"Para evitar la exclusión social es necesaria la gestión pública directa del Estado, las autonomías y los ayuntamientos"

El 15 de julio EL PERIÓDICO publicó el artículo de Elisenda Colell «Catalunya registra los peores datos de pobreza en diez años». Este artículo es preocupante, es un termómetro para el conjunto de España, pues Catalunya ha sido tradicionalmente una comunidad potente. En los últimos años hubo señales que predecían esto. El 14 de febero de 2020, EL PERIÓDICO publicó el editorial «Desigualdad y pobreza en España» en relación al informe del relator de Naciones Unidas Philip Alston sobre pobreza severa en nuestro país, donde se decía que mientras las clases altas se han enriquecido ha aumentado la exclusión social como consecuencia de unas malas políticas fiscales. Así, en 2018 el 26,1% en España era pobre, y el 29,5% eran niños. Junto a estas señales hay otras. Recuerdo unas palabras de Emmanuel Macron sobre la pandemia que decía que había cosas que debían quedar fuera de las leyes de mercado, pero esas palabras se deben aplicar también a los servicios sociales. Es decir, el tercer sector o la economía social no funcionan, son el Estado, las autonomías y los ayuntamientos quienes deben tomar las riendas de la gestión pública directa, de inversión prioritaria y no eludir responsabilidades con asuntos de políticas sociales.

Como decía el Premio Nobel de la Paz Mohamed Yunus, la pobreza no la crean los pobres, pues estos sufren el efecto, no son los causantes. La causa se encuentra en una falta de compromiso con el país de dar empleos sólidos y dignos, y en decisiones gubernamentales equivocadas, entre ellas financiar el tercer sector mientras hay personas que mueren en la calle. No es necesario ir al tercer mundo para ver esto. Hace unos días se publicó que uno de los nuevos ministros dijo que los españoles nos teníamos que acostumbrar a un 15% de paro, es decir, 3,5 millones de personas en paro estructural.

Este problema está tomando más velocidad que el cambio climático.