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Radiografía del diálogo social

La patronal ha dado ‘una de cal y otra de arena’, mientras que los sindicatos han acordado cada una de las medidas planteadas por el Gobierno durante la legislatura

Firma del "Acuerdo por la reactivación económica y el empleo"

Firma del "Acuerdo por la reactivación económica y el empleo" / EFE/Chema Moya

Gabriel Ubieto

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Con la reciente reforma de las pensiones, el Gobierno ha cerrado su calendario legislativo en materia laboral para este mandato. La coalición ha llevado al BOE importantes novedades, como la reforma laboral, la ley de teletrabajo o las recientes subidas del salario mínimo interprofesional. Algunas con acuerdo tripartito, otras únicamente con el apoyo de los sindicatos.

El idilio que PSOE y Unidas Podemos han mantenido con las centrales sindicales contrasta con la posición de la patronal, que ha aplicado una estrategia pragmática en sus relaciones con el Ejecutivo. Allí donde ha podido minimizar daños y condicionar los compromisos electorales de la coalición, como con la reforma laboral, ha acabado entrando a pactar. Mientras que en aquellos ámbitos donde la subida de costes para las compañías estaba asegurada, se ha desmarcado.

La reforma laboral

Tan importante como inesperado, el acuerdo a tres bandas entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para la reforma laboral es uno de los más importantes de la legislatura. Tras un año de vigencia, las limitaciones a la contratación temporal han revolucionado las estadísticas y España, por primera vez en décadas, está acercándose a estándares europeos. La CEOE estuvo fuera del acuerdo en más de una ocasión y acabó entrando no sin diferencias internas.

Que la reforma laboral no recuperara las condiciones de despido -más ventajosas para los empleados- previas a la reforma del PP fue determinante para el 'sí' de los empresarios. Los sindicatos aceptaron moderar sus posiciones y avalaron la norma, que les devolvía poderes en la negociación colectiva que habían perdido con Mariano Rajoy. Pocos días antes de la Navidad del 2021 y tras más de un año de negociaciones se alumbró el pacto, si bien la patronal declinó 'celebrarlo' con una foto de familia.

La reforma de la Seguridad Social

Junto a la reforma laboral, la de las pensiones es la otra gran novedad legislativa que dejará el Gobierno esta legislatura. Y, a diferencia de la primera, los empresarios no la han acabado avalando. La arquitectura diseñada por el ministro José Luis Escrivá para pagar las pensiones de los 'baby boomers' se sustenta en un mayor incremento de los costes laborales de las empresas, que deberán pagar más cotizaciones, especialmente si tienen trabajadores con altos salarios.

Aquí la pinza entre los sindicatos y los partidos a la izquierda del PSOE obligó a Escrivá a modular su reforma y hacerla más garantista para los pensionistas y menos para las empresas de lo que inicialmente pretendía el ministro. La reforma de las pensiones está pensada para desplegarse paulatinamente hasta 2050 y no faltan empresarios que esperan un cambio de ciclo político para que el próximo Gobierno la derogue.

Primer pacto sobre pensiones 

Si bien la CEOE no avaló el último bloque de la reforma de las pensiones, sí estuvo en la firma del primer acuerdo sobre esta materia. En los jardines de Moncloa, Pedro Sánchez firmó junto a patronal y sindicatos derogar gran parte de la herencia del PP e instaurar un nuevo mecanismo, conforme cada año las prestaciones subirían conforme lo que subiera el IPC. Lo que ha provocado que este año, con los precios disparados, las pensiones hayan subido un 8,5%.

