Un juez imputa al concejal Eloi Badia de Barcelona por la incineradora del Besòs

Un juzgado de Badalona ha citado a declarar como imputado al concejal de emergencia climática del ayuntamiento de la capital catalana y presidente de la empresa pública Tersa, Eloi Badia Casas, por un delito ecológico por la presunta emisión de partículas contaminantes de la planta de tratamiento de residuos urbanos sita en la población de Sant Adrià del Besós, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. El concejal deberá comparecer ante el juez el próximo día 11 de abril, junto con el jefe de explotación de esta compañía, F. R. G., que también está siendo investigado.

Desde que la fiscalía presentó la denuncia, en marzo del año pasado, por el juzgado han pasado para prestar declaración una serie de testigos, entre ellos personal de la Generalitat. Al inicio de las pesquisas, el juez solicitó a la dirección general de Qualitat Ambiental de Generalitat datos de emisión de contaminantes a la atmosfera desde 2017, así como un informe técnico sobre un aspecto. Las fuentes consultadas aseguran que el Gobierno catalán renovó hace poco la licencia de la planta y, por lo tanto, se revisó si se cumplía o no la normativa. Ahora, con el resultado de estas indagaciones, el togado ha decidido citar a declarar a los investigados Eloi Badia y el jefe de la explotación de la compañía. Badía anunció el pasado mes de enero que no se presentará de nuevo a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

La denuncia de la fiscalía expone que Badia y el exjefe de explotación, como responsables máximos de Tersa, “habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente” una serie de prácticas “contrarias a la normativa ambiental” y que “podrían estar suponiendo un riesgo grave para las personas que viven en el entorno” de la planta y para el medio ambiente. La empresa que gestiona este centro de residuos está participada por Barcelona Serveis Municipals (BSM) y el Área Metropolitana de Barcelona. Las instalaciones entraron en funcionamiento en 1975. La Generalitat le concedió en 2007 autorización para quemar residuos sólidos hasta de tres toneladas la hora.

El control de la temperatura del horno

La fiscalía de Medio Ambiente sostiene que la empresa no estaría realizando el correcto control de la temperatura de los gases de combustión en la quema de residuos, que no debe bajar de los 850 grados durante los dos segundos, como mínimo. La planta estaría utilizando, en vez de una medida concreta, un cálculo basado en algoritmos. A raíz de esa falta de control, según la denuncia, se estaría produciendo la emisión de compuestos contaminantes con unas concentraciones superiores a las permitidas.

En las diligencias de investigación abiertas por la fiscalía se han incorporado los archivos de las temperaturas de cada uno de los tres hornos desde 2015 a 2019. De estos datos, se desprende que “en numerosas ocasiones las temperaturas de los hornos han sido inferiores a los 850 grados”, sin que se pueda constatar que se garantizaran los niveles de temperatura exigidos en la normativa. En el 2018, técnicos de la Generalitat realizaron durante varios días inspecciones y detectaron "diversas irregularidades".

La investigación en la fiscalía previa a la denuncia se inició en mayo de 2018 a raíz de la demanda presentada por los representantes de la coordinadora vecinal metropolitana AireNet, que aglutina a entidades de las localidades de Barcelona, Sant Adrià del Besòs y Badalona. La Generalitat anunció en el 2022 que había constatado que este municipio no supera los valores de contaminación de referencia legislados por la Unión Europea tras realizar una campaña de medición de la calidad del aire en el territorio, después de quejas de la plataforma vecinal.

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