El coste del escudo social

Dos años de ertes, ayudas a autónomos y bajas covid: el Estado lleva invertidos 39.050 millones de euros

  • El extraordinario gasto público en el escudo social permite al mercado laboral español recuperar y superar los niveles de empleo previo a la pandemia

Cola delante de una Oficina de Treball de la Generalitat en Barcelona para tramitar el paro.

Cola delante de una Oficina de Treball de la Generalitat en Barcelona para tramitar el paro. / FERRAN NADEU

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

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"Se tiene que sentir satisfecha la sociedad española, ha hecho un esfuerzo sin precedentes para proteger a quien lo necesitaba en el peor momento de nuestra historia", afirmaba el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la última rueda de prensa de los datos del paro del 2021, en la que daba cuenta de cómo la economía española no solo había recuperado los registros previos al covid en materia de ocupación y desempleo, sino que los había superado. 

Ese "esfuerzo sin precedentes" tiene un cifra concreta: 39.050 millones de euros; según confirman desde los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Esa cuantía son los recursos que lleva gastados el Estado en sostener las diferentes medidas del escudo social a nivel laboral, como los ertes, las ayudas para trabajadores autónomos y las bajas por incapacidad temporal fruto del covid. A las que, indirectamente, cabe sumar los créditos ICO, las ayudas extraordinarias a la solvencia empresarial o las múltiples transferencias autonómicas; entre muchos otros.   

El origen de la crisis del coronavirus tuvo unas causas totalmente distintas a las que derivaron en la crisis financiera de hace una década y la respuesta de los gobiernos europeos ha sido, esta vez, distinta. Como muestra, el mensaje que lanzó el FMI al inicio de la pandemia: Los gobiernos deben tomar las medidas necesarias para que las "compañías no vayan a la bancarrota y los trabajadores no pierdan su empleo", afirmó en marzo del 2020. “El coste financiero de una crisis corta, incluso con políticas expansivas y generosas como las que se han adoptado, es mucho menor que en una crisis que se prolonga”, ha sido la máxima aplicada que resumió el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, en esa misma rueda de prensa. 

Retirada progresiva

39.050 millones de euros -de momento- que han servido para cubrir hasta 3,5 millones de trabajadores que llegaron a estar afectados por un erte en los momentos de mayor confinamiento, por más que en ocasiones llegaron con retrasos o incidencias. Así como hasta 1,2 millones de trabajadores autónomos, vía mutuas colaboradoras. Además de los 5,4 millones de procesos de baja por incapacidad temporal cubiertos por la Seguridad Social durante los más de 20 meses de pandemia. De la misma manera que la afectación del virus en la economía ha ido de más a menos y que actualmente la mayoría del tejido empresarial español ha aprendido a cohabitar con el virus, el gasto público también ha experimentado un signo decreciente. 

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Durante el primer año de pandemia (2020) el Estado invirtió 26.850 millones de euros en erte, autónomos y bajas covid. Cifra que durante el segundo año (2021) se moderó a algo menos de la mitad, hasta los 12.200 millones de euros. Los ertes han sido la medida que mayor coste ha acarreado, entre prestaciones por desempleo para los trabajadores y exoneraciones de cuotas para las empresas, concentrando dos de cada tres euros destinados al mantenimiento del empleo.

Ese gasto público seguirá sumando durante los próximos meses, pese a que su intensidad será notablemente menor. Como muestra, en la última nómina de prestaciones el SEPE ‘solo’ gastó 117 millones de euros, menos de 10 veces menos de lo que gastaba en la primavera del 2020. Y es que el número de trabajadores cubiertos es sustancialmente menor: poco más de 100.000 empleados continuaban en erte en diciembre en toda España. Medidas como los ertes y las ayudas a autónomos seguirán en vigor hasta el 31 de mayo y las bajas covid no tienen un horizonte de cobertura definido. 

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