Destierro, detenciones y antidisturbios: así se ha pacificado La Mina tras los tiroteos de los clanes

En el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, hay clanes familiares que los Mossos d’Esquadra consideran “organizaciones criminales”. El funcionamiento de estas estructuras, violento e intimidatorio, atormenta al resto de vecinos, casi 11.000 personas “humildes y trabajadoras” que no merecen sufrir la misma estigmatización que los delincuentes, defiende el jefe de la comisaría de Badalona, el intendente Alfons Sàrrias, en declaraciones a EL PERIÓDICO. Para mantener la paz social en ese lugar, encerrado entre el río Besòs y Barcelona, existe de forma permanente el dispositivo ‘Límites’. 

A raíz de un episodio con arma de fuego el 1 de abril y durante dos semanas, ese dispositivo ha estado activado en su fase de “máxima alerta”. Dos familias, la de los Lisardos y la de los Portugueses, se enfrentaron abriendo fuego al menos en tres ocasiones en calles de La Mina o en un parque límitrofe del barrio del Besòs i el Maresme, en Barcelona. Esta crisis de seguridad, que la policía catalana da por pacificada, se ha saldado con el destierro de al menos una familia, dos detenciones y el despliegue de antidisturbios para que no entraran más armas al barrio.  

Menor herida de bala

El 1 de abril, Lunes de Pascua, dos jóvenes de la familia de los Lisardos -uno de ellos, menor de edad- dispararon contra un local. Una de las balas perforó una persiana y alcanzó a una chica, también menor de edad, hija de un líder de los Portugueses, su clan rival y propietario del bar atacado. No resultó una herida mortal porque la bala se alojó en la pierna, pero sí se trató de una agresión que subía otro peldaño más en la escalada de tensión entre las dos familias.

“Antes se habían producido ya diversos episodios”, reconoce Sàrrias. Minutos antes del tiroteo, un encontronazo entre una mujer de los Lisardos y otra de los Portugueses desencadenó el choque en el Besòs, donde se prendió fuego a un local a raíz de la pelea. En todo caso, Sàrrias añade que los disparos contra el bar fueron el suceso “más grave”.

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La Unitat de Investigació de Badalona -en concreto, sus responsables de la lucha antidroga- y los agentes del grupo de homicidios de la Divisió de Investigació Criminal (DIC) de la región policial metropolitana norte iniciaron conjuntamente unas pesquisas para averiguar lo sucedido. En paralelo, se aumentó la presencia de agentes de seguridad ciudadana en La Mina. Procedían de las comisarías de Badalona, de Sant Adrià y del distrito de Sant Martí de Barcelona. 

Se instalaron asimismo controles con antidisturbios en los accesos al vecindario. El objetivo era que nadie pudiera entrar o salir con armas de fuego, cuchillos o droga, detalla Sàrrias. Precisamente, la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, reclamó más presencial policial, con despliegue incluido de la BRIMO y los ARRO, para "acabar con la sensación de impunidad". "No se trata de presencia cuantitativa sino cómo se gestiona, con qué recursos, dónde se pone y cuál es la acción que se lleva a cabo. Felicito la reacción, pero no comparto el modelo en términos generales", expresa Cañete a este medio.

A su vez, comenzó una negociación entre las principales “entidades de la comunidad gitana” para rebajar la tensión. En esa negociación, de la que estaban informados los Mossos e instituciones como el Ayuntamiento de Sant Adrià –que cuenta con un cargo de confianza vinculado a una de las familias afectadas–, se pactó un destierro de seis meses para tres personas: los dos jóvenes que habían disparado contra el bar de los Portugueses y el padre de ambos. Dos fuentes no oficiales añaden que la expulsión se amplió a los miembros de los Portugueses que iniciaron los altercados. 

Las detenciones

Que se alcanzara ese acuerdo interno entre las dos familias no extinguía la responsabilidad penal de lo ocurrido, zanja el intendente. La investigación por el disparo a la menor, bajo la tutela del juzgado de instrucción número 4 de Badalona, detectó que los tres no habían huido lejos: se alojaban en un domicilio de Sant Adrià de Besòs.

En la madrugada del 10 de abril, agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI) -la unidad táctica a la que se recurre cuando se sospecha que habrá armas de fuego- irrumpió en el domicilio de los desterrados, que se dieron a la fuga por los tejados. Pero los drones los captaron. 

“Teníamos drones que nos permitían seguir la operación desde arriba y observamos que intentaban huir”, explica Sàrrias. Los investigadores, a cargo del dispositivo, ordenaron que se los persiguiera también en el segundo domicilio en el que se colaron. Finalmente, fueron arrestados el padre y el hijo mayor, de 24 años. Sobre el padre pesaba una condena de 13 años de cárcel por disparar contra cuatro personas en el 2018 que aún no ha comenzado a cumplir. En el registro del domicilio, se hallaron más de 20.000 euros en efectivo y medio kilogramo de heroína. 

"No basta con la policía"

Tras las detenciones, los Mossos rebajaron el grado de alerta máxima en La Mina. Ahora se halla en fase de alerta. “Cuando hablamos de problemas sociales no basta con la policía”, como el acontecido recientemente en el barrio, que no es únicamente una cuestión de delincuencia o de seguridad, recuerda Sàrrias. “Los que deben implicarse son las instituciones como el ayuntamiento de Sant Adrià o la Generalitat, que me consta que llevan a cabo muchas acciones para intentar que todas estas personas que forman parte de la comunidad gitana puedan desarrollarse en las mejores condiciones”, afirma el intendente.

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A su vez, Sàrrias advierte que le preocupa "la criminalización" de La Mina, una inquietud siempre a flor de piel entre las entidades sociales del barrio. "Allí la mayor parte de la gente es fantástica, trabajadora, humilde... Pero hay clanes familiares que generan esa sensación -observa el mando policial-. Hay otra criminalización, contra la población gitana, cuando la mayor parte son excelentes personas y colaboran con la policía y la Justicia, porque quieren vivir en un espacio tranquilo para sus hijos. Pero es cierto que, dentro de la comunidad, algunas familias montan una estructura criminal y dan una imagen negativa". 

Cada vez que se desencadena un enfrentamiento entre los clanes, son muchos los menores que dejan de acudir a clase. “Fingir que no ocurre nada en este barrio es abandonar al resto de los vecinos, dejarlos en manos de los clanes”, lamenta una fuente policial implicada en el dispositivo que exige anonimato.

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