25 feb 2020

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Editorial

Desigualdad y pobreza en España

El informe de la ONU contra el aumento de la exclusión en los últimos años ahonda en la urgencia de aprobar nuevas políticas sociales

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El Periódico

Una persona sin hogar, durmiendo en una calle del centro de Barcelona. 

Una persona sin hogar, durmiendo en una calle del centro de Barcelona.  / RICARD CUGAT

Dos semanas en España le bastaron al relator de la ONU de pobreza severa, Philip Alston, para detectar lo que hace años vienen denunciando las entidades sociales. Su informe es un contundente revés a la gestión política de los últimos años. Un país «quebrado» que «ha preferido hacer políticas para los ricos antes que para los pobres», en palabras de Alston. 

En la última década, la exclusión social ha crecido en España seis puntos, mientras que las clases más altas se han enriquecido y pagan la mitad de impuestos. «Se ha gobernado para los más ricos», recalca el autor del informe. España está «a la cola» de Europa en redistribución de la riqueza. Un país rico en el que un porcentaje inusual de población tiene dificultades para sobrevivir. Un país que se recupera de la recesión sin restaurar los servicios públicos recortados. La lista de los problemas es larga: pobreza generalizada, alto nivel de desempleo, crisis de vivienda, inadecuado sistema de protección social, fiscalidad que ampara a los más ricos, alta tasa de abandono escolar prematuro (el peor de la UE)... Al fin, una política que durante años se ha olvidado del bienestar de las personas.  Los números son ilustrativos. En el 2018, el 26,1% de la población en España –el 29,5% de los niños– se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Por colectivos, el informe destaca la desatención a los inmigrantes, las mujeres, los habitantes en zonas rurales, las trabajadoras domésticas y las personas con discapacidad. Especialmente alarmante son las condiciones de algunos campamentos de inmigrantes, que sobreviven en condiciones «mucho peores que un campamento de refugiados».

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Alston indica algunas medidas para combatir la desigualdad, como intervenir el mercado de los alquileres, hacer extensible la normativa catalana para impedir cortes de luz, crear una renta mínima única en todo el Estado y mejorar el mercado laboral. El informe es de una gran dureza, pero no desvela nada que no haya sido denunciado por muchos. El relator centra su esperanza en el nuevo Gobierno y su compromiso con las políticas sociales. La gravedad de la situación debería ser suficiente para conseguir los apoyos necesarios para revertirla.