Barcelona afronta un inicio de curso marcado por los desahucios

Las noticias en relación al acceso a la vivienda se han encadenado este lunes, llegadas desde varios frentes y portando sendas dosis de cal y de arena. Por un lado el DOGC publicaba la batallada ley catalana de regulación de los alquileres (un balón de oxígeno para miles de inquilinos), mientras la PAH Barcelona entregaba en la Delegación del Gobierno una carta dirigida a Pedro Sánchez en la que exigía al autoproclamado gobierno más progresista de la historia una moratoria de todos los desahucios, después de que la semana pasada hubiera programados 82 de familias vulnerables solo en la capital catalana y para esta (semana 'corta' por la Mercè) haya programados otros 47 a fecha de ayer (la cifra va incrementado día a día). Sangría de la que las entidades llevaban meses advirtiendo, después de la tregua durante el estado de alarma y con el empeoramiento de la situación económica de las familias más vulnerables provocado por la crisis del covid. Y aún hubo una última noticia inmobiliaria para empezar la semana con algo más de optimismo (al menos para las clases populares). Los habitantes de Sant Bartomeu, 6, finca del Raval comprada hace algunos años por unos inversores y una de las trincheras de la resistencia vecinal en Ciutat Vella podrán quedarse en sus casas tras alcanzar un acuerdo con la propiedad con la mediación del ayuntamiento.

En marzo del 2017, cuando los vecinos de la finca empezaron a movilizarse tras las primeras no renovaciones de contrato después de que el edificio cambiara de manos en noviembre del año anterior, Flora Puig, la única renta antigua que quedaba en la comunidad, recordaba que cuando se instaló en la vivienda, unos bajos en el seis de la calle de Sant Bartomeu, el lugar era una trapería. "La arreglamos para hacerla vivienda", recordaba Flora, nacida en la calle de L'Hospital y criada en un colegio de la Riereta, "encima de una fábrica de sopas". "Mis vecinos son mi familia. Llevo la medalla [de la teleasistencia] y mi vecino tiene la llave de mi casa, por si me pasa algo. Si los echan, no se qué va a ser de mí", proseguía la mujer. Este lunes, ayuntamiento y Sindicat d'Habitatge del Raval -plataforma vecinal que ha arropado a los vecinos durante el largo proceso- anunciaban un acuerdo que parecía imposible.

El pacto al que no fue nada fácil llegar, se suma a los logrados con la misma técnica -resistencia y movilización por parte de los vecinos y los movimientos sociales y mediación por parte del ayuntamiento- en Hospital, 99 y en la de Espalter, 6. En este caso, de las 12 viviendas que conforman el inmueble, seis seguirán habitadas por los vecinos que vivían hasta ahora (cinco con contratos de siete años y la renta antigua de Flora, que por supuesto sigue blindada).  De los otros seis pisos, cuatro quedarán vacíos para que la propiedad los alquile y otros dos, okupados por el Sindicat d'Habitatge durante la resistencia, son cedidos por la propiedad al ayuntamiento para incorporarlos a la bolsa de alquiler social. "Esos dos pisos ganados son muy importantes. No solo se protege a seis unidades de convivencia, que no serán expulsadas de su hogar, sino que hagamos dos pisos en el barrio, muy necesarios para la bolsa de alquiler", subraya el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa. En el edificio viven actualmente 13 adultos y tres menores.

Aunque el Sindicat d'Habitatge habla de una "gran victoria", se muestra muy crítico por las ayudas que el ayuntamiento ofrece a la propiedad en el acuerdo (la diferencia entre el precios que las familias puedan pagar y el precio que finalmente cobrará la propiedad la pondrá el ayuntamiento). 

El bloque fue noticia en octubre del 2019 por las cargas policiales en la Rambla del Raval tras las protestas vecinales por el desalojo de una mujer y sus dos hijas, de 1 y 6 años (el único de los varios programados en el edificio durante estos años que la presión popular no logró detener). Las imágenes de esas cargas policiales desencadenaron una pelea política entre el entonces 'conseller' de Interior y la alcaldesa y son muy parecidas a las vividas la semana pasada durante el desalojo de un piso propiedad de Oleguer Pujol en el Carmel.

Las demandas de la PAH

La PAH lleva pidiendo una moratoria de desahucios desde los inicios del gobierno de Sánchez. "Logramos una ampliación con ciertas mejoras en la moratoria de las ejecuciones hipotecarias y el compromiso de llevar a cabo una moratoria para los desahucios de alquiler, ya que el impago de las rentas ante los elevados precios, es a día de hoy la causa del 70% de los desahucios que se producen; una moratoria inexistente a día de hoy", denunciaban este lunes durante la entrega de la carta dirigida al presidente, en la que le recuerdan que pese a que desde el inicio de la pandemia se han adoptado diferentes medidas de protección en materia de vivienda de importante calado, estas se han demostrado "claramente insuficientes en cuanto a la población a proteger, dado que únicamente protegen las situaciones de vulnerabilidad derivadas de la propia pandemia, dejando a la intemperie las anteriores situaciones, en clara discriminación".

En paralelo a la moratoria universal de los desahucios, la PAH pide a Sánchez en la misma misiva que adopten "las medidas necesarias para la presentación ante el Congreso de los Diputados, lo antes posible, de un proyecto de Ley Estatal de Vivienda que garantice el derecho a la vivienda, de forma que esta pueda estar aprobada antes del fin de la moratoria de desahucios". Y desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca recuerdan otras cifrasDurante el primer trimestre de 2020, o lo que es lo mismo, los primeros 100 días del nuevo Gobierno, en España se produjeron 9.659 desahucios.

Los frutos de la mediación

La concejala de Vivienda del consistorio barcelonés, Lucía Martín -una de las fundadoras de la PAH junto a la alcaldesa- puso sobre la mesa las cifras de la semana pasada. De los 82 desahucios de familias vulnerables programados -aquí no cuentan otros desahucios, de narcopisos, etcétera- la concejala ha asegurado que los servicios de mediación municipales tenían noticia previa de 76, de los cuales el 45% pudieron pararse antes de la fecha anunciada. En el otro 55% hubo que ir a la puerta, donde finalmente 10 no pudieron llegar a pararse ni con mediación ni con la resistencia vecinal. Martín sacó pecho del trabajo hecho por el servicio de mediación impulsado por los comunes y aseguró que desde el 2015 han intervenido en 10.000 casos.

Martín señaló también que de los 2.000 desahucios anuales en Barcelona, en el 56% de los casos hay menores afectados, criticó las cargas policiales vistas la semana pasada y se sumó a las demandas de la PAH de ampliar la moratoria a los desahucios tanto en supuestos como en tiempo (ésta termina el próximo 2 de octubre).