Conflicto reavivado

La restauración de Barcelona acusa a Colau de "un acoso y ataque sin precedentes"

  • El Col·legi de la Advocacia insta al ayuntamiento a accionar las nuevas medidas en septiembre, y no en plenas vacaciones

Terrazas en la calle de Enric Granados, en el Eixample.

Terrazas en la calle de Enric Granados, en el Eixample. / Jordi Cotrina

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Patricia Castán
Patricia Castán

Periodista

Especialista en Economía local, comercio, turismo, vivienda, ocio, gastronomía y tendencias urbanas.

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La tregua alcanzada en los últimos años entre la restauración de Barcelona y el ayuntamiento se ha dinamitado en apenas unos días tras las medidas municipales anunciadas contra el ruido en el Eixample y Ciutat Vella. "Criminalizan a los restaurantes y las terrazas en lugar de abordar el incivismo y los botellones enquistados de madrugada", ha clamado el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, quien ha anunciado una guerra judicial "sin precedentes" en la ciudad. "La alcaldesa Colau ha decidido unilateralmente cargarse la paz, ha roto acuerdos sobre horarios que costó mucho construir", ha disparado.

Para el líder de la patronal local, se trata de un "acoso y ataque contra la restauración nunca visto". Una ofensiva que llega tras dos mandatos de altibajos en la relación entre uno de los sectores económicos más dinámicos de la ciudad y el consistorio. El primer mandato de los Comuns arrancó con continuos enfrentamientos por la ordenanza de terrazas, hasta que esta se suavizó con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, hasta firmar un pacto de horarios en 2018. Posteriormente, la pandemia favoreció un acercamiento cuando el gobierno de Colau y sus socios socialistas propició las llamadas terrazas covid, que consistían en ampliaciones o nuevas licencias y que iban a consolidarse en muchos de los casos, sobre todo si estaban sobre la calzada.

En poco tiempo, ese frágil equilibrio se ha ido rompiendo, al trascender que la mayoría de solicitudes para mantener dichos veladores están siendo denegados en distritos como Ciutat Vella. Y la gota que ha colmado el vaso en el sector han sido los anuncios consecutivos de medidas anti ruido que, entre otras, apuntan directas a las terrazas de distintas calles consideradas tensionadas donde se recortarán los horarios una hora (hasta las 23.00) y también los restaurantes tendrán que bajar la persiana una hora antes (2.00h).

Plenos derechos de los afectados

Pallarols explica a este diario que "los horarios son los más restrictivos de Catalunya y España", y el recorte anunciado "tendrá una respuesta política contundente y a la altura", además de abrir la puerta a una judicialización masiva. El ayuntamiento, mantiene, ha "provocado una crisis y abierto una guerra contra la restauración y contra la mayoría de los barceloneses", que son usuarios habituales del terraceo. Lo acusa de perseguir la actividad reglada, pero no actuar contra el incivismo y consumo de alcohol en la calle, que no guardan relación aquella, aduce.

Otro aspecto que preocupa mucho a los afectados es que la ofensiva se produzca en el mes de agosto: "Es muy grave, provoca una situación de indefensión". La patronal ha pedido al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAV) que inste al gobierno municipal a que no realice notificaciones en este habitual mes de éxodo estival "para no viciar estos procesos de nulidad por indefensión obvia que se produce al no poder acceder a abogados y técnicos cualificados durante las vacaciones.

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En este sentido, el colegio ha emitido esta tarde un comunicado donde manifiesta que aunque las notificaciones de las administraciones públicas en agosto son legítimas y legales, en la práctica implican que "el destinatario no pueda ejercer su derecho de defensa en plenas facultades". Por ello, algunas utilizan los denominados 'días de gracia' para ampliar los plazos. El ICAV considera estas herramienta "deseables" en términos jurídicos, con criterios de "racionalidad y proporcionalidad".

En calidad de observador de las decisiones de las administraciones, sugiere al consistorio los mecanismos mencionados y que permitirían a los afectados "el derecho a su plena defensa" en septiembre, y no ahora.