El perdón de la deuda autonómica se asoma a la negociación del PSOE con ERC

Con la futura ley de amnistía ya prácticamente perfilada, a falta de algunos retoques en la exposición de motivos de la norma, la negociación del PSOE con ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez se dirige ahora a las cuestiones económicas. Los socialistas desean alumbrar un nuevo sistema de financiación autonómica, y así ha quedado incluido en su reciente pacto de coalición con Sumar, pero al mismo tiempo reconocen que una iniciativa como esta, si no cuenta con el concurso del PP, que gobierna en 12 de las 17 comunidades de España, tendría un recorrido muy complicado. 

Aquí es donde se asoma el perdón de la deuda de los territorios como vía alternativa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es la negociadora económica de los socialistas, ya abrió la puerta este verano, poco después de las elecciones generales, al reconocer que uno de los problemas del actual sistema es que “la deuda es asimétrica” entre los territorios y se mostró partidaria de “abordar todos los componentes del puzzle”.  

Las autonomías más endeudadas urgen a Hacienda para que les alivie la deuda

El asunto aún no se ha abordado en las conversaciones con el independentismo catalán, explican en la dirección del PSOE, porque casi todos los esfuerzos en esta primera fase han ido destinados a las cuestiones políticas, con la amnistía en el centro del debate. Fuentes de ERC, mientras tanto, señalan que la condonación de deuda no es una propuesta suya, pero no la rechazan. Al contrario. “La condonación aún no ha llegado a la mesa de negociación", aseguran los republicanos, que dicen que no la propondrán. Ahora bien, si el PSOE lo hace, no lo ven con malos ojos, añaden.

La comunidad con mayor volumen de deuda

Catalunya es la comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en cifras absolutas (86.800 millones de euros) y la segunda, en relación al PIB (el 32,4%), por detrás de la Comunitat Valenciana (43,5% del PIB). Catalunya debe el 84% de su deuda al Estado (73.110 millones) a través de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Con tan elevado nivel de deuda, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el pago de intereses su duplicará en los próximos años -desde el 0,4% del PIB en 2022 al 0,8% en 2028- restando margen de maniobra al presupuesto de la Generalitat para poder atender sus políticas públicas.

Madrid tiene 2,5 veces menos deuda que Catalunya pero similar carga de intereses

En general, cualquier debate sobre una posible medida de alivio de la deuda debería ir precedido de un estudio previo que determine qué parte del pasivo de una comunidad podría ser imputable al peor trato recibido del actual sistema de financiación autonómica. Así al menos lo da a entender la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cuando se refiere a la deuda autonómica. Esto plantea el problema doble de determinar cuáles son las comunidades que están infrafinanciadas y en qué medida.

Entre 2.000 y 40.000 millones

En este punto, la horquilla es amplísima. Un estudio del doctor en Ciencias Económicas y exsecretario de Estado de Hacienda Antoni Zabalza cifra en unos 150.000 millones de euros la deuda que el Estado debería condonar a las autonomías (el 56,5% del total) por el hecho de que los recursos del sistema de financiación no hayan sido capaces de cubrir las necesidades de gasto de las autonomías desde 2007. Para el caso concreto de Catalunya, Zabalza estima una condonación de deuda cercana a los 40.000 millones (el 51,6% de la deuda catalana en 2019).

Otras cifras resultan del informe 'Insuficiencias acumuladas y ruptura de equilibrios en la financiación de las comunidades autónomas', del IvieLab (Generalitat Valenciana). Si solo se tiene en cuenta la peor financiación recibida por Catalunya respecto a la media estatal desde 2002, este informe cifra en algo menos de 2.000 millones de euros la infrafinanciación de la Generalitat en este periodo (solo el 2,5% de la deuda de Catalunya en 2019). Si se tiene en cuenta la 'infrafinanciación total' que el sistema de financiación autonómica vigente desde 2009 ha generado a todas las comunidades de régimen común, el IvieLab eleva a  30.319 millones la condonación de deuda que correspondería a Catalunya (el 38,4% del total de 2019).

De acuerdo a estos estudios académicos -que no de Hacienda ni de la Generalitat- se podría decir que el debate de la condonación de deuda podría abarcar en Catalunya una amplísima horquilla (entre los 2.000 millones del IvieLab y los 40.000 millones de Zabalza). El debate también podría situarse sobre la refinanciación de la masa total de deuda de Catalunya con el Estado (73.110 millones), tal como sugieren algunos expertos en financiación autonómica.

