Suspendido el desalojo de una cuarentena de personas en unas naves ocupadas de L'Hospitalet

El desalojo de las naves de la calle Salamina de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) tardará en efectuarse algo más de lo previsto. El lunes 17 de julio, el Ayuntamiento hospitalense ya estaba coordinando el dispositivo para proceder al desahucio, programado para este martes 18. Sin embargo, la tarde antes de la actuación prevista, una juez paralizó el desalojo de la cuarentena de personas y familias que ocupan las naves, ubicadas en el barrio de Santa Eulàlia.

La magistrada incide en que el Ayuntamiento de L'Hospitalet, antes de poder proceder al desalojo, debe concretar las "medidas de realojo concretas" que se prevé ofrecer a los ocupantes de la nave en situación de vulnerabilidad: un total de quince personas, según apuntan fuentes municipales a este diario, de entre la cuarentena de personas que viven en las naves de la calle Salamina.

Es el segundo desahucio que se paraliza en la nave en menos de una semana, después de que la propiedad de los inmuebles también activara un proceso por la vía civil que debía ejecutarse el pasado 13 de julio y que también quedó en suspenso por los mismos motivos.

Falta de realojamiento

El pasado viernes 14 de julio la Guardia Urbana comunicó a los integrantes de la nave el desahucio programado para el próximo 18 de julio a petición del Ayuntamiento, tal y como adelantó el medio local 'Districte 7'. Algunas de las familias ocupantes del equipamiento presentaron entonces un recurso dado que "no se ha prestado la debida asistencia social que se acordó realizar como requisito para el desahucio", invocando así a la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Sin embargo, la juez desestimó aplicar esta ley debido a que no se trataba de un proceso de desahucio al uso, sino de una orden de desalojo por razones de seguridad.

Fue la Fiscalía quien hizo constar que la Ley 18/2007 de derecho a la vivienda sostiene que, tras órdenes de clausura por falta de seguridad en inmuebles donde haya ocupantes, la resolución del cierre "debe prever su realojamiento, provisional o definitivo". Así, al no hacer referencia al realojamiento de los inquilinos de la nave, la juez acordó acceder a la suspensión, una decisión contra la que todavía cabe recurso de apelación.

Conflicto enquistado

Antes de quedar abandonadas, las naves de la calle Salamina pertenecieron a la empresa Metall Alcolea entre 2009 y 2017, momento en el que funcionaban como centro de valorización de residuos no peligrosos. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de L'Hospitalet explican que, durante ese periodo, hubo "numerosas quejas e incidencias por las molestias provocadas por las personas que acudían a la chatarrería y dejaban la calle y los alrededores llenos de suciedad y chatarra".

El Ayuntamiento de L'Hospitalet notificó a la empresa en mayo de 2017 el cese de la actividad al no disponer de "título habilitante suficiente" y fue a finales de 2018 cuando se tuvo conocimiento por primera vez de que las naves estaban ocupadas, de modo que el consitorio lo notificó a la actual empresa propietaria: Residencial Viladecans, S.L.

Desde el año siguiente, la situación de ocupación ha estado inmersa en un periplo judicial en el que todavía persigue y que, tras la última suspensión, ha crispado los ánimos de los vecinos de la zona que llevan casi dos años reclamando el desalojo y denuncian que se ha generado "un clima de inseguridad y desamparo".

En los últimos seis años -desde que se inició la ocupación de las naves-, según los datos del Ayuntamiento, el espacio ha acumulado un total de 123 incidencias, la mayoría de ellas vinculadas a la alteración del descanso vecinal por ruidos, fiestas y música.

Por su parte, los integrantes de las naves defienden que no son conflictivos y confían en que se les dé una alternativa habitacional asumible para abandonar el espacio.