La jueza archiva el caso Tersa por presunta contaminación en la incineradora del Besòs

El juzgado de instrucción número 5 de Badalona ha archivado la causa contra la incineradora de Tersa, situada en Sant Adrià de Besòs, que investiga un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por supuesta contaminación nociva en torno a la planta de titularidad pública que quema la basura del área metropolitana, 342.827 toneladas de desechos en 2023. El expresidente de Tersa, diputado por Sumar en el Congreso y candidato de Comuns Sumar por Girona, Eloi Badia, y el jefe de explotación de la fábrica, F. R., figuraban como investigados. Tras conocer la decisión de la instructora, la organización denunciante, la coordinadora vecinal Airenet, ha expresado que recurrirá para que el caso se reabra.  

La jueza ha concluido que “resulta obvio que no se ha producido ningún riesgo grave para el medio ambiente o la salud de las personas”, según figura en un auto fechado el 2 de mayo y al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso. "No se ha constatado que la mercantil Tersa haya incurrido en ninguna conducta penalmente ilícita", abunda, y remata: "No se ha podido acreditar que las emisiones superan los límites legales". La resolución judicial que exime de delito a la empresa participada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana choca con el último informe de la Guardia Civil, entregado al juzgado en enero.

La unidad de medio ambiente del cuerpo, el Seprona, detectó “temperaturas de trabajo anormales para la incineración de residuos” en la central, con lo que alertó de que “no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes como las dioxinas y los furanos”, ambos cancerígenos. Los agentes ratificaron ante la instructora que no superar el límite de temperatura para evitar la dispersión de ambas sustancias tóxicas puede implicar una amenaza para la salud.

Los científicos se reafirman

No obstante, la magistrada rebate en su escrito al Seprona y la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que interpuso la denuncia contra cargos de Tersa en marzo de 2022. El auto de archivo sostiene que los agentes se basaron en una “hipótesis errónea” al interpretar los datos de temperatura.

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Asimismo, esgrime que “no existe ni un solo informe que haya permitido constatar que las dioxinas y furanos que se liberan en el proceso de combustión superan el umbral previsto legalmente”. La investigación judicial se originó a raíz de unos análisis del grupo de investigación de toxicología de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que apreciaron altos niveles de dioxinas y furanos en las inmediaciones de la central. Los científicos de la universidad avisaron de que, a causa de las partículas tóxicas propagadas, se estimaba que el riesgo de contraer cáncer en Sant Adrià era "entre tres y cuatro veces superior" que en las proximidades de fábricas similares, según recogió la Guardia Civil en un atestado que aportó a la Fiscalía.

Los investigadores de la URV -encabezados por el catedrático emérito de Toxicología, José Luis Domingo- se reafirman en sus conclusiones. Precisamente, el equipo de la universidad ha publicado esta semana un artículo sobre los estudios elaborados sobre la presencia de dioxinas en Sant Adrià entre 1998 y 2017. El trabajo postula que "la incineradora de Sant Adrià podría haber tenido un impacto negativo en el medio ambiente y potencialmente también en la salud pública, siendo un ejemplo de posible gestión inapropiada durante años".

Dardo al fiscal y la Guardia Civil

La instructora de Badalona llega a plasmar en el auto sus críticas a las actuaciones del fiscal y la Guardia Civil. "Resulta a mi juicio llamativo que el Ministerio Fiscal, para el caso de haber constatado que la empresa pública Tersa está contraviniendo la normativa hasta el punto de estar incurriendo en conductas delictivas, no haya planteado en su caso dirigir la acción penal contra la administración", opina. Asimismo, considera que el último dictamen del Seprona "no alcanza el rigor necesario para consolidar un indicio sólido que permita afirmar que la mercantil Tersa no cumple con la normativa vigente".

El informe policial apuntaba a temperaturas "aberrantes" en las mediciones que la incineradora comunica a la Generalitat, en las que constaban valores disparatados como 9.900 grados o 801 grados bajo cero, imposibles en la Tierra. Los agentes apuntaron que esos registros "no se pueden justificar por medios físicos", pero la jueza despacha la advertencia del Seprona estimando que, a su parecer, es "una afirmación ambigua y carente de rigor".

La clave del algoritmo

Aparte, el juzgado avala el algoritmo utilizado por Tersa para medir la temperatura de combustión, una de las claves sobre las que la investigación ha pivotado. En ese sentido, dice que “permite verificar con garantías el cumplimiento” de la condición de alcanzar un mínimo de 850 grados centígrados durante al menos dos segundos para minimizar que se diseminen contaminantes.

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La magistrada recuerda que se impuso una multa de 20.000 euros a Tersa en 2017 al apreciarse que el gas no alcanzaba el nivel de calor necesario en la quema de basura, pero un juzgado la anuló al distinguir que no se requiere un umbral mínimo para la incineración sino para la alimentación del sistema. "El eje vertebrador sobre el que las acusaciones han venido interesando diligencias instructoras y en cuyos interrogatorios incidieron no resultaban ni siquiera una infracción administrativa", reprocha la instructora.

La Fiscalía y la Guardia Civil señalaron que la fórmula de cálculo para calibrar la temperatura no estaba homologada por la administración encargada del control de la planta, el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Por contra, la jueza replica que "la legislación vigente no exige que la administración supervise este algoritmo". Añade que la conselleria "ha venido validando" a Tersa "año tras año" y renovándole los permisos tras someter a la planta "a controles rigurosos y estrictos, en los que no se ha observado ningún incumplimiento grave".

Fiscalía estudia el auto

Tersa se ha felicitado por que el caso se archive, como había solicitado con reiteración en los últimos meses. Para la compañía, se confirma que ha operado “bajo el estricto cumplimiento de toda la normativa ambiental vigente”.

Por su parte, la presidenta de Airenet, Silvina Frucella, se ha declarado sorprendida con que se haya dictado el sobreseimiento provisional. "Vamos a seguir todo el camino que la Justicia nos provee para recurrir en todas las instancias que sean necesarias hasta que se revise esta decisión", ha manifestado Frucella, que ha acusado a la empresa de gestión de residuos de ocultar irregularidades: "De manera contundente, decimos que Tersa miente, Tersa ha mentido a la jueza, ha mentido a su ente de control, a todos los ciudadanos y nos ha puesto en riesgo, tal como lo demuestran y los afirman los informes que hemos presentado y el informe de la Guardia Civil".

Las pesquisas en torno a la incineradora comenzaron en 2018, a raíz de una denuncia que Airenet presentó a la Fiscalía. Tras las indagaciones del Seprona, el fiscal presentó la denuncia a la que ahora se da carpetazo. Al menos, por el momento. La Fiscalía estudiará el auto en profundidad antes de dirimir si recurre. El Ministerio Público y la acusación cuentan ahora con tres días para apelar en el juzgado de Badalona y luego con cinco días más para acudir al amparo de la Audiencia de Barcelona.