Los dos modelos de ciudad a los que se enfrenta Barcelona

En menos de dos semanas, Barcelona tendrá un nuevo alcalde, o la misma alcaldesa. El 15 de junio tendrá lugar el pleno de constitución del ayuntamiento. Con el nuevo alcalde, o la misma alcaldesa, llegará un nuevo gobierno. Una posibilidad es la de que ERC opte por echar a andar sola, con la complejidad que supone tener 10 concejales, sudando más sangre o un poco más que el gobierno del mandato anterior con 11.

Pero si el gobierno es de pacto, como sugiere la aritmética, las posibilidades que parecen más probables son la de un gobierno de ERC con BComú o uno de BComú con el PSC, con el apoyo de Manuel Valls mediante. Y eso es así porque un tripartito formado por ERC, BComú y JxCat, que plantea Ernest Maragall, o uno de ERC con BComú y el PSC, que plantea Ada Colau, cuentan con el veto de los ‘comuns’ a los posconvergentes, y viceversa, y el de los republicanos a los socialistas, y viceversa. Así las cosas, vale la pena constatar cómo se entenderían republicanos y ‘comuns’ y ‘comuns' y socialistas en función de proyectos concretos, al margen de que el acalde fuera Maragall, Colau, Jaume Collboni o  Joan Subirats, por citar todas las propuestas que se han escuchado.

Vaya por delante que en las dos hipótesis se prevé una coincidencia considerable en muchos de los temas centrales de ciudad. No en vano los tres partidos fueron socios de votación –y el PSC de gobierno- en aspectos relevantes durante una buena parte del anterior mandato.

El tranvía

Sintonía a falta de todas las concreciones

La conexión del tranvía es una de esas cuestiones relevantes que fue objeto de debate durante los últimos cuatro años sin acabar de cuajar. En teoría, un gobierno de ERC con BComú lo aprobaría sin dilaciones: el propio Ernest Maragall se encargó de propiciar una votación simbólica a favor del proyecto, en enero pasado –a sólo cuatro meses de las municipales- que abogaba por que se materialice pero sin fecha ni concreción alguna. Una posición que difirió de la que defendía el anterior presidente del grupo de ERC, Alfred Bosch, que reclamaba un informe detallado del beneficio privado que podría suponer la conexión por la Diagonal.

Pero tampoco se puede concluir que si el gobierno es del PSC y de BComú la conexión peligre más o menos. Porque los socialistas, como ERC y los ‘comuns’, también la apoyaron en la votación simbólica, si bien denunciando que no comprometía a nada.

La regulación hotelera

Un modelo compartido con matices

Los tres grupos también votaron juntos a favor del plan especial urbanístico de alojamiento turístico (PEUAT), por el que se reguló el turismo, vetando la aparición de nuevos hoteles en el centro. Fue en enero del 2017, y el apoyo de ERC fue el que más costó. Los republicanos reclamaron redoblar los esfuerzos en la inspección de pisos turísticos ilegales y al final dieron su sí. El PSC era entonces socio de gobierno de Colau, y por lo tanto votó a favor de forma automática.

Existen ciertos matices entre los tres partidos, los socialistas se han mostrado más partidarios de revisar el plan y flexibilizarlo si es necesario, pero ni republicanos ni ‘comuns’ se han cerrado a esa revisión. En suma, tanto en el caso de un gobierno ERC-‘comuns’ como en el de uno entre el PSC y BComú el PEUAT se mantendría.

Plan de vivienda

Rectificación en ambos casos

En el mismo pleno de enero del 2017 en el que se aprobó el PEUAT, se dio también luz verde al plan de vivienda de Colau. Por lo tanto, el PSC votó a favor como socio del gobierno. No así ERC, que se mostró crítico con la medida y votó en contra. Pero tanto socialistas como republicanos se han mostrado críticos con la gestión de Colau en vivienda.

Los socialistas instan a movilizar solares de propiedad municipal de forma inmediata y acusan a Barcelona en Comú de haberse quedado cortos por detener la maquinaria ya existente. Los republicanos han chocado con la alcaldesa por la limitación de alquileres, recién aprobada por el Govern, en plena campaña electoral, y claramente a instancias de ERC. Tampoco existió una sintonía clara sobre la imposición del 30% de vivienda pública a todas las promociones, que socialistas y republicanos apoyaron a regañadientes.

En suma, tanto si la alianza de gobierno uniera a socialistas y ‘comuns’ o a republicanos y ‘comuns’ la gestión de la vivienda sufriría algún viraje, aunque la eliminación del 30%, por ejemplo, no parece sencilla a estas alturas. ¿Cómo explicarla a la ciudadanía y sobre todo a las entidades que la han jaleado?

