana Avinguda Vilafranca de L'Hospitalet.

Parsimoniosamente, han ido sacando de la nave sus pertenencias: colchones, somieres, ventiladores, bolsas de ropa, carritos de bebé, menaje de cocina, microondas, etc. Utensilios básicos para vivir con los que han llenado una furgoneta hasta los topes. Cuando el vehículo ha quedado completo de material, han empezado a sacar de la nave carros llenos de chatarra, con la venta de la cual se intentan ganar la vida, a la espera de la llegada de una segunda furgoneta para poder cargar todo el material.

Más lenta ha sido la mediación con los ocupantes de las naves con entrada en los números 25 y 31 de la misma calle. En este caso, habitada por personas de origen magrebí, pero con el mismo modo de vida que sus vecinos rumanos, la venta de chatarra. Más allá de algún exabrupto, y de la necesidad de abrir una de las puertas con una sierra radial, el resto de ocupantes de las naves ha acabado por acatar también la orden judicial.

"Ya estoy cansada de tanta bulla y pleito", ha declarado a este diario Yani Martínez, vecina de la calle Jansana. Esta vecina hace distinciones entre la actitud de las dos comunidades de ocupas, asegura que "los que la lían" son los magrebíes: "Van con catanas, prenden fuego, tienen a los vecinos atemorizados, a cualquiera que pasa por la calle le intentan atracar", y mientras narra algunas experiencias vividas va señalando algunos de los responsables: "Mira, este cuando los vecinos le decimos que paren de 'liarla', nos enseña el culo".

No en vano, tal como informó este diario y según los datos facillitados por el Ayuntamiento de L’Hospitalet, desde que empezó la ocupación y hasta el verano de este 2023, las naves de la calle Salamina han acumulado un total de 123 incidencias, la mayoría de las cuales vinculadas con “la alteración del descanso vecinal” por molestias como ruidos, música y fiestas.

Así, alrededor de las 12 del mediodía, con todas las personas en la calle y buena parte de sus pertenencias también en la acera, los Mossos d'Esquadra se han retirado, dejando a la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet al cargo de la situación para impedir que alguna persona volviese a entrar. De hecho, el Ayuntamiento ha instado a la propiedad para que blinde la entrada a las naves y evitar así "más molestias a los vecinos".

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El futuro de los desalojados

Recelosos de hablar con los medios por temor al futuro de los menores que vivían en las naves, y con el peso de tener que cargar sus pertenencias a partir de ahora, los desalojados enfrentan ahora un futuro incierto. Aunque los servicios sociales no se han personado durante el operativo policial, el Ayuntamiento informa que "ha organizado durante el desalojo un dispositivo centralizado en la sede municipal de la calle Santiago de Compostela, 8. Aquí se atenderá a todas las personas que quieran dirigirse y que no han querido venir antes cuando se les ha dicho".

Fuentes municipales aseguran a este diario que solo tres personas han acudido: "El Ayuntamiento les ha ofrecido alojamiento en el Centro Residencial de Estancia Limitada Alps, pero han renunciado asegurando que ya disponen de una solución habitacional". El resto, ya sea por el hartazgo de su situación o por desconfianza, han desestimado la oferta. Las dos familias que tienen un expediente de vulnerabilidad abierto, y que deberían haberse dirigido a la sede de la Concejalía del Distrito 3, tampoco lo han hecho, informa el consistorio. "¿Para qué vamos a ir a Servicios Sociales? Si de verdad nos quieren ayudar, ¿por qué no han venido ahora? No nos quieren ayudar", se lamentaba Nicoleta, una de las personas desalojadas.

El consistorio recuerda que "el 12 de septiembre se comunicó, por medio de Guardia Urbana, que todas las personas que así lo desearan serían atendidas por el equipo de Emergencias de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en las dependencias municipales". En total, "se realizaron entrevistas con dos núcleos familiares (formados por dos adultos y dos menores cada uno) y cinco personas más". Fuentes cercanas a las personas desalojadas desmienten las palabras del consistorio arguyendo que solo alguna de las personas que se entrevistaron con los Servicios Sociales pudieron aportar documentación e información sobre su situación de vulnerabilidad. Explican, además, que desde aquel día no han recibido ninguna propuesta por parte de los responsables municipales.

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