Perdonar deuda sin que se note

Dos maneras de perdonar la deuda

Básicamente hay dos formas de abordar una quita: una condonación de deuda o una renegociación de plazos y tipos de interés. Ninguna de ellas es pacífica desde el punto de vista político.

El primer problema que plantea la búsqueda de un alivio de la deuda autonómica es el del lenguaje. Las palabras 'condonación', 'perdón' o 'quita' parecen proscritas. Se sabe de antemano que cualquiera de estos términos suscitaría recelos en las autonomías en mejor situación financiera, que tienden a ver el mayor endeudamiento de las otras como una muestra de una peor gestión del gasto y no como el fruto de una infrafinanciación. Desde la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ve cualquier intento de alivio sobre la deuda como una medida a favor de “los socios catalanes independentistas” del Gobierno.

Existen alternativas para lograr un efecto financiero equivalente al de una “condonación”. Consisten en renegociar los plazos y los tipos de interés de la deuda, alargando aquellos y bajando estos. Esta fórmula no reduce la deuda pero el equivalente en valor actual es menor cuanto cuanto más largo sea el vencimiento.

Alargar la deuda a 75 años equivale a perdonar la mitad

No obstante, los niveles de deuda de comunidades como Valencia o Catalunya son tan elevados que la vía de reestructurar la deuda solo tendría sentido si se plantea de una forma "muy agresiva", razonaba la socia de Analistas Financieros Internacionales (AFI) Carmen López en una jornada sobre 'Deuda y sostenibilidad de las finanzas autonómicas' celebrada en Valencia en marzo pasado.

Según esta economista, para que una reestructuración de deuda para estas autonomías de verdad fuera efectiva el plazo de amortización tendría que alargarse a 75 años (alcanzando una consideración cercana a la de deuda perpetua) y su coste debería reducirse casi al 0%.

Según los cálculos de AFI, tal reestructuración de deuda equivale a una quita de la mitad de la deuda. "Pero no hay que olvidar que esto sería una solución en el corto plazo. Si queremos garantizar que el endeudamiento autonómico no vuelve a aumentar de un modo heterogéneo, el proceso de quita/reestructuración deberá venir acompañado de una reforma en el sistema de financiación autonómica" que evita que unas comunidades estén mucho mejor financiadas que otras, apuntó la socia de AFI. Carmen López también advirtió de que tal vez las comunidades que no resulten beneficiadas por este proceso exigirían algún tipo de compensación.

La subida de tipos de interés aprieta

La deuda de las comunidades autónomas estalló a partir de la crisis financiera de 2008. En pocos años, pasó del 5,8% del PIB en 2007 al 20,6% en 2013 y al 27,2% en 2020. A mediados de 2023, la deuda autonómica ha cedido hasta una media del 23,2% del PIB, dentro de una horquilla que abarca desde el entorno del 13% del PIB en País Vasco, Navarra, Madrid o Canarias hasta tasas del 43,5% en la Comunidad Valenciana o el 32% de Catalunya, Murcia y Castilla-La Mancha. Estas últimas tasas de endeudamiento serían prácticamente inasumibles para estos territorios de no ser porque el Estado -a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros mecanismos del Tesoro- financia más del 80% de los pasivos de estas comunidades que, a cambio, han perdido la autonomía financiera que sí han preservado otras regiones.

El asunto del alivio de la deuda es un debate viejo. Ya el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) introdujo en 2018 una disposición en la Ley de Presupuestos del Estado que abría la puerta a alargar plazos y bajar intereses al dinero que se debía al propio Estado. Y más recientemente, en esta última legislatura, en octubre de 2021, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero se comprometió con Joan Baldoví (Compromís) en el Congreso de los Diputados a abordar el problema del endeudamiento cuando se abriera el melón de la financiación autonómica. La ministra señaló que la "infrafinanciación" que han padecido desde hace años algunas comunidades (citó en concreto a la Comunidad Valenciana y Murcia) justificaba por sí misma la necesidad de buscar un alivio para el elevado endeudamiento al que ello les había conducido.

Dos años después, el actual ciclo de elevados tipos de interés, que se auguran por un largo periodo, hace más acuciante buscar un alivio a la carga financiera que tendrán que encajar en los próximos años las comunidades autónomas con mayores tasas de endeudamiento. Y la necesidad de la coalición PSOE-Sumar de amarrar apoyos políticos para la investidura de Pedro Sánchez, brinda la ocasión política para avanzar en esta negociación.

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