La oferta del Gobierno a los nacionalistas con la financiación abre la puja entre comunidades

El guiño lanzado por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a ERC y Junts con la reforma “urgente” de la financiación autonómica como gesto en plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez ha zarandeado la escena política.

El PSOE tiene pocas cartas sobre la mesa para convencer a los nacionalistas de su apoyo a un Gobierno con Sumar y la financiación, es decir el dinero que el Estado reparte entre las comunidades, 111.000 millones de euros de entregas a cuenta en los Presupuestos Generales del Estado, vuelve convertirse en moneda de cambio principal. País Vasco y Navarra tienen su propio cupo foral y están al margen de este sistema.

Claves para entender la financiación de las autonomías y su deuda con el Estado

ERC ha calificado de insuficiente la oferta y exige diálogo bilateral, al margen del resto. El PSOE no cierra esa puerta. Las reivindicaciones de las distintas autonomías sobre el modelo de financiación llevan muchos años sobre la mesa pero las exigencias se han despertado ante el temor de privilegios a Catalunya para sacar adelante una investidura. El cofre de los agravios se ha abierto.

El PP avisa a Sánchez de que no puede negociar el modelo de financiación de forma "bilateral"

Ningún barón autonómico va a permitir que la negociación con ERC y Junts para la investidura permita a los catalanes sacar una mayor tajada de la tarta del dinero en detrimento del resto, según han salido en tromba a explicar. El PP ha pedido una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sienta a todos los consejeros autonómicos de Hacienda, para evitar contactos bilaterales. Ahora mismo gobierna 13 de 17 gobiernos, su poder autonómico es mucho mayor que el del PSOE.

Los populares se arrogan capacidad de bloqueo de cualquier propuesta de un nuevo sistema de financiación que no cuente con el apoyo de sus comunidades. Consideran que la propuesta debe salir con mayoría del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el PP es mayoritario (13/17). Sin embargo el reglamento interno del CPFF señala que el voto del Gobierno vale el 50% y el de las comunidades el otro 50%, así que "el Gobierno más una comunidad ya sumarían mayoría". Desde el Ministerio de Hacienda recuerdan además que el sistema de financiación es una ley orgánica que aprueban las Cortes, no el CPFF, por lo que requiere mayoría absoluta en el Congreso, “nada más”. Desde el departamento de María Jesús Montero advierten además de que “no hay constancia” de que ningún Gobierno en funciones haya convocado una cumbre autonómica para la financiación, desechando esa petición de una cita urgente del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.

Encontronazos entre barones

En una cascada de reivindicaciones y advertencias airadas, los distintos territorios han sacado la calculadora para poner precio a su deuda desde el Estado. Andalucía reclama un déficit en las entregas a cuenta desde el Estado de 12.000 millones de euros desde 2009. La Comunidad Valenciana se apunta a una posible quita de deuda desde el Ministerio a las comunidades, una condonación que rechaza de plano Madrid, lo que evidencia de nuevo las tensiones entre las autonomías del PP. Coalición Canaria también ha supeditado su apoyo a Pedro Sánchez a una financiación más favorable para las islas.

El modelo, que fijó compensaciones a través de varios fondos, se ha revelado injusto e incumple los principios de suficiencia y equidad a los que obliga la ley para repartir el dinero que recauda el Estado entre las autonomías y con el que al final se financian servicios básicos como la educación, la sanidad o la dependencia. Las comunidades más pobladas llevan años sumando fuerzas y denunciando que están infrafinanciadas.

Estudios independientes, como el de Fedea, deja constancia de los desequilibrios y distorsiones del sistema, situando a Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla La Mancha, como las más perjudicadas en la financiación por habitante. Un murciano recibiría del Estado 92,3 euros frente a los 117,1 que le tocarían a un cántabro, en la comunidad más beneficiada con el actual modelo. Además el funcionamiento del sistema incumple lo que se llamó principio de ordinalidad, que garantizaba que se recibiera dinero en función de lo que se aportaba a la caja común. Madrid sería la comunidad que más ingresos aporta y la décima en el ranking por recursos recibidos. Catalunya sería la tercera en aportaciones tributarias y la novena en recursos recibidos. El ‘sudoku’ es endiablado.

Aquellas comunidades con menos población reclaman que se compensen otros factores como el envejecimiento de la población o la dispersión geográfica, que encarecen la prestación de servicios públicos. En este grupo están comunidades como Aragón o Galicia, cuyo presidente también ha levantado la voz advirtiendo del “interés egoísta” de pactar una investidura con el sistema de financiación.

ERC marcó el paso

El modelo actual se aprobó en 2009, tras una larga negociación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ERC, denuncias de “privilegios” a Catalunya, el voto a favor de diez comunidades y la abstención de las siete del PP, que fueron muy críticas con el sistema pero consideraron que era más estético abstenerse que votar en contra y luego coger el dinero. El compromiso era revisarlo cada cinco años pero nunca se ha hecho por las tensiones políticas que genera en el Estado de las Autonomías abrir esta negociación.

El Gobierno de Mariano Rajoy decidió ayudar a las comunidades fijando un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), aprobado en 2012, que permitía prestar dinero para dar liquidez a las maltrechas arcas autonómicas pero con unas condiciones al préstamo. Esa fómula ha engordado la deuda de las comunidades y por eso ahora el Gobierno también juega con este recurso, prometiendo condonar deuda a Catalunya, la comunidad que más debe (71.852 millones de euros). Le siguen la Comunidad Valenciana (46.274 millones), Andalucía (25.276), Castilla-La Mancha (11.069), Murcia (9.762), Aragón (4.940), Baleares (4.828), Cantabria (3.100), Galicia (2.759), Extremadura (2.288), Castilla y León (1.966), Canarias (1.296), Asturias (858) y La Rioja (758 millones de euros). Otras como Madrid rechazaron endeudarse en el FLA y por eso alertan contra una quita de deuda, que sería injusta, advierten, para las regiones más cumplidoras.

El último Gobierno fue incapaz también de abordar una reforma de la financiación, volvió a quedarse en un intercambio de documentos técnicos, y entregó dinero extraordinario a las comunidades a través de mecanismo como el Fondo Covid, aprobado en 2020 para ayudar con los gastos extraordinarios por la pandemia.