Funeraria pública

Desavenencias políticas más que técnicas

¿Por qué no se aprobó la funeraria pública en el anterior mandato? No quedó muy claro. Más que por lo alejado de las posturas fue por la guerra política de egos entre los tres partidos. ERC estaba dispuesta a sacar el tema adelante y demostró empeño en el asunto hasta el punto de ofrecer una medida provisional que rebajara la tarifa de un entierro, con los servicios básicos, a unos 1.800 euros.

Pero la medida nunca salió adelante, porque el gobierno argumentó que para ello requería el apoyo del PSC para crear una nueva empresa y los socialistas se negaron por considerar que el gobierno incurría en el postureo. Para entonces, el PSC ya no era socio de gobierno y no hubo manera. Si ERC gobierna con Barcelona en Comú, todo indica que la fórmula barata podría entrar en vigor sin dilación.

Si el pacto fuera PSC-‘comuns’ también parece viable que salga adelante una medida para abaratar los entierros, aunque los socialistas quizá reclamarían cambios en el proyecto de Colau, del que, entre otras críticas, vertieron la de que amenazaba puestos de trabajo en las empresas privadas del sector.

La seguridad

Más agentes, mayor efectividad

La inseguridad ha sido señalada por los barceloneses como el principal problema de la ciudad, y ha sido motivo de críticas de la oposición a Colau, que replica acusando a la Generalitat de abandonar a Barcelona en esta cuestión. Collboni se ha comprometido a lograr 400 mossos más para la ciudad y sumar 1.000 agentes a la Guardia Urbana, con Albert Batlle como experto en la cuestión. Maragall se ha propuesto lograr 500 mossos más. Y los dos han criticado que no hubiera concejal de Seguridad.

Municipalización del agua

Entre el apoyo y las reservas

Después de que Agbar gestionara el servicio en el área metropolitana durante más de un siglo sin mediar concurso público, la AMB creó en el 2012, con Xavier Trias como alcalde, y gracias a un acuerdo entre CiU y el PSC, una sociedad público-privada: un 75% correspondió a Agbar, un 10% a Criteria (La Caixa) y el 15% restante a la propia AMB. Lo hizo, también, sin abrir concurso, lo que dio pie a recursos de Acciona, Aqualia y Aguas de Valencia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anuló la sociedad con una sentencia que contó con un voto particular contrario del presidente del tribunal y que fue recurrida, a su vez, por Agbar. La decisión definitiva corresponde al Tribunal Supremo, y en principio no debería tardar en llegar.

Ante este escenario, el gobierno de Colau anunció en noviembre del 2016 su intención de caminar hacia la municipalización del agua, calculó que eso supondría un ahorro para el ciudadano y minimizó el gasto que la operación podría suponer en indemnizaciones. ERC se mostró a favor de la iniciativa. El PSC, entonces socio del gobierno de Colau, no levantó la voz, pero como ‘padre’ de la empresa cuestionada junto con CiU parece lógico que no vea tan clara la municipalización, si bien sectores del partido están más cerca que lejos de la medida. De entrada, se diría que la municipalización parece más sencilla en un pacto de ERC con BComú.

Plan de barrios

Una gestión de la que el PSC abomina

En el caso de que el PSC gobernara con BComú, no hay duda de que cuestionaría el plan de barrios que impulsó Colau, con 150 millones de euros de presupuesto para todo el mandato. A principios del 2019, los socialistas criticaron con severidad el plan, y advirtieron de que sólo se había completado el 6% de las inversiones. BComú replicó que el plan había sido ejecutado en un 67%. Está claro que si socialistas y ‘comuns’ vuelven a gobernar juntos, el plan será objeto de un duro debate. Pero también ERC se mostró crítica con la iniciativa, de la que de entrada cuestionó la inversión, por escasa.

El frente simbólico

Lazos amarillos, calles rebautizadas

Es probablemente el caso en el que se adivinan dos desarrollos más distintos en caso de que hubiera un gobierno ERC-BComú o uno BComú-PSC. Es de prever que si los socialistas pactan con los de Colau, sea ella o no la alcaldesa, impongan la retirada de símbolos y actos simbólicos, entre otros aspectos. En cambio, si ERC está en el gobierno el combate simbólico del independentismo será una de sus banderas. Es más que probable que los de Colau acabasen siendo muy criticados en cualquiera de los dos escenarios.