Tersa destina casi medio millón de fondos públicos en abogados para la causa por contaminación

La causa abierta por la supuesta dispersión de partículas contaminantes por encima de lo permitido en la incineradora Tersa implica la movilización de fondos públicos para que la compañía -propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana- se defienda de las acusaciones, expresadas primero por vecinos, amparadas luego por las actuaciones de la Fiscalía y la Guardia Civil. La planta situada en Sant Adrià de Besòs, la que más toneladas de basura quema en Catalunya, es objeto de investigación desde 2018 a raíz de una denuncia de la plataforma vecinal Airenet. Desde entonces, la empresa ha destinado casi medio millón de euros en los servicios de un mismo bufete de abogados, elegido sin concurrir a un procedimiento de contratación en que compitieran otros aspirantes.

Tersa ha comprometido al menos 488.496 euros (IVA incluido) para pagar los honorarios del bufete Uría Menéndez desde 2019. Se trata de uno de los despachos más importantes de España y representa a la firma pública desde que la Fiscalía empezó a escrutar en el caso, hace casi seis años. Las tres últimas contrataciones -firmadas año a año entre 2021 y 2023- suman un coste de 465.850 euros, todas adjudicadas mediante procedimientos negociados sin publicidad. Es decir, sin dar opción a que otros candidatos presentaran oferta.  

La causa abierta sobre la incineradora de Tersa explora en un presunto funcionamiento anómalo de la central para esclarecer si la emisión de polución pudo comprometer el medio ambiente y la salud, como sugiere un informe reciente del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona. El Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona investiga por un presunto delito ecológico al expresidente de Tersa y actual diputado de Sumar en el Congreso, Eloi Badia, y F. R. G., jefe de explotación de la planta.

Firma y directivos

Desde que la jueza abrió diligencias en 2022, la compañía titular de la incineradora ha rubricado dos contratos con Uría Menéndez. El de julio de 2022 se elevaba a 260.150 euros con IVA y el que se selló un año más tarde, a 145.200 euros. Ambos se prolongan por un máximo de cinco años y estiman unos honorarios de 200 euros por hora. 

Antes de esos dos más recientes, figuran un importe de 10.190,70 euros en el segundo trimestre de 2019 y otro de 12.455,30 euros en el cuarto trimestre del mismo año. Son también a favor de Uría Menéndez y en concepto de representación jurídica ante la “controversia por las emisiones atmosféricas” de la planta. Además, Tersa concedió un contrato negociado sin publicidad en 2021 por un año y por valor de 60.500 euros para que el mismo bufete le asistiera durante las indagaciones de la Fiscalía.  

Los contratos puntualizan que la empresa pública “no está obligada a agotar la totalidad del importe”, sino “únicamente aquello que sea efectivamente ejecutado”. El que se formalizó el último verano se cataloga como una “continuación” del firmado en 2022. La firma justifica que amplíe el gasto en defensa a los hechos que “han conducido a una dilatación de la fase de instrucción”. En ese sentido, destaca que se ordenase que la Guardia Civil registrara la planta y el error masivo en los datos de emisiones que la Generalitat envió al juzgado. 

La memoria justificativa de las últimas contrataciones de la compañía pronostica que, a resultas de esos acontecimientos, “se prevé un proceso más largo en el tiempo”. El mismo documento estipula que Uría Menéndez debe “defender los intereses de Tersa y sus directivos”, “definiendo una estrategia de defensa” y “articular en sede judicial la actividad probatoria necesaria acreditativa del estricto cumplimiento” de la normativa en la instalación. El fin es demostrar que “no comporta en absoluto un peligro grave para la salud”, postula.

“No admite demora”

Tersa alega en su documentación que Uría Menéndez le ha representado “desde el inicio” de las pesquisas sobre las presuntas irregularidades en la incineradora. Justifica así que contrate al bufete sin dar oportunidad a que otros abogados opositen por los mismos contratos públicos.

La empresa esgrime que “necesita disponer de un despacho con urgencia para tener una correcta defensa” y con “conocimiento de la materia”. Indica que el asunto “no admite demora”. Sostiene que abrirse a cambiar de letrados comportaría “un elevado riesgo para los intereses de Tersa y un elevado coste”.  

“Tersa no puede iniciar un procedimiento de contratación del asesor jurídico que pueda retrasarse varios meses”, esgrime la compañía. Argumenta que afronta unas circunstancias “extraordinarias”, por las que advierte que “existen razones para justificar que no se haya de acudir a los procedimientos ordinarios de contratación”. Añade que el litigio al que se enfrenta es “excepcional”, debido a “la trascendencia de la problemática suscitada y las consecuencias que se pueden derivar”. Recuerda que, en caso de condena, pueden desprenderse “responsabilidades patrimoniales y personales tanto para Tersa como para sus directivos”.

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