La Generalitat prevé instalar un complejo de oficinas en el barrio de La Mina

La Generalitat de Catalunya ha anunciado este miércoles que instalará un “complejo administrativo” en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, a las puertas de Barcelona. El Govern enmarca la reforma en un proceso más amplio de regeneración de la zona, lastrada por la pobreza y la infravivienda enquistadas en algunas de sus calles y la estigmatización que eclipsa los esfuerzos de entidades y vecinos para que sea vista como un vecindario más de trabajadores del área metropolitana.

El Departament de Drets Socials ha informado de que tiene intención de trasladar una sede administrativa de la Generalitat y un servicio social especializado aún por definir a La Mina. Por el momento, no se han concretado fechas de cuándo podría abrir ni dónde exactamente se asentaría en el barrio. Para la conselleria, la sede de la Generalitat debe aportar “centralidad a La Mina” y augura que “diversificará” al barrio, aportando “más puestos de trabajo, generando dinamismo y fomentando la economía local”.

Al mismo tiempo, la conselleria ha revelado que se proyecta construir 250 viviendas de compra y a precio asequible en tres parcelas de la zona que son propiedad de la Generalitat. Ha señalado que el objetivo es "diversificar, renovar y rejuvenecer la composición social del barrio, dando oportunidades a la gente joven de diferentes niveles de renta".

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A su vez, se estudia emplazar un complejo de atención a la tercera edad en el antiguo ambulatorio, cerrado desde 2017, dotado de 50 a 70 pisos con servicios, 16 plazas calificadas como "unidades de convivencia de cuidados de larga duración" y un centro de día, entre otros servicios. También se quiere ubicar "un centro de referencia de las luchas olímpicas a nivel internacional". La Mina es todo un referente en lucha grecorromana desde hace décadas.

Expropiación, por fin

Los proyectos se insertan dentro de un paquete de ocho actuaciones para relanzar el llamado Plan de Transformación de La Mina, iniciado en el 2000. En buena medida, quedó empañado al encallar la operación para desalojar y derribar el bloque degradado de Venus, que condensa los problemas de miseria del rincón más humilde del barrio.

Precisamente, el Consorcio de La Mina -en que intervienen la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià- han aprobado de forma definitiva la expropiación del inmueble. El paso es inédito y necesario para deshabitar Venus y demolerlo en 2028, si no se producen nuevos retrasos.

El edificio suma 244 viviendas y Drets Socials estima que 105 familias tienen derecho a un realojo en otro hogar en calidad de propietarias, sin abonar la diferencia de valor del piso nuevo en caso de contar con los mismos metros cuadrados. La exigencia de que se sufragaran importes que llegaban a superar los 40.000 euros frustró la primera tentativa para vaciar el bloque hacia 2010.

La conselleria estima que, de no mediar un intercambio de metro por metro, cada vecino tendría que asumir ahora unos 90.000 euros por el canje, una cifra inasumible para las rentas de la mayoría de los afincados en el edificio. La Generalitat ha iniciado los trámites para levantar 70 viviendas en un solar situado entre Venus y la comisaría de los Mossos d'Esquadra.

El departament ha recordado que los afectados también tienen derecho a cobrar una indemnización si prefieren renunciar al traslado. El ingreso es de 97.450 euros para los dueños de viviendas de tres habitaciones y de 121.514 euros en el caso de los de cuatro. A su vez, ha reiterado que se ofrecerá un realojo social a quien no pruebe la titularidad del domicilio. Existen casos pendientes de resolver de familias que viven desde hace décadas en Venus pero que no escrituraron los pisos a su nombre por carecer de ingresos.  

Drets Socials ha asegurado que el Consorcio de La Mina “está en disposición de comenzar a pagar” las compensaciones por la expropiación a 31 familias que ya lo han reclamado. A su vez, sostiene que los realojos a 30 viviendas adquiridas para trasladar a afectados pueden empezar “de inmediato”. El conseller Carles Campuzano ha asegurado que las primeras mudanzas y los pagos de las indemnizaciones deben producirse este próximo verano.

La Generalitat vislumbra que se alce una escuela en el terreno que el bloque de Venus seguirá ocupando, al menos, cuatro años más. Drets Socials dice que, contando la población actual de La Mina y la que llegue para habitar nuevas viviendas, hay volumen para dotar con su segundo colegio al vecindario.

"Como muchas familias llevan actualmente a sus hijos fuera del barrio, no se percibe la necesidad, pero el objetivo es regenerar el barrio, recuperar la confianza y que las dos escuelas acaben siendo necesarias", postula el departamento. A la par, se proyecta una guardería "a medio plazo" -ahora no hay ninguna, cuando existían varias en los años 70 y 80, tras levantarse los bloques- y se remodelará el centro cívico de La Mina, una conquista de la lucha por la dignidad del barrio.

Pleitos pendientes

La Generalitat confió en que los desalojos en Venus comenzaran antes de Semana Santa, pero el retraso en la aprobación definitiva de la expropiación ha demorado los plazos. Los vecinos de Venus están a expensas de que se resuelva las alegaciones que interpusieron. La portavoz de los afectados, Paqui Jiménez, señala que, por ahora, desconocen las fechas para que empiecen los realojos y se ingresen las indemnizaciones. 

Casi un centenar de los residentes de Venus reclamaron ser reparados por los daños que aseguran haber sufrido por el deterioro que el bloque ha arrastrado mientras se ha pospuesto la operación que debe culminar con la demolición del inmueble. Cada una solicita unos 10.000 euros por cada año en que el plan se ha aplazado, lo que eleva la suma a unos 12,5 millones de euros en total.

Los vecinos dan fe de que el Consorcio de La Mina les emplaza a rubricar acuerdos para retirar las demandas a cambio del realojo o la compensación. "Van de cara: si quieres acogerte a la Ley Haus, no puedes hacer demanda", afirma Jiménez, que hace referencia a la norma que permite el canje entre pisos del mismo tamaño sin coste añadido. En los últimos meses, la Generalitat ha advertido que los litigios pueden alargar aún más la agonía de Venus.

El Govern admite un “daño moral causado a los reclamantes” por el mal estado del edificio pero, al mismo tiempo, esgrime que “la responsabilidad del mantenimiento y la conservación de cualquier edificio corresponde también a los vecinos”. En ese sentido, reconoce a los afectados el derecho de percibir unos 5.000 euros. Los demandantes juzgan que la cuantía es insuficiente.