Tersa defiende el funcionamiento de la incineradora del Besòs y pide archivar la investigación del juzgado

La empresa pública Tersa ha defendido "el correcto funcionamiento" de la incineradora que quema más de 300.000 toneladas anuales de basura de Barcelona y su conurbación en Sant Adrià de Besòs y ha vuelto a reclamar este viernes que se archive la causa por la que un juzgado de Badalona investiga un supuesto exceso de emisiones contaminantes en la planta. La compañía -que es de titularidad compartida del Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana- ha alegado que se ajusta a la ley y a los límites de polución después de que la Guardia Civil sostuviera ante la jueza este jueves que los registros de datos de emisiones y temperaturas en la central son "incoherentes" y pueden implicar un "riesgo" para la salud, como apuntaron en un informe que entregaron a principios de 2024.

Tersa ya instó a que se diera carpetazo a la investigación tras el dictamen del Seprona, el cuerpo especializado en medio ambiente de la Guardia Civil. Explica que ahora vuelve a pedir el archivo alegando "el correcto cumplimiento normativo" de la instalación, que defiende que quedó acreditado en las declaraciones de este jueves. Para la firma, los testimonios de los agentes y las responsables del Departament d'Acció Climàtica -incluida la directora de Calidad Ambiental, Mireia Boya- aportaron "elementos de valor que ratifican el buen funcionamiento de la planta".

La empresa esgrime que "no se identifica ninguna contravención normativa que justifique la continuación del proceso", originado por una denuncia de la coordinadora vecinal Airenet en 2018 y trasladada al juzgado por una denuncia de la Fiscalía en 2022. Tersa sostiene que las declaraciones "han verificado de nuevo el cumplimiento de los valores límites de emisión y de calidad del aire del entorno". Subraya que se acredita así "la correcta operativa de la instalación".

Resultados en entredicho

Fuentes judiciales informan de que los dos miembros de la Guardia Civil ratificaron su informe en el juzgado pusieron en entredicho las temperaturas anotadas en los balances que se transmitían minuto a minuto en la Generalitat, al figurar niveles de más de 9.000 grados o varios cientos de grados bajo cero, descabellados según las leyes de la Física. También advirtieron que no es lógico que los umbrales de emisiones fueran similares en jornadas sin actividas con otras en que la incineradora estaba a pleno rendimiento.

Asimismo, los agentes relataron que encargados de Tersa les negaron poder consultar y copiar datos sobre la temperatura de combustión durante el registro de la planta, en mayo de 2023. Por su parte, la acusación ejercida por Airenet ve probado que la Generalitat no tiene capacidad suficiente para supervisar de inmediato los registros minuto a minuto que la incineradora envía, igual que otras factorías potencialmente contaminantes.

Análisis periciales

Tersa alude a análisis periciales de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, entre otros, que concluyen que la fábrica "no representa un riesgo ni para el medio ambiente ni para la salud del entorno". En cambio, el dictamen del Seprona -en el que participaron una doctora en Física y otra en Química- alertó que "no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes como las dioxinas y los furanos”, ambos cancerígenos. Añadía que, si no se supera el "umbral crítico" de temperatura de destrucción de estas sustancias implica, a su entender, un riesgo de emisión de residuos tóxicos.

La compañía destaca que ha renovado la autorización ambiental, concedida por la Generalitat. "Las administraciones competentes han certificado de nuevo el cumplimiento de Tersa con la normativa y los estándares establecidos por los órganos reguladores", blande. En paralelo, el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha presentado alegaciones al Plan Director Urbanístico Metropolitano, en que pide el cierre y el desmantelamiento de la central, al tiempo que sugiere que se busque otra ubicación donde trasladarla. Argumenta que la quema de basura es incompatible con la construcción de viviendas próximas y el crecimiento de población que experimenta la localidad pegada a Barcelona, que alberga la incineradora desde 1973.