Okupaciones en la Bonanova de Barcelona: las claves para entender el conflicto

'La Ruina' y 'El Kubo' son dos fincas propiedad de la Sareb okupadas desde hace años –desde 2019 la primera y desde 2016 la segunda– en uno de las zonas altas de Barcelona.

En cuanto a 'El Kubo', ubicado en la C/Sant Joan de la Salle, 6, el desahucio previsto -tras una demanda por ocupantes ignorados a la que nadie se opuso- para el pasado 23 de marzo se suspendió al comprobar los cuerpos policiales que el lanzamiento "no podría realizarse con todas las garantías de seguridad y eficacia que son necesarias". Actualmente está pendiente de fijar nueva fecha de desahucio.

Por lo que respecta a 'La Ruïna', en la C/Sant Joan de la Salle, 2-4, todavía no hay prevista fecha de desahucio ya que el juzgado está tramitando el procedimiento después de que la demanda por ignorados ocupantes fuera contestada. En esta inmueble es donde la jueza ha desestimado unas medidas cautelares para proceder al desalojo.

Aunque las fincas no han generado problemas remarcables de convivencia estos años atrás, la proximidad de la batalla electoral por el Ayuntamiento de Barcelona del 28 de mayo ha convertido las ocupaciones en un tema central de la actualidad barcelonesa. Por una parte, candidatos de Vox, Ciudadanos y Valents se han acercado recientemente hasta La Bonanova para manifestarse frente a los okupas y pedir su desalojo. Las movilizaciones han sido más bien exiguas pero han logrado activar protestas antisistema en favor de los okupas que, a su vez, han motivado dispositivos de antidisturbios de los Mossos. 

El pasado 25 de abril, sin ir más lejos, una manifestación contra los okupas implicó momentos de gran tensión. Durante casi tres horas, vecinos y varios partidos (con diputada en el Parlament y alcaldable de Ciutadans por Barcelona, Anna Grau, como una de las caras visibles) protestaron en el corazón burgués de Barcelona, entre un importante despliegue de unidades antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, que mantuvieron cortado el tráfico en toda la zona.

De hecho, tanto Ciudatans como Vox y Valents pugnan por rentabilizar las protestas contra los okupas de la Bonanova, informa Carlota Camps.

"Tic-tac, ratitas". Con esas palabras Daniel Esteve, fundador de la empresa de desahucios extrajudiciales Desokupa, se dirigió a los habitantes de 'La Ruina' y 'El Kubo' para anunciarles a través de un vídeo divulgado en las redes sociales que "sí o sí" los va a desalojar este jueves 11 de mayo.

Desokupa es una empresa privada - investigada en el pasado por sus vínculos con la extrema derecha- que ofrece sus servicios a propietarios de domicilios ocupados que no esperan a la justicia. Habitualmente, lo que hace Esteve es arrancar acuerdos a los moradores –a los que visita acompañado de fornidos colaboradores–para que acepten abandonar la residencia a cambio de un precio.

En esta ocasión, sin embargo, Esteve dio marcha atrás y renunció a proceder al desalojo -contra el cual se habían pronunciado los Mossos- para, sin embargo, mantener activada la convocatoria de manifestación de este jueves 11 de mayo.

Ante la amenaza de Desokupa, los Mossos fueron taxativos: no permitirían que se llevara a cabo un desalojo, informó Guillem Sánchez. La policía catalana aseguró que trataría de impedir una intervención de Esteve en esas okupaciones porque, en "un estado de derecho", remarcaron, el único que puede ordenar un desalojo es "un juez" y los únicos que pueden ejecutar esa orden "son los cuerpos policiales".

Después del posicionamiento policial fue cuando Desokupa dio marcha atrás y renunció al desalojo, si bien no a la manifestación, que sigue en pie.

Por su parte, el Síndic de Greuges emitió un comunicado aludiendo a su "preocupación" por la situación de tensión que se está viviendo en el barrio de la Bonanova de Barcelona después de que Desokupa anunciara en redes sociales que desalojaría las fincas. El Síndic de Barcelona, David Bondia, apeló a "reestablecer la paz social en el barrio", criticando a Desokupa "generar crispación", "romper de manera no deseada la paz social" y "ocasionar un importante gasto público" por la intervención policial.

"Las consecuencias de la provocación irresponsable de este gasto público deberían ser imputables a las personas y actores que han atizado este conflicto de orden público [en referencia a Desokupa]", zanjó el Síndic.