Repartidores de Glovo denuncian su modelo laboral ante Inspección de Trabajo

Repartidores de Glovo han presentado ante la prefectura de la Inspección de Trabajo de Barcelona una denuncia para que se reconozca su relación mercantil con la empresa como una propia de asalariados. Es decir, denuncian lo que interpretan como una condición de falsos autónomos, que afecta a unos 1.000 repartidores en la ciudad de Barcelona, según datos de la compañía.

Siguiendo el mismo guión que en el caso de otra de las grandes plataformas de comida a domicilio, Deliveroo, la plataforma RidersXDerechos y el sindicato IAC han instado a la inspección de trabajo a que investigue el modelo laboral de Glovo para determinar si los actuales 'riders' están "colaborando", en terminología de la compañía, con Glovo o están trabajando para Glovo.

Antes de esta primera denuncia ante Inspección de Trabajo, el abogado del Col·lectiu Ronda Natxo Parra, quién también está llevando el caso de los extrabajadores de Deliveroo, ha afirmado que a principios de julio un antiguo trabajador de Glovo interpuso una demanda contra la empresa por despido. Los tribunales, todavía sin fecha de juicio y con una mediación programada para el 25 de julio, deberán pronunciarse también sobre si, para que hubiera una posible readmisión, exisitía relación laboral previa. Una línea de actuación idéntica a la que siguieron en el caso de Deliveroo.

Glovo se defiende

Ante la denuncia presentada por RidersXDerechos, Glovo ha emitido un comunicado en el que reafirma su "convencimiento de que la relación que une a los repartidores se ajusta a la legalidad". La empresa ha insistido en la "total flexibilidad" y "plena autonomía" de sus repartidores, para justificar su condición de autónomos, así como que "los riders que se manifiestan no representan a la mayoría de las personas que colaboran con la plataforma". 

326 falsos autónomos en Zaragoza

La denuncia de este jueves en Barcelona llega precedida por un fallo de la Inspección de Trabajo en Zaragoza, hecha pública a principios de semana, que dictaminaba que entre 326 repartidores de Glovo en la capital aragonesa y la empresa imperaba una relación propia de asalariados. El organismo le reclama a la compañía barcelonesa 379.963,09 euros por el pago de las cotizaciones sociales atrasadas de estos 'riders' durante ocho meses que duró la investigación, desde julio del 2017 hasta marzo del 2018, incluido un recargo del 20% por la demora. 

En Barcelona ya hubo un fallo similar de la Inspección de Trabajo en el caso de Deliveroo, empresa que comparte muchos procederes laborales comunes con Glovo, que impuso una multa de 1,3 millones de euros a la empresa por considerar que empleaba a falsos autónomos.