El primer bloque de la 'reforma Escrivá' introdujo un sistema de incentivos y penalizaciones para que los trabajadores alargaran su vida laboral y tardaran más en jubilarse. Algo que gustó entre los empresarios y a lo que los sindicatos transaron a cambio de esa subida automática cada año de las pensiones según el IPC. El problema vino cuando el Gobierno quiso negociar fórmulas para pagar el aumento de gasto que esa última medida implica. Y ahí la patronal no quiso entrar.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

El 'no' de la CEOE a la última parte de la reforma de las pensiones no sorprendió a nadie, ya que venía precedido por otro 'no' de reveladoras intenciones. Escrivá decidió ir negociando por capas su reforma y dejó para el final las cuestiones que implicaban una mayor contribución para las arcas de los empresarios. Una de estas fue la aprobación de lo que el Gobierno bautizó como el 'Mecanismo de Equidad Intergeneracional'.

Esta fórmula consistía en aumentar las cotizaciones que cada mes pagan empresarios y trabajadores a la Seguridad Social, para así llenar la hucha de las pensiones. Inicialmente los sindicatos acordaron con el Gobierno subir esa contribución en 0,6 puntos (0,5 a cargo de las empresas) y durante 10 años. "No se ha subido más porque no hace falta", defendió entonces Escrivá. Un año después ha vuelto a pactar con los sindicatos subir dicha contribución el doble y hasta el 2050. Los empresarios no avalaron ni la primera ni la segunda medida.

SMI: idilio al principio, desencuentros al final

Si bien en el tramo final de la legislatura los desencuentros entre el Gobierno y la patronal han sido recurrentes, no fue así justo cuando el PSOE y Unidas Podemos estrenaron gobierno de coalición. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sorprendió a los pocos meses de asumir el cargo con un primer acuerdo con sindicatos y empresarios, cuando determinadas voces la caracterizaban como un elemento peligroso para los segundos, dada su militancia en el PCE.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pactó junto a CCOO y UGT subir el salario mínimo de 900 a 950 euros. Este incremento benefició a más de un millón de trabajadores en toda España e inició una senda de subidas a lo largo de la legislatura, de la que posteriormente los empresarios se han desmarcado.

Subida del salario mínimo en 2021, 2022 y 2023

En 2021, 2022 y 2023 la patronal ha dicho ‘no’ a subir el SMI. Este ha escalado hasta los 1.080 euros brutos al mes, casi un 50% más de cómo estaba cuando Pedro Sánchez entró a la Moncloa. Unos 2,5 millones de asalariados se han visto beneficiados, 250.000 de ellos en Catalunya.

Las desavenencias del final de la legislatura entre el Gobierno y la patronal contrastan con el idilio que vivió el diálogo social al inicio de la misma. Un idilio forzado por la urgencia de la pandemia, durante la cual se llegaron a pactar hasta nueve prórrogas de los ertes. Este escudo social financiado con casi 40.000 millones de euros del erario público se alargó desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022.

Acuerdos más allá de la pandemia

Aunque más allá de la pandemia, también ha habido acuerdos tripartitos. El nuevo sistema de cuotas para los trabajadores autónomos ha sido uno de ellos. Esta era una reforma pendiente ya desde la pasada legislatura y buscaba corregir una anomalía histórica, según la cual los trabajadores por cuenta propia no cotizaban según lo bien o mal que les fuera su negocio, sino escogiendo su propia cuota. Otros fueron la ley de teletrabajo o la ‘ley Rider’, si bien con las normativas de igualdad la patronal se acabó descolgando.

El Gobierno ha hecho del diálogo social una enseña durante esta legislatura que se acerca a su final. Con o sin acuerdo, las grandes normas que ha ido aprobando las ha ido negociando con patronal y sindicatos. Con los segundos ha mantenido un idilio incuestionable y han dado su 'sí' a todas y cada una de las leyes que les han planteado desde el Ejecutivo.

Con la patronal la relación ha sido más ambivalente. El acuerdo con la misma se ha producido cuando las medidas no comportaban un coste directo para las empresas o los recursos provenían desde el Estado. Por contra y especialmente a medida que se acercaban las elecciones, aquellas novedades que han obligado a las empresas a pagar más en su gran mayoría han provocado que la CEOE se descolgara de las negociaciones.

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